La decisión del gobierno de otorgar más fondos a las obras sociales a través de un aumento de los
aportes de los empleados con sueldos más altos generó la inmediata reacción de la oposición.
Dirigentes enfrentados con el gobierno dividen las aguas a la hora del
análisis. Aseguran que el aumento es correcto, lógico y esperable en un contexto de inflación, pero
también ubican la mirada sobre lo que consideran un riesgo: advierten que si el aumento no sirve
para que mejoren los servicios y la cobertura de las obras sociales, y, en cambio, sólo termina
engordando las arcas sindicales, reflejará una forma “peligrosa” del gobierno de
manejar la relación con los gremios.
Para Patricia Bullrich no hay dudas. “Hoy salió a la luz la agenda
oculta que evidentemente tuvo la reunión con Cristina (Kirchner). No era lógico que Moyano saliera
de la Casa Rosada sin decir una palabra. La decisión del gobierno no sólo implica una pérdida
importante de poder adquisitivo para el trabajador. Es otra muestra de cómo negocia este gobierno
en el Congreso, con los gobernadores y los intendentes. Hace concesiones políticas a cambio de
lealtad”.
La diputada de la Coalición Cívica evaluó que la suba es una
“demostración de continuidad” con el gobierno anterior. “Cristina es heredera del
modelo de acumulación del poder y de gobernabilidad atada a este tipo de concesiones que ya usó
Kirchner”, afirmó.
A partir de la nueva escala, que el gobierno fijará por decreto en los
próximos días, los gremios recibirán 300 millones de pesos más por año. La norma elevará el tope
salarial para calcular el aporte personal obligatorio a la cobertura de salud: lo llevará de 4.800
a 6.750 pesos, y alcanzará a más de 350.000 trabajadores en relación de dependencia.
Para el jefe del bloque de senadores de la UCR, Ernesto Sanz, “el
aumento en sí no tiene nada de malo”.
De todas maneras, el legislador mendocino advirtió: “Hay que ver
si esto beneficia al servicio de salud o si va a ir a la caja de los sindicatos. Además del tema de
la salud sindical, hace falta una revisión integral del sistema, y eso parece imposible mientras la
Superintendencia (de Servicios de Salud) esté en manos de un gobierno que pacta con los
gremios”.
En el mismo sentido que Bullrich, señaló que las subas se convierten en
problema si “el aumento sólo satisface intereses económicos sindicales como parte de un
acuerdo político para garantizar la paz social. Es una forma peligrosa de negociar porque sólo
funciona cuando hay plata”.
Alejandro Rodríguez, uno de los principales asesores de Roberto Lavagna,
pidió cautela. “En la medida en que mejore la calidad de los servicios, es razonable y sigue
la tendencia de las subas en las prepagas. Pero el financiamiento de la salud no debería mezclarse
con temas políticos”, opinó.
