El diputado santafesino presentó un proyecto para suspender ejecuciones fiscales, facilitar la regularización de deudas y proteger el capital de trabajo. Un informe realizado en Rosario reveló que tres de cada cuatro embargos recaen sobre microempresas.
El diputado nacional por Santa Fe Pablo Farías impulsa en el Congreso un proyecto de ley para estabilizar, fortalecer y reactivar a las micro, pequeñas y medianas empresas, en un contexto de dificultades financieras y aumento de las ejecuciones fiscales. En Rosario, un informe reciente determinó que Arca trabó 27.045 embargos sobre 11.458 empresas entre 2021 y julio de 2026.
Farías, presidente de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas de la Cámara de Diputados, presentó la iniciativa el 17 de julio de 2026 bajo el expediente 3409-D-2026. El proyecto propone herramientas fiscales, financieras y productivas para evitar que problemas transitorios de liquidez provoquen cierres o pérdidas de puestos de trabajo.
La propuesta surgió de un proceso de diálogo con organizaciones empresarias y productivas. La Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas realizó reuniones informativas con representantes de cámaras y sectores económicos para relevar la situación y recoger propuestas.
En los meses siguientes, Farías también presentó el proyecto ante distintas entidades como, Came, Fisef y Camarco. La Federación Gremial del Comercio e Industria de Rosario (Fecoi) expresó formalmente su respaldo, mientras que la Federación de Cámaras Empresarias del Comercio y Otras Actividades de la Provincia de Santa Fe (Fececo) ratificó su apoyo tras reunirse con el legislador.
Uno de los ejes de la iniciativa es suspender durante un año el inicio de nuevos juicios de ejecución fiscal y medidas cautelares promovidas por Arca contra las mipymes alcanzadas por el régimen.
El beneficio estaría condicionado a que las empresas mantengan al menos el 90 % de la nómina promedio registrada durante los doce meses anteriores.
El objetivo es vincular el alivio fiscal con la preservación del empleo y evitar que una dificultad financiera transitoria comprometa la continuidad de una unidad productiva.
El proyecto también contempla limitar los efectos de los embargos sobre las cuentas bancarias. La propuesta busca impedir que una medida cautelar inmovilice todos los fondos de una empresa cuando la deuda representa solo una parte de ese capital.
El embargo quedaría limitado al monto nominal reclamado más un 15 % para cubrir intereses, costas y accesorios. El resto de los fondos permanecería disponible para el funcionamiento de la empresa.
El proyecto no se limita a las ejecuciones fiscales. También plantea un régimen extraordinario de regularización de obligaciones tributarias, con planes de pago y reducción de intereses y multas.
Además, propone reducir transitoriamente los anticipos del impuesto a las ganancias, ampliar el uso del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios como pago a cuenta de ganancias y establecer una estabilidad fiscal por 24 meses.
La iniciativa incorpora herramientas para facilitar el financiamiento productivo, mecanismos de garantías y medidas destinadas a mejorar la participación de las pymes en las compras públicas y en cadenas de proveedores vinculadas con grandes inversiones.
El proyecto fue acompañado por legisladores de distintas provincias del bloque Provincias Unidas y tiene giro a las comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas —como primera competencia—, Finanzas, Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda.
La discusión cobró impulso a partir de un informe elaborado por Fundación Apertura, en el marco de la Red de Instituciones por la Producción Rosario, con información oficial de Arca obtenida mediante un pedido de acceso a la información pública.
El estudio analizó los embargos dispuestos por la Delegación Regional Rosario entre 2021 y julio de 2026. En ese período se trabaron 27.045 medidas sobre 11.458 empresas.
La mayor concentración se registró entre las unidades económicas más pequeñas: el 75,5 % de los embargos recayó sobre microempresas. Si se consideran solo las firmas caracterizadas como mipymes, las microempresas concentran el 92 % de las medidas.
La presión sobre ese segmento también aumentó. En 2021, las microempresas representaban el 37,3 % de los embargos registrados en la Regional Rosario de Arca. En los primeros siete meses de 2026, la proporción llegó al 87,4 %.
También creció la cantidad de medidas sobre una misma empresa. El promedio pasó de 1,09 embargos por firma en 2021 a 3,22 durante los primeros siete meses de 2026.
El informe señala además que una microempresa demora, en promedio, 181 días en resolver una medida cautelar.
El plazo resulta crítico para establecimientos que dependen de su capital de trabajo diario para pagar salarios, proveedores, servicios e impuestos y que, en muchos casos, no cuentan con estructuras jurídicas, contables o financieras propias para afrontar procedimientos prolongados.
El estudio determinó que el monto real promedio reclamado a una microempresa pasó, a valores de julio de 2026, de $8,8 millones en 2024 a $19,6 millones en 2026. El aumento real fue del 122 %.
Durante los primeros siete meses de 2026 se registraron 3.713 embargos en la Regional Rosario. Si la tendencia se mantiene, el año cerraría con unas 6.365 medidas, un 57,8% más que en 2025.
Los datos de Rosario coinciden con una problemática que Farías plantea desde la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas de la Cámara de Diputados.
En septiembre de 2026, durante la presentación del Monitor Mensual de Empresas de la Fundación Fundar en el Congreso, el legislador señaló que la comisión había realizado ocho reuniones informativas con representantes de cámaras empresarias de distintos sectores.
En ese encuentro volvió a cuestionar las ejecuciones fiscales y calificó de “excesivamente agresiva” la actuación de Arca frente a los incumplimientos tributarios.
Farías sostiene que el Estado debe conservar su capacidad de cobrar las obligaciones fiscales, pero que los mecanismos utilizados no deberían afectar la continuidad de empresas que mantienen su actividad y empleo.
En esa línea se inscribe otra iniciativa parlamentaria sobre embargos, ejecuciones fiscales y medidas cautelares contra mipymes, incorporada en agosto de 2026 a la agenda de la comisión que preside.
La propuesta recibió el apoyo de organizaciones empresarias santafesinas. Fecoi señaló que varios puntos coinciden con planteos realizados ante las autoridades nacionales, en particular la suspensión transitoria de ejecuciones fiscales, la regularización de deudas y la protección del capital de trabajo.
En mayo de 2026, la entidad rosarina había solicitado a Arca suspender temporalmente las ejecuciones y medidas cautelares contra pymes. Argumentó que la caída de la actividad, las restricciones financieras y los problemas en la cadena de pagos afectaban la capacidad de cumplimiento de numerosas empresas.
Fececo también respaldó la iniciativa tras reunirse con Farías a comienzos de septiembre de 2026 y ofreció su red de cámaras empresarias para acompañar el debate parlamentario.
El planteo llegó además al ámbito nacional. Farías presentó el proyecto ante el Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), donde expuso las medidas de alivio tributario, regularización fiscal, financiamiento y estabilidad previstas.
Con el informe sobre los embargos en Rosario como contexto, el diputado santafesino busca avanzar con el tratamiento parlamentario de una propuesta que pone en debate cómo garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales sin comprometer el capital de trabajo, la continuidad de las empresas ni los puestos de trabajo que dependen de ellas.
Por Matías Petisce
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