El gobierno está decidido a eliminar las Paso y activa la búsqueda de votos

Tras el anuncio del presidente Javier Milei desde Israel, en la Casa Rosada se muestran firmes con los detalles del proyecto de reforma electoral que incluye la eliminación de las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso).

Se trata de uno de los puntos más complejos para tratar en el Congreso de la Nación, por lo que el oficialismo, ya enviado el texto al Parlamento, activará la mesa de negociación con la intención de buscar los apoyos necesarios para sancionar la tan ansiada ley.

“Lo que verdaderamente nos importa es la eliminación de las Paso”, deslizaron en la Rosada.

También aseguraron que no hay margen para no tratar la eliminación de las primarias, lo que (en los planes de la administración libertaria) achicaría seis meses la campaña electoral y permitiría “potenciar la gestión”.

En ese marco, el gobierno convocó a su mesa política para este viernes al mediodía, encuentro que será encabezado por Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, y que servirá para ajustar la ambiciosa agenda parlamentaria libertaria y analizar las estrategias para reunir apoyos en el Congreso.

El panorama en el Congreso

El panorama es complejo: no solo varios gobernadores aliados, como el mendocino Alfredo Cornejo, se muestran en contra sino también el PRO manifestó su malestar por lo anticipado del proyecto y la Unión Cívica Radical (UCR) está dividida.

En Provincias Unidas (PU) tampoco ocultan su incomodidad frente a la iniciativa oficial. Además de reclamar el tratamiento de Ficha Limpia por separado, en estos sectores hay malestar por la eliminación de las Paso.

En ese marco, el ministro del Interior, Diego Santilli, se refirió en sus redes a la reforma electoral que el gobierno envió al Congreso y sostuvo: “Vamos a eliminar las Paso y ahorrar más de 200 millones de dólares para los argentinos”.

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El funcionario hizo hincapié en uno de los elementos centrales de la iniciativa, que además incluirá cambios en el financiamiento de los partidos políticos y la incorporación de Ficha Limpia, para que los dirigentes condenados por causas de corrupción no puedan presentarse como candidatos.

Se espera que Santilli adopte una función central en las negociaciones previas para sacar en el Parlamento la reforma electoral, en un rol parecido al que desempeñó para que el oficialismo obtuviera la ley de reforma laboral, con numerosos encuentros mano mano con gobernadores en esa oportunidad.

También resuena como posibilidad flexibilizar hasta la suspensión de las Paso, algo que ocurrió en 2025, y que frente al peor de los escenarios podría repetirse.

Sin embargo, en el oficialismo son optimistas. “Podría volver a pausarse, pero debe salir”, insistieron en los pasillos de Balcarce 50.

El proyecto oficial

Otro de los ejes centrales apunta a lo que en la Casa Rosada denominan “motosierra a los sellos de goma”. Porque la normativa endurece los requisitos para la existencia de partidos políticos, con el objetivo de reducir la proliferación de estructuras “sin representación real”.

En ese marco, se plantean mayores exigencias de afiliados y desempeño electoral para conservar la personería jurídica, lo que impactaría especialmente en fuerzas minoritarias.

El proyecto también introduce cambios en el financiamiento de la política, con una reducción del peso del Estado y nuevas reglas para los aportes. E incluye la propuesta de Ficha Limpia, que busca impedir candidaturas de personas con condenas por corrupción, uno de los puntos más sensibles.

En ese sentido, el condenado por delito doloso establecido en segunda instancia quedará inhabilitado para competir por cargos electivos. La norma se extiende a los miembros del Poder Ejecutivo.

En paralelo, el oficialismo propone suspender los comicios directos al Parlasur, una medida que implicaría eliminar por ahora esa instancia del calendario electoral nacional y que la Cámara de Diputados seleccione a los integrantes en base a su composición.

Asimismo, se suma la intención de quitar la obligatoriedad de los debates presidenciales, que pasarían a ser optativos para los candidatos, modificando una de las herramientas de exposición pública más relevantes de las campañas.