Ley de tierras: la oposición pide una sesión especial tras el fallo de la Corte

La resolución de la Corte Suprema de Justicia que restableció la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogaba la ley de tierras, generó un cimbronazo político que tomó por sorpresa incluso al gobierno. Ahora, la oposición busca aprovechar el revuelo que generó la liberación total de la venta de tierras a extranjeros para volver a la carga con la derogación del megadecreto que desreguló amplios sectores de la economía al inicio de la gestión de Javier Milei.

El DNU 70 ya fue rechazado por el Senado el 14 de marzo de 2024, pero la oposición nunca logró un consenso suficientemente amplio para darle el golpe de gracia en la Cámara de Diputados. Como nunca fue convocada una sesión para tratar el tema, la posibilidad quedó abierta.

En ese momento, los bloques dialoguistas y los gobernadores jugaron en sintonía con la Casa Rosada para evitar la derogación. Uno de los principales argumentos era que había que darle al gobierno “las herramientas necesarias” para llevar adelante su plan de gestión y, además, el decreto derogaba, entre otros puntos, leyes cuestionadas como la de alquileres.

Rechazo opositor

Ahora, en Unión por la Patria (UP), la Coalición Cívica (CC), el Frente de Izquierda y sectores de Provincias Unidas (PU) buscarán capitalizar la trascendencia pública que alcanzó el rechazo a la venta ilimitada de tierras a extranjeros y la derrota que sufrió el oficialismo en el Senado (tuvo que quitar el capítulo entero del paquete de inviolabilidad de la propiedad privada) para derogar todo el DNU 70.

El megadecreto eliminaba una amplia gama de regulaciones sobre el comercio, el transporte, el mercado laboral, el sector de salud y el sector inmobiliario, entre otros.

Por ejemplo, eliminaba las leyes de abastecimiento, góndolas, compre nacional y de alquileres, liberaba las tasas bancarias y los precios de las prepagas y desregulaba el mercado aéreos y la venta de tierras.

Justamente por la cantidad de sectores afectados, en el oficialismo advierten que la derogación total del DNU 70 generará un caos administrativo y procesal.

En ese sentido, ya trabajan en diferentes estrategias para bloquear la arremetida opositora. Según dejaron trascender, una posibilidad sería volver a incluir un capítulo de tierras en la ley de propiedad privada que tuvo media sanción del Senado y ahora deberá discutirse en Diputados.

De ese modo, le darán una salida a los gobernadores aliados y los bloques dialoguistas para sentar posición sobre la venta de tierras a extranjeros sin tener que avanzar contra el DNU 70. Otra posibilidad similar sería incluir un nuevo capítulo en la ley de defensa de la soberanía, que empezó a tratarse este miércoles en comisión.

Por su parte, la oposición evalúa convocar a una sesión el 7 o el 14 de octubre próximos. Muchos consideran que es vital aprovechar el shock político que generó el fallo de la Corte, pero otros advierten que la semana entrante podría haber algunas ausencias clave ya que muchos viajarán a Brasil por las elecciones presidenciales.

“Hoy, gracias a la Corte de Milei, la tierra de las y los argentinos puede ser vendida sin límite a los extranjeros. Los objetivos son claros: pueblo en las calles y rechazo pleno del DNU 70”, planteó Germán Martínez, jefe del bloque Unión por la Patria.

En esa línea, Martín Lousteau dijo: “En agosto, la movilización social y el rechazo político frenaron en el Senado el proyecto que buscaba poner límites a la compra de tierras por parte de extranjeros. Pero la Corte volvió a dejar vigente el artículo 154 del DNU 70/2023, que habilita la compra de tierras sin los límites que la Cámara alta buscó establecer. En 2024 voté en el Senado contra el DNU 70/2023 porque es inconstitucional. Lo sigue siendo. Ahora, en Diputados tenemos la oportunidad de revertirlo”.

“El DNU que contiene la derogación de la prohibición de límites de compra de tierras a extranjeros es de nulidad absoluta y debe ser rechazado inmediatamente por ambas Cámaras. Habiéndolo hecho el Senado, debe ser tratado de manera urgente por Diputados. De no hacerlo, la Cámara baja es cómplice del Poder Ejecutivo”, coincidió Elisa Carrió.