>> Leer más: Historia de un asesinato que nadie quiso investigar
Una hora después, a los postres, comenzaron los discursos. Luis Scarazzini, secretario de finanzas de la unidad básica Alberdi, fue el primero en hablar. Luego le siguió Razzetti, “señalando el lapso de los dieciocho años (de proscripción del peronismo), marcando el proceso de hombres como San Martín y Rosas, y en especial exaltando a la Juventud Peronista”, según recordó el propio Scarazzini a La Capital en una nota publicada el 12 de octubre de 2003.
Scarazzini aseguró que Razzetti pronunció el discurso más aplaudido de la noche. Sin embargo, cerca de la cabecera de la mesa, un grupo de comensales permaneció de brazos cruzados. Tal vez, decía la crónica, les cayó mal la alusión del orador a “los traidores y burócratas sindicales”, pero no manifestaron ninguna opinión. No obstante, el vicepresidente del Banco Municipal captó la tensión en el ambiente. Y al retornar a su asiento le preguntó a su esposa: “¿Para qué me invitaron?” Tras ello, y no mostrándose a gusto con la reunión por la presencia de personas de distintas posiciones políticas dentro del justicialismo, decidió retirarse.
En su viejo Valiant, Razzetti llevó a un matrimonio amigo hasta su vivienda de San Lorenzo y Corrientes y luego se dirigió a su casa en compañía de su esposa y su hijo. Después que éstos ingresaran a la vivienda un hombre se acercó al vicepresidente del Banco Municipal y le disparó por la espalda. Cuando la víctima se desplomó bajo el auto, herida de muerte, le hizo otros tres disparos. Constantino Razzetti murió en el acto y nadie dudó en ese momento que se trataba de un homicidio con signos políticos.
A los 58 años, Razzetti acababa de ser nombrado vicepresidente del Banco Municipal y era uno de los dirigentes más respetados del peronismo, con especial predicamento en la juventud. El asesinato no fue reivindicado por ninguna organización, pero se supo que su nombre figuraba en una lista de condenados a muerte bajo la metodología que tenía el sello de la Triple A, la organización paraestatal que no firmó sus atentados hasta después de la muerte de Juan Domingo Perón, el 1º de julio de 1974.
>> Leer más: Razzetti: piden mediación judicial
La causa por la muerte de Razzetti quedó a cargo del juez Raúl Iturraspe, quien intentó avanzar en la hipótesis de una interna del peronismo que nunca pudo corroborar mientras el expediente sumaba nombres, acusaciones y hasta la mención del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), desde donde acusaron a hombres ligados a sectores del gremialismo local y se comprometieron a investigarlo. Incluso, el hijo de Razzetti sostuvo tiempo después que en agosto de 1973 su padre había detectado maniobras dolosas en el sector de créditos pignoraticios del Banco, sección que controlaba el dinero obtenido por las prendas de empeños de la entidad. Y el 11 de octubre, tres días antes de su muerte, se habría opuesto a un pedido de descubierto del Ejecutivo Municipal. Finalmente las actuaciones fueron archivadas el 3 de septiembre de 1975 y el 5 de mayo de 1981 se ordenó el cese de “toda orden de captura o pedido de colaboración” en torno a la causa.
Retorno democrático
Con el retorno de la democracia en 1983, y en el marco de la persecución al terrorismo de Estado desatado por la última dictadura cívico-militar, el entonces juez federal Norberto Oyarbide se hizo cargo de reabrir las investigaciones de los delitos atribuidos a la Triple A producidos antes de la llegada de los militares al poder el 24 de marzo de 1976 tras destituir a la presidenta Isabel Martínez de Perón.
En ese marco, el juez federal Marcelo Bailaque remite en su reciente fallo a una resolución de diciembre de 2006 dentro de la causa 1075/2006 caratulada “Triple A”, confirmado por la Sala I de la Cámara Nacional Criminal y Correccional Federal el 14 de mayo de 2008, que indica que “el acervo probatorio reunido a lo largo de quince años de investigación no hace otra cosa que confirmar la versión analizada en la resolución referida y en la cual se expuso que la génesis de la organización Triple A fue posterior a la fecha en la cual se produjo la muerte de Constantino Razzetti”, tirando por tierra lo que la querella y la fiscalía sostenían hasta entonces.
Y agrega que, “si se considerara la existencia de una organización delictiva mucho más amplia, debería acreditarse la comandancia de Juan Domingo Perón sobre una estructura estatal que tenga como objeto la persecución ilegal de la población civil o grupos de población civil, extremo respecto del cual no se han incorporado pruebas”.
>> Leer más: Denuncian a un fiscal federal por "frenar" una causa
Además, Bailaque menciona que “con posterioridad al dictado de la resolución del 27 de diciembre de 2018, no se incorporaron nuevos elementos de prueba que señalen la participación de la Triple A en los hechos investigados, ni tampoco se advierten medidas pendientes de producción. Incluso, a las numerosas pruebas analizadas a lo largo de todo el expediente en las diferentes resoluciones dictadas, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, agregó en su fallo del 28 de noviembre de 2019 que «a su vez, la sentencia dictada en la causa seguida a las Juntas Militares, conocida como Causa Nº 13, dedicó un capítulo a las actividades de la Triple A, a la que le atribuyó como objetivo aparente el de combatir a organizaciones subversivas; una nómina de ochenta víctimas; y un ámbito de actuación que al menos comprendía la Capital Federal, el conurbano bonaerense, Tucumán, Mendoza y las ciudades de La Plata, Brandsen, Mar del Plata y Bahía Blanca». Es decir, que no se observó, en aquel momento, actividad por parte de la organización paraestatal en esta ciudad de Rosario”.
El pedido de justicia
Volviendo un poco en el tiempo, en 2007 la causa Razzetti fue reabierta con efectos penales plenos a partir de la requisitoria que hizo el entonces fiscal federal Ricardo Vásquez, de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado al ex juez federal Germán Sutter Schneider. Vásquez le solicitó al magistrado que abra la investigación con ese carácter después de analizar que “los crímenes contra la humanidad no están sujetos a prescripción”. Además, el magistrado federal aceptó la constitución de Carlos Razzetti, hijo menor de Constantino, como querellante y actor civil y ordenó que el expediente vuelva a la Fiscalía 1 de los Tribunales Federales rosarinos.
“El hecho de reconocerle el carácter de querellante supone que se trata de un delito de lesa humanidad porque de lo contrario no se hubiese abierto en el fuero federal”, dijo por entonces la abogada patrocinante de Razzetti, Leticia Faccendini, en relación a la primera causa que se abría en ese fuero para investigar la acción de la Triple A en Rosario. Mientras que el fiscal agregó que, aunque “no haya elementos objetivos que permitan imputar” a alguien por el crimen, deberá comenzarse en estas condiciones.
>> Leer más: La provincia le respondió a Razzetti
Por entonces, Razzetti hijo hizo referencia a una de las líneas de trabajo que se sostenía sobre varios nombres, Eduardo "Zorro" Aguilera, José Echeverría y un tercero de apellido Garcilazo, quienes fueron investigados por la policía por orden de la Justicia provincial después del asesinato. “Cuando le mandaron los datos al juez señalándoles que se trataba de delegados gremiales del gremio de la carne (al cual estuvo vinculado Luis Rubeo padre) ni siquiera los llamó a declarar”.
Incluso, en 2011 el propio Carlos Razzetti se presentó ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario para pedir la recusación del juez Bailaque “por las barbaridades que comete contra la causa del asesinato mi padre” y denunciar penalmente al ex fiscal federal Ricardo Moisés Vázquez y al ex juez German Suter Schneider “por delitos cometidos contra la causa Razzetti, denuncias que fueron realizadas en anterior oportunidad y siempre las cajonearon”.
En ese marco, Carlos Razzetti expresó en aquella audiencia que “la recusación de este magistrado es porque protege a Luis Rubeo”, a quien calificó como “el asesino y jefe logístico de la Triple A en Rosario, quien debería estar preso hace mas de un año debido a las pruebas obrantes en el expediente federal 77/05”.
El descargo
Para 2010, quien había hecho su descargo ante la Justicia federal fue el propio Luis Rubeo padre. En un extenso texto que repasa su carrera dentro del Movimiento Nacional Justicialista desde su incorporación en 1952, el ex senador nacional por la provincia de Santa Fe expresó que tras el derrocamiento de Perón en 1955 se sumó a las filas de la Resistencia Peronista y participó en la revolución encabezada por el general Juan José Valle, la fundación de la Agrupación Peronista de Apoyo a Cuba en 1959, la toma del Regimiento 11 de Infantería de Rosario en 1960 y su posterior exilio en Uruguay. Un año después Rubeo viajó a Cuba y desde allí, vía Chile, intentó regresar al país pero fue “detenido en Ezeiza, torturado y condenado a tres años de prisión”. Por entonces, su abogado defensor fue Juan Bernardo Iturraspe y recién en 1964, cuando fuera electo democráticamente como presidente Arturo Illia y se decretara una amplia amnistía para los presos políticos, recuperó la libertad. Dos años después, ante el golpe de estado comandado por el general Juan Carlos Onganía debió exiliarse nuevamente y viajó con su familia a España.
Allí, dijo Rubeo, se profundizó su contacto con Perón y comenzó “un trabajo para lograr su retorno al poder”. Aunque en forma paralela, José López Rega “ya había iniciado solapadamente su plan de convertir a Isabel Martínez en el centro de la conducción estratégica en desmedro de Perón y de todos los militantes que como yo renegábamos de la figura del apodado «Lopecito»”.
Rubeo retornó a la Argentina en 1971 con la apertura decretada por el entonces presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse, y ese mismo año fue designado secretario general del Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe. Dos años más tarde sería elegido diputado nacional y con el retorno de Perón al país fue partícipe del Congreso Nacional Justicialista que se realizó en Buenos Aires a fin de designar la fórmula que sucedería al entonces presidente Héctor J. Cámpora.
Dice Rubeo que en ese congreso quedaron claramente plasmadas las dos líneas que marcaban al peronismo en los 70. “La que planteaba la candidatura de Isabel Martínez a la vicepresidencia acompañando a Perón y la que expresaba la posición de Perón, quien frente a la crisis nacional imperante entendía que para procurar la unidad nacional debía constituirse una fórmula de consenso con los sectores comprometidos con la Hora de los Pueblos. La primera era liderada por López Rega dentro de una supuesta corriente verticalista a través de sus personeros en dicho congreso y la segunda _antiverticalista_ la llevábamos adelante con dirigentes como Raúl Matera, Juan Rachini, Fernando Donaires y Gerónimo Izzetta entre otros”.
>> Leer más: Dos murales de Humanidades son ahora patrimonio de la memoria de ciudad
Tras exponer en ese congreso, dice el ex senador nacional, fue “expulsado, golpeado y perseguido por los partidarios lopezreguistas, profundizándose a partir de entonces una enconada persecución de los mismos en mi contra”. Así las cosas, con el fallecimiento de Perón el 1º de julio de 1974 y la asunción de quien era su esposa a la primera magistratura, “López Rega a través de la tristemente célebre Triple A desata una verdadera cacería de todos aquellos que consideraba sus enemigos, como sin dudas fue mi caso”. Y recuerda que “la revista El Caudillo, dirigida por uno de los sicarios de López Rega, Felipe Romeo, promovió la siniestra práctica de publicar las fotos de quienes luego serían «ajusticiados» y «asesinados»”.
Tras una sesión de la Cámara de Diputados y “ante las políticas de ajuste implementadas por el gobierno”, Rubeo conformó el Grupo de Trabajo junto a otros legisladores que se oponían a la conducción del peronismo de entonces y eso llevó a que su foto recuadrada aparezca en la tapa de la mencionada revista El Caudillo “en una clara equivalencia a una sentencia de muerte”. Y agrega: “Esa lista había sido precedida por la foto del abogado y diputado nacional Rodolfo Ortega Peña”, cercano a la izquierda peronista y asesinado el 31 de julio de 1974 por la Triple A en pleno centro de Buenos Aires marcando lo que fue, para la Justicia federal, el primer asesinato que dicha organización paraestatal se atribuyó y que se investigó como un “crimen de lesa humanidad”, nueve meses después del homicidio de Constantino Razzetti en el macrocentro rosarino.
Finalmente, Rubeo volvió a exiliarse en 1976 con el nuevo golpe cívico militar que azotó a la Argentina. Fue después del 26 de julio de ese año cuando su casa fue dinamitada el mismo día que destruyeron el monumento a Eva Perón en el barrio Saladillo. Desde el exterior, fue uno de los fundadores del Movimiento de Reafirmación Doctrinaria Justicialista y en 1982 volvió al país para ser electo diputado nacional una vez más iniciando una etápa legislativa que en 1986 lo llevó al Senado de la Nación, en 1995 nuevamente a la Cámara baja y luego una vez más al Senado hasta el año 2000.
El final de la sentencia
Con todo ese contexto de fondo, a pedido del abogado Gustavo Feldman en defensa de Rubeo, se planteó la prescripción penal de la causa y el sobreseimiento del ex legislador. Ese reclamo fue apelado por el fiscal Adolfo Villate y la querella que representa a Carlos Razzetti, pero la Cámara Federal de Apelaciones lo rechazó teniendo en cuenta que el delito investigado “no puede ser considerado de lesa humanidad” por lo cual es prescriptible con el paso del tiempo.
“Fue analizada pormenorizadamente toda la prueba incorporada en la causa que permitió sostener que los elementos probatorios analizados no logran revertir la conclusión sobre la imposibilidad de considerar al hecho que tuvo como víctima a Constantino Razzetti como delito de lesa humanidad”, remarcó Bailaque. Y recuerda que para que un crimen sea así considerado debería estar basado en cuatro pilares: que el acto se encuadre en uno de los enunciados en el artículo 7 del Estatuto de Roma; que éste sea llevado a cabo como parte de un ataque generalizado o sistemático; que dicho ataque esté dirigido a una población civil; y, finalmente, que ese ataque haya sido efectuado de conformidad con una política de Estado o de una organización para promover esa política al amparo estatal”, todo lo que en el caso del asesinado vicepresidente del Banco Municipal de Rosario no se ha comprobado.
