Querellantes se presentaron en Tribunales Federales de Rosario por hechos ocurridos en San Nicolás en dictadura.
Los testigos declaran en los Tribunales Federales de Rosario.
Este martes al mediodía comenzó en los Tribunales Federales de Rosario la ronda de testimonios de querellantes de la causa Saint Amant IV, la cuarta edición del juicio por crímenes de lesa humanidad ocurridos en San Nicolás durante la última dictadura militar.
En esta primera audiencia, desarrollada este mediodía en los Tribunales Federales de Rosario, prestaron declaración María Mayer, su sobrino Francisco Mayer y sus hijos: Jorge, Carlos, José y Alejandra Berg, por hechos sucedieron en San Nicolás durante la última dictadura militar. El Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario está conformado por los jueces Román Lanzón, Eduardo Rodríguez Da Crus y Elena Beatriz Dilario.
Las declaraciones se realizaron en el inmueble de Oroño al 900, pese a que la Comisión Provincial por la Memoria de Buenos Aires había solicitado que las audiencias se realicen en las localidades donde sucedieron los hechos, en este caso en San Nicolás.
A fines de marzo, en una audiencia realizada en Rosario, se dio lectura a los cargos que presentó la querella por delitos cometidos durante la última dictadura contra 74 víctimas en la jurisdicción del Área Militar 132, que abarcaba el noroeste de la provincia de Buenos Aires, incluyendo las localidades de San Nicolás, Baradero, San Pedro, Ramallo y Pergamino.
En total son doce los acusados en la causa, entre ellos exmilitares y exagentes de las policías federal y provincial por delitos de secuestros, torturas y asesinatos. Ellos son Antonio Bossie, Guillermo Piccione, Bernardo Landa, Omar Andrada, Hugo Bellet, Adrián Meisner, Gregorio Mancilla, Enabel Cappa, Miguel Ángel Amarillo, Oscar Parodi, Raúl Calabresi y Carlos Biglieri.
La megacausa lleva el nombre del excoronel Manuel Fernando Saint Amant, quien en la dictadura estuvo al mando del Área Militar 132. Saint Amant falleció en marzo de 2016 en el penal de Ezeiza, cuando cumplía una condena de prisión perpetua impuesta en 2012. Desde esa fecha 16 represores ya fueron condenados en la causa.
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