La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia de primera instancia en el juicio por la expropiación de YPF y la Argentina evitó así el pago de más de US$16.100 millones. El tribunal también confirmó que la petrolera no tuvo responsabilidad en el proceso de estatización.
El fallo marca un giro central en el mayor litigio que enfrentó el país en el exterior y una de las demandas más grandes contra un Estado soberano en tribunales de Estados Unidos.
Los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson anularon la decisión de la jueza Loretta Preska, quien en 2023 había condenado al Estado argentino por incumplimiento del estatuto de YPF.
En su resolución, los magistrados afirmaron: "Revocamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de los demandantes en sus reclamos por incumplimiento de contrato contra la República, confirmamos la desestimación por parte del tribunal de distrito de los reclamos contra la República y YPF, confirmamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de YPF y devolvemos el caso para que se realicen los procedimientos ulteriores de conformidad con esta opinión”.
Además, el fallo sostuvo que "las demandas de los demandantes por daños por incumplimiento de contrato contra la República no son reconocibles bajo los códigos civiles de la Argentina ni bajo el derecho público que rige la expropiación".
El tribunal dispuso que la causa regrese a instancias inferiores para continuar el proceso bajo los nuevos criterios.
El origen del juicio
El conflicto se inició en 2015, tras la expropiación de YPF en 2012. Los fondos Petersen Energía, Petersen Inversora y Eton Park denunciaron que el Estado no respetó los derechos de los accionistas minoritarios.
En 2023, la jueza Preska falló contra la Argentina y fijó una indemnización superior a los US$16.100 millones más intereses. Consideró que el país violó el estatuto de la compañía, aunque eximió de responsabilidad a YPF.
Todas las partes apelaron. En octubre de 2025, la Cámara escuchó los argumentos en una audiencia clave en la que participaron los abogados del Estado, la petrolera y los fondos demandantes, entre ellos Burford.
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Reacciones del gobierno
El presidente Javier Milei celebró la decisión en sus redes sociales y afirmó: "La Cámara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia). Esto implica que la Argentina no debe pagar nada de los aproximadamente hoy USD 18.000 millones (un poco más de lo que fue el préstamo del FMI en 2024). Es histórico, impensado, el mayor logro jurídico de la historia nacional".
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Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo: "Innumerable cantidad de lobistas vinieron a buscar un settlement (acuerdo) y jamás les dimos cabida. Tremendo trabajo del equipo legal".
Desde la Oficina del Presidente, un comunicado indicó: "Corresponde recordar que las decisiones populistas e intervencionistas adoptadas durante el gobierno kirchnerista, con la participación directa del actual gobernador Axel Kicillof, expusieron al país a una contingencia judicial de magnitud extraordinaria”.
El texto oficial concluyó: "Este gobierno, en cambio, ha asumido la responsabilidad de ordenar, defender y resguardar los intereses nacionales, enfrentando este inmenso desafío con seriedad y resultados concretos. Hoy, la Argentina evita una de las mayores erogaciones potenciales de su historia gracias a un accionar profesional, estratégico y alineado con el interés público".