Por Matías Loja
El ministro y candidato presidencial Sergio Massa adelantó el proyecto de ley.
Los ministros de Educación, Jaime Perczyk, y de Economía, Sergio Massa, presentaron hoy el proyecto para una nueva Ley de Financiamiento Educativo que aumenta la inversión del 6 al 8% del PBI y establece metas y políticas generales para todos los niveles de enseñanza, entre ellas garantizar los 190 días de clase.
La vigente ley de financiamiento del sistema (N° 26.075) fue sancionada en diciembre de 2005 y estableció elevar progresivamente el porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI) destinado a educación, llevando así del 4,7% de 2006 al 6% en 2010. Los años siguientes las metas fueron prorrogadas, aunque hubo años donde el porcentaje estuvo por debajo de lo que indicaba la ley.
En el acto, encabezado hoy por Massa y por su par de Educación Jaime Perczyk en el CCK, anunciaron el envío al Congreso de un proyecto que, entre sus objetivos, se propone alcanzar en 2030 el 8 por ciento del PBI para educación. La idea es destinar el financiamiento en un 6,5% del PBI a la cobertura de 45 días a 3 años, la educación obligatoria y la formación docente; y el 1,5% restante a las universidades.
La norma se propone además ampliar la conectividad en todas las escuelas con la distribución de dispositivos informáticos y libros; y crear una comisión de seguimiento de la expansión de la inversión educativa, con participación del Congreso, el Consejo Federal de Educación (provincias), las universidades y los gremios docentes.
“Creemos que la mejor inversión que puede hacer una sociedad es aumentar la inversión en el sistema educativo”, sostuvo Massa durante el acto en el que estuvieron presentes gobernadores, rectores de universidades, legisladores nacionales, ministras y ministros provinciales y representantes de gremios docentes y no docentes, entre otros.
En su discurso, Massa aseguró: “Nos van a ver defendiendo con convicción nuestras becas, nuestras escuelas, nuestros docentes, nuestros no docentes y nuestras universidades. Para el futuro de la Argentina, para derrotar la pobreza, y para incorporarla al siglo XXI, hay que invertir en educación con la nueva tecnología de la mano”.
Por su parte, Perczyk aseguró que “con este proyecto estamos planteando que la Argentina necesita un financiamiento continuo, seguro y suficiente para sostener y mejorar el sistema educativo y esperamos que todas y todos estemos de acuerdo con eso”. Planteó que “hace un año todos se peleaban por el financiamiento educativo y ahora vivimos un momento en el que algunos quieren recortar, privatizar la educación, arancelar las universidades o dicen que la escuela secundaria es un cementerio o que las universidades están vacías”.
“Nosotros estamos convencidos de que la universidad pública argentina es un valor federal, democrático y de justicia social que tiene nuestro país; y estamos orgullos que desde el 8 de julio de 1884 la educación primaria, y desde 2006 la educación secundaria, sean obligatorias”, dijo el ministro.
Para la educación obligatoria, la iniciativa establece un ciclo lectivo anual mínimo de 190 días efectivos de clase, continuar la distribución en la modalidad “uno a uno” libros a todo estudiante de los niveles inicial, primario y secundario y garantizar una alimentación escolar saludable.
Ratifica, además, la vigencia de la Paritaria Nacional Docente, el Fonid y el Programa nacional de compensación salarial docente y plantea avanzar en la implementación en todo el país del Sistema Integral de Información Digital Educativa (SInIDE). Este sistema permite tener en forma online, regular y sistemática la información nominalizada sobre las trayectorias educativas (matrícula, asistencia, calificaciones, pases, certificaciones y titulaciones) de los estudiantes de la educación obligatoria y especial.
El proyecto contempla también implementar un Sistema Nacional de Evaluación bianual, que incluyan los operativos nacionales e internacionales de evaluación y la evaluación formativa.
En el nivel inicial, plantea la ampliación de la cobertura: universalizar las salas de 3, 4 y 5 años e iniciar los procesos de cobertura para sala de 2 años para lo que prevé la construcción de nuevos jardines de infantes y de jardines maternales para las niñas y los niños de 45 días a 2 años.
En la formación docente propone potenciar programas de desarrollo profesional (postítulos en primeras infancias, trayectos formativos y tramos de formación sincrónicos) que garanticen una capacitación permanente.
Para el nivel primario propone asegurar un mínimo de 25 horas semanales de clase para todos, que al menos el 50% acceda a escuelas de jornada completa y asegurar la enseñanza de una segunda lengua en los niveles primario y secundario.
En el nivel secundario, incorpora el dictado obligatorio de robótica y programación en el segundo ciclo y generar espacios curriculares relacionados con el mundo del trabajo (prácticas formativas, pasantías, tutorías, mentorías y proyectos didácticos) que sirvan para futuros desempeños laborales.
En cuanto a la educación universitaria, el proyecto busca ampliar la oferta de carreras universitarias y preuniversitarias en función del desarrollo estratégico del país y de las áreas de vacancia territoriales y acortar la duración de las carreras.
Además, consolida la función de investigación a través del Programa Nacional de Investigador Universitario (Priunar) y promueve carreras que comprendan títulos intermedios, tecnicaturas, bachilleratos y certificaciones académicas de trayectos formativos.
El proyecto busca materializar lo anunciado el marzo pasado por el presidente Alberto Fernández, quien en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso anunció un proyecto de la ley de expansión de la inversión educativa, que buscaba pasar del 6% al 8% del Producto Interno Bruto (PBI) para educación, aunque la meta entonces era a 2032.
También Ctera, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, había propuesto en su momento una meta similar. De hecho en 2010, cuando se venció el plazo previsto por la ley de financiamiento de 2005, lanzó una campaña para elevar al 8% el PBI para educación. El reclamo apuntaba sobre todo a que la ley de financiamiento había sido sancionada un año antes de la ley nacional de educación, que entre sus demandas estableció la obligatoriedad del nivel secundario.
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