La vicepresidenta Cristina Kirchner quedó a un paso del sobreseimiento definitivo en la causa denominada ruta del dinero K, después de que la Afip y la UIF coincidieran con el dictamen exculpatorio del fiscal Guillermo Marijuan.
Foto: Archivo / La Capital.
La UIF y la Afip solicitaron el sobreseimiento de la titular del Senado de la Nación.
La vicepresidenta Cristina Kirchner quedó a un paso del sobreseimiento definitivo en la causa denominada ruta del dinero K, después de que la Afip y la UIF coincidieran con el dictamen exculpatorio del fiscal Guillermo Marijuan.
La Unidad de Información Financiera (UIF) y la agencia recaudadora Afip son querellantes en la causa y, tras el dictamen de Marijuan, eran las únicas que podían pedir la continuidad de la investigación, a contramano del criterio del fiscal.
Sin embargo, ambos organismo respondieron este viernes las vistas del juez federal Sebastián Casanello y coincidieron con el criterio exculpatorio de Marijuan.
De ese modo, la causa se quedó sin acusación y, según establece la norma procesal, frente a la falta de impulso de la acción penal el juez no puede sino dictar el sobreseimiento de los imputados.
Eso significa que la causa, que se inició en 2016 y que tiene entre sus imputados a Cristina y en la que ya fue condenado el empresario Lázaro Báez, se cerrará en el corto plazo en lo que concierne a la vicepresidenta.
A principios de abril de 2022, la titular del Senado nacional le pidió a Casanello su sobreseimiento definitivo en la causa en la que estaba en una situación procesal de falta de mérito.
Cristina fue indagada en ese expediente por orden de la Cámara Federal, ya que Casanello siempre consideró que no había elementos que la incriminaran en la maniobra.
La hipótesis acusatoria indicaba que el dinero que presuntamente lavó Báez era, en realidad, del matrimonio entre Néstor Kirchner y Cristina.
Recientemente, Marijuan, sobre la base de un fallo de la Cámara de Casación, desvinculó a la vicepresidenta de las maniobras de Báez.
“Si se considera que la descomunal masa de dinero que Báez lavaba con la compleja maniobra de exportar millones de divisas reingresándolas al país como una inversión, así como la compra de innumerables muebles e inmuebles, proviene sólo de la evasión fiscal y no de la asignación irregular de la obra pública direccionada a su favor, se aleja el centro de la escena delictual del poder político de esta causa de lavado de dinero”, dictaminó.
El caso fue la primera gran investigación de lavado de dinero de los tribunales de Comodoro Py. La instrucción la hizo Casanello y el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 4 dictó, hace dos años, una sentencia emblemática, con multas y decomisos sin precedentes, que fue confirmada en lo troncal por la Cámara de Casación.
El caso contra la vicepresidenta quedó ahora sin acusadores y su cierre es inminente. Cuando recibió el pedido de sobreseimiento del fiscal, Casanello lo envió a la UIF y la Afip para ver si sostenían la imputación, pero no lo hicieron.
En tanto, el diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC) Gerardo Milman designó abogado defensor en la causa que investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta, que lo tiene bajo la lupa por una supuesta alusión al hecho pronunciada días antes en un bar cercano al Congreso.
Milman designó a Manuel Barros, quien supo ser abogado de Gendarmería y habría tenido participación como letrado en el caso Maldonado, y la jueza federal María Eugenia Capuchetti lo tuvo por aceptado.
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