La postulación del "Gordo Mortero" detonó rechazos y aclaraciones legales

La inclusión en la oferta electoral santafesina para el Senado nacional del militante de izquierda Sebastián Romero, el rosarino conocido como el Gordo Mortero por su participación en los incidentes registrados en las afueras del Congreso en diciembre de 2017, detonó previsibles reacciones adversas, pero también aclaraciones legales. Es que, al igual que lo ocurrido en su momento con los procesados Cristina Kirchner o Mauricio Macri, el referente del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (que se define como “el único candidato preso político que hay en la Argentina”) no tiene impedimentos legales para participar de las Paso del 12 de septiembre próximo.

Romero cumple prisión domiciliaria en Buenos Aires tras haber sido extraditado en 2020 desde Uruguay, donde pasó dos años y medio prófugo, e integra la lista del PSTU, dentro de la interna del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT). Ocupa el último lugar de la nómina de suplentes por una banca en el Senado nacional. Todavía no recibió condena ni le fijaron fecha de juicio.

“En este caso, Romero puede ir como precandidato, no hay ningún inconveniente. Es una hipótesis de libro que siempre se plantea: la del fuero liberador. Un preso sin sentencia, en caso de resultar electo, deja el confinamiento. Salvo que la Cámara luego vuelva a ordenar la detención”, indicó a La Capital el constitucionalista Domingo Rondina.

Acerca de la precandidatura del dirigente del PSTU, el letrado sostuvo: “Luce más comprensible, porque se visualiza un delito ligado a la política. Pero también nos podemos encontrar frente a una persona que cometió un delito común y resulta electa. Lo que no es tan frecuente es la participación de un postulante en condición de preso”.

De hecho, el constitucionalista recordó que, en 2019, Cristina fue candidata a vicepresidenta del Frente de Todos (FdT) procesada —en 13 causas—, mientras que Macri resultó electo jefe del Estado, en 2015, encartado en un expediente por escuchas ilegales.

“Tampoco nos acordamos que, en 1973, cuando Juan Domingo Perón vuelve al país, gana las elecciones Héctor Cámpora y liberan a todos los presos del peronismo que eran candidatos desde la cárcel, en su mayoría por delitos comunes ligados a la política”, completó Rondina.

“En la actualidad soy el único candidato preso político que hay en la Argentina” “En la actualidad soy el único candidato preso político que hay en la Argentina”

Romero, en tanto, fundamentó su rol electoral. “En la actualidad soy el único candidato preso político que hay en la Argentina”, dijo el militante y otrora delegado en la planta Alvear (cercana a Rosario) de la automotriz General Motors, uno de los emblemas de los incidentes que se produjeron a fines de 2017 en las inmediaciones del Congreso, mientras se debatía la reforma previsional, que fue finalmente aprobada.

Al tiempo que portaba un palo para sostener un tres tiros (artículo de pirotecnia) y lo apuntaba hacia los policías, Romero fue retratado —su imagen recorrió el mundo— y se hizo popularmente conocido como el Gordo Mortero.

“Todos fuimos perseguidos por el gobierno anterior, que nos empobreció y dejó sin trabajo, pero la actual administración (por la de Alberto Fernández) no está siendo distinta y hasta sigue teniendo presos a compañeros mismos de sus organizaciones (por Milagro Sala y Luis D’Elía)”, afirmó Romero, en declaraciones a LT8.

Luego enfatizó: “Hoy cambié un poco mi aspecto. En ese momento fui demonizado por los medios de comunicación hegemónicos como el Gordo Mortero y ahora pongo ese apodo al servicio de la lucha”.

Ecos

Sin embargo, la precandidatura de Romero fue imán de rechazos. Vía Twitter, el diputado nacional Luis Petri (radical en Juntos por el Cambio, JxC) aseguró que “el Gordo Mortero, que disparó contra la policía cuando se trataba la reforma previsional y estuvo prófugo, dice que es un preso político y busca ser senador”.

“¡Vergüenza! No eran abuelitos, fue un atropello institucional seguido por el ajuste que este gobierno hizo a los jubilados”, completó el legislador, mientras que su par de interbloque Fernando Iglesias tuiteó: “La locura es total”.

Tras los incidentes de 2017, Romero fue buscado por la Justicia y se escapó. Estuvo dos años y medio prófugo, hasta que lo capturaron en Uruguay —cerca de la frontera con Brasil— y fue extraditado.