La Justicia de Bolivia dictó prisión preventiva por 180 días para el consultor político argentino Fernando Cerimedo, imputado por la presunta tentativa de femicidio contra la abogada Nadia Beller.
También amplió la investigación por intento de femicidio y presunto lavado. El consultor político argentino deberá cumplir 180 días de detención
Foto NA
Fernando Cerimedo fue detenido en Bolivia por una tentativa de femicidio.
La Justicia de Bolivia dictó prisión preventiva por 180 días para el consultor político argentino Fernando Cerimedo, imputado por la presunta tentativa de femicidio contra la abogada Nadia Beller.
La medida fue dispuesta tras una extensa audiencia cautelar en Santa Cruz de la Sierra, donde el juez Wilson Espada rechazó los planteos de la defensa y habilitó la incorporación de información extraída del teléfono del acusado. Cerimedo fue trasladado, esposado, al penal de Palmasola, uno de los complejos carcelarios más grandes de Bolivia.
La audiencia, que se extendió por más de seis horas, estuvo marcada por un fuerte operativo de seguridad. Cerimedo llegó al Palacio de Justicia con gorra y barbijo, acompañado por custodios policiales, en medio de una cobertura mediática intensa. La instancia había sido reprogramada luego de que una de las partes no asistiera en la fecha original.
Durante la exposición, la fiscalía presentó elementos clave para sostener el pedido de detención preventiva, entre ellos mensajes recuperados del teléfono del consultor, registros de movimientos previos al ataque y testimonios que ubican a Cerimedo en las inmediaciones del hotel donde Beller fue baleada el 17 de agosto pasado.
“Logramos acreditar los riesgos procesales necesarios”, sostuvo el Ministerio Público, que argumentó peligro de fuga del exasesor del presidente argentino, Javier Milei, y posible entorpecimiento de la investigación.
La defensa de Cerimedo cuestionó la validez de las comunicaciones extraídas del dispositivo y denunció irregularidades en la cadena de custodia.
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Sin embargo, el juez rechazó cuatro planteos preliminares, entre ellos la supuesta ilegalidad de la detención y la impugnación de la pericia telefónica. El magistrado habilitó su análisis en la etapa investigativa.
En su declaración, Cerimedo negó haber participado en el ataque y se declaró inocente. Su defensa insistió en que no existe evidencia directa que lo vincule con el hecho y que la acusación se basa en interpretaciones de mensajes y testimonios indirectos. No obstante, la fiscalía sostuvo que el conjunto de indicios permite sostener la imputación por tentativa de femicidio.
Durante la audiencia, el abogado de Beller, Jerjes Justiniano, reveló que el Ministerio Público había solicitado que Cerimedo fuera enviado a Chonchocoro, la cárcel de máxima seguridad ubicada en La Paz. Finalmente, el juez optó por mantenerlo en Palmasola, aunque advirtió que la medida podría revisarse si surgen nuevos elementos.
Mientras la causa avanza, la fiscalía realizó un nuevo allanamiento en un inmueble vinculado a Cerimedo, el quinto en la zona sur de La Paz. La investigación apunta a determinar el origen y destino de grandes sumas de dinero que habrían circulado en los días previos y posteriores al ataque.
Según los investigadores, Cerimedo habría retirado al menos 400.000 dólares, mientras que un exteniente prófugo habría escapado con otros 700.000.
En los procedimientos anteriores se secuestraron dos vehículos, armas de fuego, alrededor de 500.000 bolivianos y dinero en moneda extranjera, además de documentación que podría vincularse con operaciones financieras irregulares.
También se detectó lo que los investigadores describieron como una “minigranja de bots”, presuntamente utilizada para campañas digitales y manipulación de redes sociales.
La causa, que combina elementos de violencia de género, tentativa de homicidio y presunto lavado de activos, se convirtió en uno de los expedientes más sensibles del sistema judicial boliviano.
La situación de Cerimedo, conocido por su rol como consultor político en campañas regionales, generó repercusión en la Argentina, donde también se analizan sus vínculos con estructuras financieras y propiedades en el exterior.
Con la prisión preventiva ya dictada, la fiscalía tiene 180 días para profundizar la investigación, realizar nuevas pericias y determinar si solicitará la elevación a juicio.
La defensa adelantó que apelará la medida, mientras que el entorno de Beller pidió que se garantice su seguridad y la continuidad del proceso sin interferencias.
La causa continúa abierta y se esperan nuevos movimientos judiciales en los próximos días, especialmente tras los allanamientos y el análisis de los mensajes recuperados del teléfono del acusado.
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