"Es alarmante el nivel de endeudamiento porque estamos hablando de más de $ 8 mil millones, lo que equivaldría a unos u$s 100 millones". El misil que ayer disparó la ministra de Infraestructura, Silvina Frana, en el Salón Blanco de la Casa Gris tuvo un blanco fijo: el mito en el que la última gestión socialista dedicó casi la totalidad de su mandato en construir. "Seremos el gobierno que mayor cantidad de obra pública realizará en toda la historia de la provincia", había prometido el gobernador, Miguel Lifschitz, cuando todavía acariciaba con la yema de sus dedos su propia reelección.
La conferencia de prensa de la ministra fue citada a primera hora y es insoslayable (porque además lo dijo) una directa asociación entre sus revelaciones con la negativa de la oposición legislativa que conduce del propio Lifschitz en Diputados a aprobarle a la gestión Perotti la ley de emergencia pedida.
El lunes de la semana pasada el Frente Progresista impuso su mayoría en ese cuerpo y archivó ese proyecto que ya tenía media sanción del Senado, negándose incluso a enviarlo a comisiones para su modificación.
El clima político santafesino viene enrarecido desde la misma transición. Se profundizó con la decisión del ex gobernador socialista de enviar el presupuesto 2020 elaborado por su gestión pese a haber acordado, como él mismo admitiera públicamente, con su sucesor electo que no lo haría. Y se convirtió en guerra abierta el último lunes de diciembre con la inhumación de la ley de emergencia.
Por ello es que nadie le quedó dudas acerca de que la conferencia de la súper ministra de Perotti tuvo ayer como finalidad demostrar con datos lo mal que el gobierno anterior dejó la cuentas en infraestructura y servicios públicos.
La Casa Gris está, dicen, decidida a forzar que las emergencias que el lunes 30 no le quisieron votar en una sola ley se las aprueben en ocho iniciativas individuales. Es decir, una por cada área que considera en dificultades. Para ello se toma de la oferta que algunos voceros del Frente Progresista que hablaron en esa última sesión en Diputados hicieron para analizar casos concretos.
Pero en el Ejecutivo acordaron que previamente saldrán a explicar cada caso concreto a la sociedad. Este diario no pudo corroborar ayer la versión según la cual los gremios estatales, o al menos algunos de ellos, recibieron ya un minucioso detalle de las cuentas públicas que justificaría, según la gestión Perotti, que el cronograma de sueldos de diciembre demande 15 días en abonarse y no los cinco habituales. Seguir ésta práctica costaba millones en descubierto al Banco de Santa Fe. "Con los estatales pagos es imposible instalar la idea de crisis", desconfían en la oposición.
Cuentas pendientes
"La deuda total registrada en el Sistema Informático Provincial de Administración Financiera (Sipaf), es de $ 3.094.173.296,95. Y su desagregado es el siguiente: Infraestructura $ 846.747.068,65; Obras Públicas, $ 976.615.207,00; Vivienda, $ 236.971.086,00; y Vialidad $ 1.033.839.935,30. Aguas Santafesinas (Assa) presenta un déficit operativo en 2019 de $ 1.323.703.000", se precisó ayer en la conferencia.
"También tenemos el endeudamiento de la Empresa Provincial de la Energía (EPE). Cuando asumió la gestión, había una factura impaga de $ 2.000 millones con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). Esa factura correspondiente al mes de julio se pagó, pero aparecieron los próximos vencimientos: uno a fines de diciembre y otro que va a vencer pasado mañana (por este miércoles)", los cuales "generaron intereses por una cifra cercana a $ 600 millones". En consecuencia, a partir de este miércoles, la EPE va a deber $ 5.000 millones a Cammesa, $ 300 millones a la Caja de Jubilaciones y otros $ 300 millones de deuda flotante con proveedores", detalló la funcionaria.
Precisó que la situación de deuda de su ministerio es producto no solamente de certificados de obras que vencieron en diciembre, sino de acreencias impagas desde el mes de junio o julio en adelante. "Nos encontramos con, aproximadamente, entre $ 500 y $ 600 millones que no se pudieron registrar por no haber contado con las partidas correspondientes; y con un esquema de subsidios, aprobado por ley, que hoy registra una deuda de alrededor de 40 millones de pesos", manifestó.
Renegociación
Y dijo con todas las letras: "Queremos que el pueblo de Santa Fe, la sociedad y los contratistas d tengan en claro cuál es la situación actual, para interpretar por qué planteamos una ley de emergencia. Esta pretende generar un marco legal de acuerdo para hacer los aportes necesarios y resolver esta situación", concluyó.
Frana dejó en claro que el Ejecutivo enviará en breve una nueva ley al parlamento para declarar la emergencia en infraestructura para renegociar y asegurar los pagos a contratistas, y no para defaultear. "No queremos congelar la obra pública; si no, no estaría acá sentada", dijo.
"Hoy la política debe estar a la altura y en esto es imprescindible contar con la ley como un respaldo de la Legislatura provincial para tomar las decisiones que hacen falta", sostuvo.
