La investigación lo vincula con maniobras de captación de mujeres jóvenes, especialmente vulnerables, de entre 18 y 22 años, oriundas de Rosario, Córdoba, Buenos Aires, Santiago del Estero, Misiones y otras provincias. En uno de los tramos del material aportado también se menciona que el expediente alcanzó a menores de edad, aunque en la imputación detallada que se ventiló en audiencia los casos precisados corresponden a víctimas de 18 a 22 años.
El joven rosarino no está acusado de episodios aislados. Por el contrario, el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, a cargo del fiscal general Javier Arzubi Calvo, con intervención de la fiscal general interina Soledad García y de los fiscales coadyuvantes interinos María Virginia Sosa y Andrés Montefeltro, sostuvo que se trató de un dispositivo organizado, sostenido en el tiempo y con alcance geográfico extendido.
Cómo operaba “Argentina Casting”, según la fiscalía
De acuerdo con la reconstrucción judicial, Núñez utilizaba al menos dos cuentas de Instagram, “ArgentinaCasting” y “GianCasting”, desde donde ofrecía a usuarias filmar videos sexuales explícitos a cambio de una suma de dinero. La propuesta incluía una promesa clave para convencer a las jóvenes: que ese material no se podría ver en la Argentina y que su circulación se limitaría al exterior.
Ese punto es central en la acusación. Para los fiscales, el engaño no solo estuvo en la oferta económica o en la apariencia de un trabajo audiovisual, sino también en la ocultación deliberada del verdadero alcance del material. Las víctimas, según la causa, aceptaban en la creencia de que los videos tendrían una difusión acotada o inaccesible en el país, pero luego terminaban viralizados en plataformas abiertas, grupos públicos de Telegram y otras aplicaciones, incluso con llegada a sus entornos familiares y afectivos.
Los encuentros se concretaban en departamentos de alquiler temporario o en hoteles ubicados en distintos puntos del país. Allí, siempre de acuerdo con la imputación, Núñez realizaba el acto sexual sin protección, filmaba el material con equipamiento propio y hacía firmar contratos de adhesión por los cuales las jóvenes cedían de forma irrevocable el derecho a editar, vender y producir videos pornográficos en los que él mismo también aparecía como protagonista.
La fiscalía remarcó que esos contratos, en al menos tres casos, fueron presentados sin que las víctimas tuvieran posibilidad real de leerlos con detenimiento, sacarles una foto o conservar una copia. También indicó que, en ocasiones, el acusado ocultaba su verdadera identidad y se presentaba bajo nombres como “Liam” o “Elion”. En otras, se hacía pasar por una mujer que supuestamente coordinaba los encuentros en cada localidad. Para los investigadores, detrás de todas esas variantes siempre estaba la misma persona.
La denuncia que abrió la causa federal
La investigación comenzó el 12 de septiembre de 2024. El punto de partida fue una denuncia elevada por el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal, Marcelo Colombo, a partir de una comunicación recibida en la Línea 145 del Ministerio de Justicia de la Nación.
Allí se sindicó a “Gian Núñez” por haberle pagado medio millón de pesos a una joven para filmar un video sexual. La mujer, mayor de edad, aceptó en la convicción de que el contenido no se vería en el país, según el papel que el rosarino le hizo firmar y del cual no le entregó copia. Sin embargo, el video terminó siendo visto en Posadas, la localidad de la víctima, con el consiguiente perjuicio para ella.
Ese primer caso permitió abrir una línea de investigación que luego se expandió a otras provincias y a nuevas víctimas. La primera audiencia se realizó el 29 de julio de 2025 y allí los fiscales atribuyeron tres hechos. Con el avance de la pesquisa y la aparición de evidencia sobre otros cinco episodios, el expediente sumó ocho hechos judicializados y derivó en la nueva audiencia del 27 de marzo pasado, cuando la acusación fue ampliada y Núñez quedó detenido.
Ocho hechos y una acusación por trata con fines de explotación
En la actualidad, Núñez quedó formalmente acusado por ocho hechos de trata de personas con fines de explotación, en la modalidad de captación y acogimiento, agravados por la cantidad de víctimas, el abuso de situación de vulnerabilidad, el engaño y la consumación de la explotación. La escala penal prevista para ese delito va de 8 a 12 años de prisión.
La fiscalía sostuvo que no se trata de un conjunto de episodios desconectados, sino de una estructura con roles concentrados en una sola persona. Según expusieron los representantes del Ministerio Público Fiscal, el acusado asumía personalmente todas las etapas del proceso: captaba a las jóvenes a través de redes sociales, coordinaba los encuentros, realizaba las filmaciones, editaba el material, lo subía a plataformas de comercialización y lo promocionaba activamente para maximizar sus ventas.
Esa descripción busca reforzar la idea de una explotación que no se agotaba en el encuentro sexual filmado. Para los fiscales, la maniobra se proyectaba en el tiempo de manera potencialmente ilimitada por la circulación permanente del material, con afectación continua de la dignidad, la intimidad, la identidad digital y la integridad sexual de las víctimas.
Qué contaron las víctimas sobre Gianfranco Gaspar Núñez
Las últimas cinco víctimas, cuyos testimonios permitieron ampliar la imputación, declararon en Cámara Gesell que habían sido engañadas. Según se desprende de esas entrevistas, aceptaron grabar los videos bajo la promesa de que no se verían en la Argentina o de que tendrían una circulación restringida, pero luego el material se viralizó en distintas plataformas y aplicaciones.
El efecto de esa difusión no fue presentado por la fiscalía como un daño abstracto. Las jóvenes relataron situaciones de angustia y afectaciones en su salud psicológica a partir de que esas imágenes llegaron a ámbitos familiares, afectivos y cercanos. En esa línea, los fiscales remarcaron que la explotación económica del contenido iba acompañada de un impacto persistente en la vida privada de las víctimas.
La acusación también subraya la relación desigual entre lo que cobraban las jóvenes y lo que después generaba la explotación del material. Núñez pagaba, según el expediente, cerca de 200 dólares por cada víctima, a veces mediante transferencia y a veces con una parte en efectivo. Ese pago único, sostienen los investigadores, contrastaba con una monetización prolongada y abierta de los videos.
Los números de la causa: billeteras virtuales, videos y allanamientos
Uno de los datos que más peso adquirió en el expediente es el movimiento de dinero detectado en las cuentas vinculadas al imputado. Según el legajo, entre el 1° de enero de 2023 y el 18 de mayo de 2024, Núñez realizó transferencias por 119 millones de pesos a través de diez billeteras virtuales que figuran a su nombre.
La investigación, impulsada por el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina junto con fiscales federales de Rosario, también derivó en allanamientos en Rosario, Buenos Aires y Posadas. En esos procedimientos, los investigadores secuestraron notebooks, cámaras, discos rígidos, contratos, tarjetas, criptomonedas y más de 150 videos.
Ese material permitió, según la hipótesis fiscal, reconstruir no solo la existencia de filmaciones, sino también el circuito de producción, edición, almacenamiento, comercialización y promoción del contenido sexual.
Telegram, plataformas abiertas y difusión sin restricciones
Otro punto destacado por la fiscalía fue el uso de un grupo público de Telegram para promover la venta de los videos. A eso se sumó la publicación del material en una plataforma abierta, sin restricción territorial para su adquisición.
Para la acusación, allí se evidencia de manera nítida la diferencia entre lo prometido a las jóvenes y lo que efectivamente ocurría después. La promesa de una difusión limitada o inaccesible en la Argentina formaba parte, según los fiscales, del mecanismo de engaño relevante que incidía directamente en la decisión de participar.
En otras palabras, el expediente plantea que no se ofrecía solo una filmación. Se ofrecía una ficción de control sobre el destino del material, mientras el verdadero negocio consistía en la circulación masiva y en la monetización permanente de esos contenidos.
Rosario, punto de origen de una causa con varias provincias
Aunque la investigación involucra hechos en distintas jurisdicciones, Rosario aparece como un punto central por el origen del acusado y por la intervención de la Unidad Fiscal Rosario. El caso, además, proyecta una dimensión regional y federal porque las víctimas fueron captadas en distintas provincias y los encuentros se concretaron en diversos puntos del país.
Hasta ahora hay ocho casos judicializados, pero la propia fiscalía considera que el número real de víctimas podría ser mayor. La pesquisa ya abarca referencias a Buenos Aires, Jujuy, Córdoba y Misiones, además de las localidades específicamente mencionadas en la ampliación de imputación.
La situación procesal de Núñez
Después de haber sido imputado en libertad en julio del año pasado, Gianfranco Gaspar Núñez fue nuevamente llevado a audiencia el 27 de marzo pasado ante el juez federal de Rosario Carlos Vera Barros. Allí se amplió la acusación, se incorporaron los nuevos hechos y se dispuso su detención por 90 días mientras avanza la investigación.
La fiscalía sostiene que los elementos reunidos hasta ahora permiten encuadrar la maniobra como una modalidad de trata de personas adaptada a entornos digitales. En esa definición, el rasgo distintivo no es solo la captación a través de redes sociales, sino el modo en que la explotación se prolonga en el tiempo mediante la circulación indefinida del material producido.
Para los fiscales, Núñez convirtió a las jóvenes en un producto monetizable para el consumo anónimo y masivo. Esa es, en términos del expediente, una de las claves para entender por qué el caso escaló desde una imputación inicial por tres hechos a una investigación más amplia, con ocho hechos formalmente atribuidos y una detención ya ordenada en la Justicia federal.
El Ministerio Público Fiscal en búsqueda de más víctimas
Ante la gravedad del caso, desde la Unidad Fiscal Rosario informaron que la investigación continúa en curso, en un proceso de recolección de nuevos testimonios, ante la posibilidad de que existan más víctimas en cualquier otra ciudad y/o provincia del país.
Para ello, puso en conocimiento que el número telefónico de contacto del Área de Atención y Acompañamiento a las Víctimas de la Unidad Fiscal Rosario es el +5493412859127 y que la casilla de correo electrónico es [email protected].
