Denuncian a un fiscal federal por "frenar" una causa

El fiscal federal Ricardo Moisés Vázquez fue denunciado por incumplimiento de los deberes de funcionario público por Carlos Razzetti, hijo de Constantino Razzetti, el dirigente peronista y vicepresidente del Banco Municipal asesinado por sicarios de la Triple A en Rosario en septiembre de 1973.

  "Denuncié al fiscal Vázquez porque no promueve la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.

  La causa Razzetti se encuentra virtualmente inmovilizada debido al casi nulo y escaso accionar del doctor Vázquez", abundó el denunciante a La Capital.

  "Vázquez no representa ni defiende el interés público en esta causa, no comprometiéndose con los dictámenes de sus superiores, como es el caso de Claudio Palacín, quien ordenó una «investigación rápida, ágil y diligente y que rompa el círculo vicioso en el que se encuentra desde hace 35 años la causa Razzetti»", agregó.

  "Cuando Vázquez formuló la requisitoria de instrucción de sumario, expresó que «A Razzetti lo privan de su libertad y lo matan de un tiro por la espalda», siendo lo cierto que según el expediente provincial 911 / 73 queda claro que a mi padre jamás lo privaron de su libertad y que falleció según la pericial forense de cinco impactos de bala calibre 9 milímetros y dos a mi madre que no le impactaron. Esto demuestra, por un lado que trabaja el señor fiscal sin leer el expediente, y por otro que pese a que uno le aclare por escrito este tipo de errores, el mismo jamás se rectifica. ¿Puede un fiscal investigar un homicidio catalogado como delito de lesa humanidad si no tiene conocimiento cabal de los hechos?", denunció Razzetti.

  La causa Razzetti lleva 35 años de inexplicable impunidad y entre las irregularidades el denunciante recordó la falta de citación de la mayoría de los testigos propuestos, a pesar de que algunos tienen una edad avanzada. "Ya se nos murió uno, que era Enrique Gorriarán Merlo. Menos mal que hicimos un aseguramiento de prueba", ejemplificó Razzetti.

  "Puede alegarse que existió y existe privación de Justicia al no permitir producir prueba tal como fuere descripto en el pedido de recusación al fiscal. No observa los deberes establecidos en la Constitución nacional y las leyes de la República, haciendo caso omiso a la normativa acerca del debido proceso", agregó el denunciante.

  "No custodió la seguridad de mi persona, pese a que me encuentro actualmente amenazado, con las denuncias legales pertinentes. No vela por la defensa de los derechos humanos siendo la causa de mi padre un delito de lesa humanidad, y por ende abierto en esta jurisdicción", abundó.