Foto: Archivo / La Capital.
Será un miércoles de intensa actividad en los Tribunales provinciales de la ciudad de Santa Fe.
La audiencia de medidas cautelares, en el marco de la causa por el presunto espionaje ilegal en Santa Fe, por la cual fueron imputados el ex ministro de Seguridad provincial Marcelo Sain y otros ex funcionarios de esa cartera, pasó a un cuarto intermedio hasta hoy, a las 14.30.
Durante la audiencia de cautelares se trató el pedido de prisión preventiva de Sain y otros imputados planteado por la querella del diputado provincial de la UCR Maximiliano Pullaro. A esa petición terminaron adhiriendo las restantes querellas, excepto la presentada en su momento por la Fiscalía de Estado provincial.
En la audiencia, encabezada por el juez Martín Torres y que se desarrolló en los Tribunales de Santa Fe, la querellas y la defensas se metieron de lleno en el debate en torno a la prisión preventiva de los imputados. Los patrocinantes de Sain y otros acusados plantearon su continuidad en libertad en lo que resta del proceso. Los planteos continuarán siendo discutidos hoy.
En ese marco, estuvieron presentes los representantes de cada una de las partes: las defensas de los imputados y las querellas lo hicieron de modo presencial y todos los acusados recurrieron a la plataforma Zoom.
Junto Sain se encuentran imputados el ex secretario de Seguridad Germán Montenegro y María Agustina Moulins, quien fue empleada en esa cartera.
En ese sentido, fiscalía sostuvo que la agrupación ilegal funcionó desde el 30 de diciembre de 2019 hasta el 26 de noviembre de 2021. Que era una organización de estructura piramidal, encabezada por Sain, como jefe, seguido por la entonces directora de la Agencia de Control Policial Nadia Schujman, como organizadora, en el Ministerio de Seguridad y la ex directora del Organismo de Investigaciones (perteneciente al Ministerio Público de la Acusación, MPA) Débora Cotichini —destituida ayer durante un juicio disciplinario—, también como organizadora.
Montenegro, el ex subsecretario de Control Diego Rodríguez, el ex subsecretario de Investigación Criminal Pablo Alvarez y las empleadas Milagros Bernard y Moulins fueron imputados en carácter de miembros.
En ese sentido, los fiscales santafesinos Ezequiel Hernández y Federico Grimberg habían formalizado el miércoles pasado el pedido de audiencia de medidas cautelares ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ).
Lo hicieron un día después de imputar a Sain y a siete de sus ex colaboradores en Seguridad provincial de conformar una asociación ilícita (en carácter de jefe para el ex ministro).
Para los fiscales, se trata de un presunto grupo criminal que coordinó una estructura que recopilaba ilegalmente información de personas físicas y jurídicas mediante la confección de “perfiles”.
Antes de la audiencia se había especulado con la existencia de un principio de acuerdo entre la fiscalía y la defensa de tres de los imputados (Sain, Germán Montenegro y Moulins) para que transitaran la causa con medidas alternativas a la prisión (fijar domicilio, prohibición de contacto con las víctimas y salida del país).
Hernández y Grimberg le atribuyeron a Sain haber encabezado una asociación ilícita “permanente, estable y organizada”, que fue conformada por funcionarios de la cartera de Seguridad provincial y el Organismo de Investigaciones, los cuales tuvieron como objetivo cometer diversos delitos contra la administración pública y dirigentes políticos, sociales, empresarios y periodistas. También por sustracción de fondos reservados, peculado y torturas, transgresiones de peso significativo.
La investigación en la causa de espionaje ilegal comenzó a despuntar luego de dos allanamientos, uno en la sede rosarina del Ministerio de Seguridad y el otro en las oficinas de la cartera en la capital provincial. Allí se secuestraron abundante material y los teléfonos celulares de los colaboradores de Sain.
Paralelamente, Jorge Patrizi, juez de Investigación Penal Preparatoria de Santa Fe, fijó para hoy una audiencia para debatir un eventual paso al fuero federal de la causa por el presunto espionaje ilegal.
La medida, programada para las 17, en la Sala 2 de los Tribunales de Santa Fe, fue dispuesta por el magistrado a partir de un nuevo planteo de los abogados Hernán Martínez (defensor de Sain) y Juan Lewis (patrocinante de otros cinco imputados), que consideran que el espionaje ilícito debe ser investigado por la Justicia federal.
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Por Isabella Di Pollina