Entre nuevas metas y el debate por el financiamiento educativo

Pasar del 6 al 8 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) destinado a la educación es la meta que se propone el gobierno nacional. Así lo anunció esta semana el presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones del Congreso. La idea es llegar a este porcentaje para 2032.

“La educación es el cimiento de todo proyecto de país. Cuando quieran ver por dónde o hacia dónde va un gobierno o una sociedad, miren la política educativa”, dijo el mandatario en su mensaje ante diputados y senadores. Y anunció: “Presentaremos la ley de expansión de la inversión educativa, que tiene como objeto establecer las bases para garantizar la expansión de la inversión educativa en un plazo de diez años, pasando del 6% al 8% del Producto Interno Bruto (PBI) para el año 2032”.

De cumplirse la nueva meta, la Argentina se colocaría entre los países de la región que más invierten en educación en relación a su PBI, por detrás de Cuba (12,8), de acuerdo a datos del Banco Mundial.

Sancionada en diciembre de 2005, durante la gestión presidencial de Néstor Kirchner, la ley de financiamiento educativo estableció, en su artículo 3º, que el presupuesto consolidado del gobierno nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado a educación, ciencia y tecnología, se iba a incrementar progresivamente hasta alcanzar, en el año 2010, una participación del 6 por ciento en el PBI. La ley fue aprobada por amplia mayoría: 204 votos a favor y sólo 37 en contra del bloque radical.

En 2005 el financiamiento para el sistema era del 4,2%. Un año después, la ley de educación nacional estipuló que el presupuesto conjunto de Nación y provincias destinado de forma exclusiva a educación no podría ser inferior a 6% del PIB (excluyendo ciencia y tecnología).

El presidente dio su mensaje ante la Asamblea Legislativa.

Foto: captura de TV

Metas incumplidas

Sin embargo, no siempre se logró el objetivo fijado por ley. Un informe del Cippec sobre la evolución del gasto público consolidado a estas áreas determinó que en el período 2005 y 2010 el Estado nacional incrementó su nivel de inversión en 0,5 puntos porcentuales, mientras que las jurisdicciones provinciales registraron un incremento de 0,8%. Pero de acuerdo a los datos del Cippec, el ciclo entre 2011 y 2019 “se caracterizó por una tendencia de estancamiento e incumplimiento de la meta de inversión por ambos niveles de gobierno”, al punto que solo en 2015, de manera excepcional, se registró el cumplimiento de la meta. En 2016 y 2017 la inversión retrocedió a niveles similares de los años 2012 y 2013.

En la misma sintonía, a principios de febrero el Observatorio de Argentinos por la Educación elaboró un crítico informe donde advirtió que en 15 años se acumuló una deuda de 3,4 billones con la educación, al punto que entre 2006 y 2020 solo en tres oportunidades —2009, 2013 y 2015— se cumplió con el objetivo de gasto en educación como porcentaje del PBI establecido por ley. Reveló también que el 68,4% de esta desinversión ocurrió en cuatro años: 2010 y en el trienio 2018 - 2020.

“Siempre priorizar la educación es positivo y necesitamos mucha más inversión en el sistema educativo, con lo cual, cualquier iniciativa en ese sentido que esté bien diseñada y que aporte de manera sostenible y sin generar otros problemas bienvenida sea”, señaló a La Capital Javier Curcio, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (IIEP), de la UBA y el Conicet, e integrante de Argentinos por la Educación. De todas formas, dijo que hay cuestiones a prestar atención cuando se presente el proyecto de ley, como saber cuánto de ese porcentaje va a aportar Nación y cuánto las provincias, para lo cual propuso orientar la inversión a resultados: “La ley de financiamiento puso una norma en ese sentido, pero luego la ley de educación no mantuvo los convenios bilaterales que se preveían entre Nación y provincias, para que los sistema educativos reciban mayor financiamiento en función de los resultados que logren, algo que se implementa en muchos países”.

El especialista advirtió además, que habría que ver ese 8% sobre qué base se calcula, “con el agravante de que hoy no cumplimos con la meta del 6%”. Y tras citar el informe de Argentinos por la Educación, explicó que la Argentina ya lleva tres décadas de incumplimiento, desde la ley federal de los 90. “Ahora —dijo— tenemos un equilibrio cercano al 5 por ciento, por lo tanto queremos aspirar a subir ese piso pero no cumplimos con el que tenemos establecido por norma”.

Consultado por el destino de la nueva inversión, dijo que hay que priorizar objetivos, como la deuda con la primera infancia —“no se cumple la obligatoriedad de la sala de cuatro y habría que extenderla a la sala de 3”, dijo—, la digitalización e incorporación de nuevas tecnologías y el salario docente: “Parte de la caída del financiamiento de los últimos años se explica por el deterioro del salario real”, afirmó el investigador.

Satisfacción de Ctera

El 24 de febrero, el 38º congreso ordinario de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) aprobó su política gremial para 2023. Entre otros ejes, el sindicato nacional docente se pronunció a favor de una nueva ley de financiamiento educativo que eleve el presupuesto del 6% al 8% del PBI, tal como días después lo anunció el presidente en el Congreso.

El director de prensa de Ctera, Alejandro Demichelis, manifestó el acuerdo gremial con el proyecto de la Casa Rosada. “Obviamente estamos de acuerdo y ojalá que se pueda cumplir, porque es un reclamo histórico de Ctera y en la paritaria nacional con los cinco sindicatos docentes se planteó la importancia de elevar el piso del presupuesto”, apuntó Demichelis a La Capital. Sostuvo que esta nueva meta “va a mejorar en infraestructura, creación de escuelas, salarios, condiciones dignas de trabajo y mejor capacitación. Es decir, todo lo que tiene que ver con mejorar la calidad de la educación”.