Diputados inició el tratamiento de proyectos para el aumento de penas por negacionismo

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados comenzó a debatir este miércoles por la tarde los proyectos de ley para aumentar las penas por manifestaciones y actitudes negacionistas de genocidio y de crímenes de lesa humanidad y la creación del Observatorio para la Convivencia Democrática.

Además de los proyectos sobre negacionismo también se analizará la incorporación de la figura del antisemitismo en la ley antidiscriminación.

Al abrir el plenario, el presidente de la comisión, Hugo Yasky, dijo que harán varias reuniones sobre negacionismo, sostuvo que "nos proponemos tratar de escuchar el arco posible más amplio y plural representativo de la sociedad" y destacó que Argentina "pudo construir una convivencia democrática basado en la política de memoria, verdad y justicia".

El debate sobre el negacionismo se reflotó a partir de los cuestionamientos de La Libertad Avanza (LLA) al número de desparecidos en la última dictadura cívico militar y las críticas a la política de derechos humanos de los últimos 40 años.

Yasky anunció que el martes concurrirán a exponer a la comisión integrantes de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y otras organizaciones de derechos humanos.

Entre los proyectos referidos a la penalidad del negacionismo se buscará aunar criterios sobre iniciativas de Marina Stilman (Coalición Cívica) y de los oficialistas Estela Hernández, Eduardo Fernández, Gisela Marziotta y Carolina Moisés, a partir de un borrador de consenso elaborado por el propio Yasky.

Uno de los proyectos, cuya autoría pertenece al cordobés Fernández, establece la modificación del artículo 213 para estipular que "será reprimido con prisión de tres meses a dos años quien públicamente niegue, apologice o reivindique la comisión de delitos respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad previstos por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y demás tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional a los que nuestro país adhiere".

En cuanto a los agravantes, prevé que: "Será sancionado con la destitución definitiva de su cargo e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el término de diez años, el funcionario público de cualquier Poder del Estado, jerarquía y jurisdicción, que durante el ejercicio de su función hubiere realizado manifestaciones públicas por las que niegue, apologice y/o reivindique la comisión de delitos respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad".