Tras detectar un esquema de adjudicación fraudulenta, el vocero presidencial anunció que auditarán más de un millón de asignaciones por invalidez
El vocero presidencial Manuel Adorni reveló que el gobierno auditará el sistema de pensiones por invalidez.
El gobierno nacional denunció este viernes la existencia de una enorme cantidad de pensiones no contributivas por discapacidad mal adjudicadas, que podría superar los 3.400 millones de dólares en materia de fondos destinados a asignaciones irregulares. El Ejecutivo presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal y llevarán a Tribunales cada caso de adjudicación fraudulenta.
La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) llevó adelante una auditoría sobre las pensiones por invalidez y destacó una “actividad fraudulenta a gran escala”. El relevamiento realizado por el director ejecutivo de la agencia, Diego Spagnuolo reveló que actualmente existen 1.222.000 beneficiarios de pensiones por invalidez en todo el país. Desde Casa Rosada suponen que los fondos destinados a las asignaciones truchas equivale a 3.400 millones de dólares.
Manuel Adorni, vocero presidencial del gobierno de La Libertad Avanza, fue el encargado de poner voz a esta auditoría llevada adelante junto a la cartera de Salud, liderada por Mario Russo, y sostuvo que las irregularidades se extienden en todas las provincias.
El funcionario hizo mención en su conferencia diaria desde Casa Rosada de algunos casos irrisorios: por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires fueron detectados 683 empleados que recibían pensiones y trabajaban bajo la órbita de la Dirección General de Cultura y Educación provincial, de las cuales “el 65 por ciento, o sea, prácticamente dos de cada tres, fueron otorgadas en menos de 30 días”.
Pero el caso más insólito se dio en la provincia de Corrientes, donde se conoció que 2022 un médico usó la radiografía de la cola de un perro como material adjunto para obtener la autorización de la pensión.
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“Hay 60.000 personas dentro de este universo que presentan incompatibilidad de requisitos, por ejemplo, tienen varios autos, varias propiedades, tienen propiedades fuera del país, embarcaciones y hasta se detectaron algunos con aviones privados”, apuntó el vocero presidencial. Sostuvo que del total de pensiones otorgadas hay 25.000 personas pensionadas que actualmente están trabajando.
Desde el gobierno confirmaron que aquellas pensiones que hayan sido adjudicadas de forma fraudulenta serán denunciadas penalmente, y consideraron que las asignaciones por invalidez “deberían tener como destino solamente a aquel que tenga una discapacidad para trabajar y que requiera esta prestación”.
Según los registros de la Andis, el ranking de provincias con mayor cantidad de pensiones por invalidez es liderado por la provincia de Chaco, con 99.134 asignaciones (es decir, 8,8% de la población), seguida por Santiago del Estero con 83.845 asignaciones (7,9% de la población) y por Formosa, con 40.860 pensiones adjudicadas (lo que indica que 6,7% de la población está incapacitada para trabajar).
Santa Fe registra 49.406 pensiones, lo que corresponde al 1,4% de sus habitantes, por debajo de la provincia de Buenos Aires (306.728 pensiones, lo que corresponde al 1,8% de su población) y por encima de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde menos de uno de cada diez porteños (0,9% o 26.654 personas) está inhabilitado para trabajar.
Por Martín Stoianovich
Por Juan Iturrez
