El Congreso activa sus mecanismos frente a la estafa que vincula al presidente Javier Milei

Mientras el oficialismo sigue en shock por la estafa en moneda cripto que involucra al presidente Javier Milei, la oposición en el Congreso se debate por estas horas qué paso debe seguir para clarificar la situación. Unión por la Patria (UP) ya avisó que pedirá el juicio política contra el libertario, seguido por la izquierda. En tanto, los denominados bloques dialoguistas se inclinan por crear una comisión investigadora.

El propio gobierno anunció anoche que la Oficina Anticorrupción (OA) iniciará una investigación para determinar si Milei incumplió la Ley de Etica (Nº 25.188), y en caso de detectar irregularidades, efectuará una denuncia penal ante la Justicia.

Pero más allá de esta suerte de investigación interna, la discusión sobre qué hacer frente a este escándalo que involucra al presidente ya se instaló en las entrañas del Congreso.

El PRO, que comanda Mauricio Macri, salió ayer a sentar posición: pidió una “investigación clara” del asunto, pero rechazó plegarse a un proceso de juicio político.

El PJ va por el juicio político

Los que sí ya tienen definido iniciar este trámite es el peronismo. La oposición dialoguista que se muestra proclive a aguardar las repercusiones del mercado y los próximos movimientos del Ejecutivo, en medio de demandas por doquier para que aparezca información que esclarezca el asunto.

“La participación de Milei en un delito de estafa cripto es de enorme gravedad. Es un escándalo sin precedentes. Nuestro bloque de diputados nacionales decidió avanzar en la presentación de un pedido de juicio político contra el Presidente de la Nación”, aseguró la bancada de Unión por la Patria en la Cámara baja, que comanda el rosarino Germán Martínez.

Como suele ocurrir en la mayoría de las ocasiones, gran parte de Unión por la Patria se plegó al mensaje de la red social X e intentó mostrarse unida, tras una quincena difícil para Martínez y el peronismo.

En la Cámara alta, el mensaje fue replicado por el interbloque que maneja el formoseño José Mayans. En ese sentido, dicho espacio señaló: “La ciudadanía debe estar informada de que esta Cámara es la encargada de juzgar en juicio político a quien primero es causado por la Cámara de Diputados, según el artículo 59 de la Constitución”.

La izquierda se plegó rápido a la estrategia del peronismo en Diputados e, incluso, fue más allá: a través de Nicolás del Caño, declaró que solicitará la “interpelación de Milei en el Congreso”, y que la misma se transmita “por cadena nacional”. El último recuerdo no es alegre, cuando desde ambas bancadas empujaron sin éxito el mismo procedimiento contra la Corte Suprema. Sobre un potencial juicio político contra Milei, también adhirió el socialismo, a través del diputado santafesino Esteban Paulón.

Cautela en el Congreso

A pesar del asombro y las críticas de las últimas horas al gobierno, la oposición dialoguista se mostró más cauta y, más allá del enojo, apunta a explicaciones inmediatas de los funcionarios, sin necesidad de hacerle el juego al peronismo con el juicio político. “¿Para qué arriesgarnos con eso si tenemos la posibilidad de pedir que vengan al Congreso la secretaria de Presidencia, Karina Milei, y otros ministros? Esta misma semana podríamos tenerlos acá. Hay personas que nunca hablaron. Es la oportunidad ideal para manejar algo de agenda”, reflexionó un experimentado diputado.

Esto se replica en el Senado. Por caso, el radical crítico de Milei Pablo Blanco anunció, horas atrás, la presentación de un proyecto de declaración para repudiar lo ocurrido y crear una comisión investigadora, que tendrá “un plazo de 180 días para llevar a cabo sus funciones, las cuales incluirán solicitar información, tomar declaraciones y denunciar ilícitos ante la justicia”.

Blanco manifestó: “El presidente proviene, por formación y trayectoria, del ámbito económico y financiero privado. Claramente no puede pretender defenderse diciendo que no conocía el proyecto. Si no lo conocía y lo avaló con su posteo promocional, es bastante grave; y si lo conocía, aún más. Presidente, víctima de sí mismo, no pudo con su ego. El es una figura pública que ya no es un simple panelista y debe entender que la honradez no sólo se declama, sino que debe ser demostrada con conductas que no generen dudas”.

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El diputado nacional de la Coalición Cívica (CC) Maximiliano Ferraro consideró que el juicio político que plantea parte de la oposición contra el presidente Javier Milei, luego de haber promocionado la moneda $Libra, la cual generó pérdidas millonarias, “no es una salida”.

Ferraro sostuvo que desde su espacio, liderado por Elisa Carrió, quieren garantizar el cumplimiento de la Justicia.

El legislador también se ofreció a “ponerse a disposición de la Justicia” para que se investigue la situación del mandatario nacional.

En la misma línea, agregó que “es importante” que la Oficina Anticorrupción (OA), dependiente del Poder Ejecutivo, determine que hacer.

“Esto es importante que lo determine la Oficina Anticorrupción. Es fundamental”, aseguró.

Por otro lado, incluyó al periodismo y expresó que “tiene que ayudar en la búsqueda de información”.

La creación de una comisión investigadora es, por ahora, la elección principal de la oposición dialoguista. Algo sobre lo que el oficialismo no tendrá margen de negar. En cambio, para un juicio político, Unión por la Patria (UP) esperaría el inicio de las sesiones ordinarias del 1º de marzo para ir al recinto y solicitar una moción de emplazamiento para que la comisión de Juicio Político analice el tema. Ahí no serán dos tercios, sino mayoría simple, como ocurrió en el pasado con Boleta Unica o la modificación de la ley que reglamenta los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Un frente espinoso para la Casa Rosada y Martín Menem.

Si llegase a ser dictaminada en la comisión de Juicio Político _si se pronuncia la mitad más uno de sus integrantes_, la acusación en el recinto sí precisará dos tercios. En caso de éxito, la misma pasará a la Cámara alta. El artículo 58 de la Constitución reza: “Al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para este acto. Cuando el acusado sea el presidente de la Nación, el Senado será presidido por el presidente de la Corte Suprema. Ninguno será declarado culpable sino a mayoría de los dos tercios de los miembros presentes”.