Una camioneta que había partido desde Resistencia, Chaco, con destino a la ciudad de Buenos Aires terminó en el centro de una causa federal por lavado de activos luego de que Gendarmería Nacional encontrara $357 millones ocultos en compartimientos especialmente acondicionados dentro del vehículo. Por ese episodio, ocurrido el 28 de marzo del año pasado sobre la ruta nacional 12, a la altura del paraje El Timbó, próximo a la localidad santafesina de Avellaneda, cuatro personas fueron formalmente imputadas en los últimos días.
El caso tuvo un giro clave casi un año después del operativo, cuando la Justicia avanzó con imputaciones contra el conductor de la Toyota Corolla Cross en la que iba escondido el dinero, dos accionistas de una empresa de Chaco y un cuarto sospechoso. Según sostuvo el Ministerio Público Fiscal, el transporte de ese volumen de efectivo no fue un hecho ocasional ni improvisado, sino parte de un esquema sostenido y coordinado.
Cómo descubrió Gendarmería los $357 millones ocultos en la camioneta
La escena que dio origen a la investigación dejó una frase que, con el correr de los meses, cobró otra dimensión. Cuando los gendarmes estaban por iniciar la inspección del vehículo, el conductor les dijo: “¡Por favor, no quiero que me rompan la camioneta. Déjenme mostrarles cómo se quita!”.
Se refería a los plásticos ubicados cerca de la palanca de cambios y del tablero. Los uniformados continuaron con la revisión y poco después encontraron el dinero escondido en distintos compartimientos del habitáculo.
De acuerdo con la investigación, los $357 millones estaban ocultos en sectores colocados en el tablero, detrás de la salida del aire acondicionado y del sistema de sonido, por debajo del volante y de la gaveta, y también en la zona de la palanca de cambios. No se trataba, por lo tanto, de una simple bolsa o un escondite precario: el vehículo había sido acondicionado para disimular el traslado del efectivo y evitar su detección en controles de ruta.
La imputación por lavado de activos y la sospecha de una operatoria regular
La causa está a cargo del fiscal Roberto Salum, titular de la Sede Fiscal Descentralizada de Reconquista, y del auxiliar fiscal Bruno Ojeda. En la audiencia en la que quedaron imputados los cuatro sospechosos, los representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron que la maniobra investigada “no se trató de un hecho aislado o circunstancial”.
Esa definición, difundida a través del sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, resume el eje de la acusación: para la fiscalía, el hombre que conducía el vehículo “no era un conductor improvisado”, sino que integraba “un circuito regular, reiterado y coordinado” en el que también participaban los otros tres imputados.
La sospecha judicial apunta a una estructura organizada para transportar dinero en efectivo, ocultarlo, darle apariencia de legalidad y luego insertarlo en el circuito formal mediante maniobras típicas de blanqueo. En ese marco, el fiscal Salum remarcó que el vehículo pertenecía a uno de los socios y administradores de la empresa investigada, identificado en la causa como P. M. T.
“El automóvil fue acondicionado para disimular el dinero con el fin de evitar que sea detectado en controles por parte de las fuerzas de seguridad”, se explicó en la información oficial.
La empresa bajo sospecha
Uno de los puntos que más llamó la atención de la fiscalía fue la documentación secuestrada al conductor. Según explicó Salum, los sospechosos habían preconstituido un escrito titulado “autorización para el uso de automóvil y administración de dinero”, en el que se habilitaba una suma de hasta 800 millones de pesos.
Ese documento, incautado durante el procedimiento, contaba con certificación notarial fechada el 20 de marzo de 2025. Para el fiscal, su finalidad era clara. “El objeto de esa autorización era una especie de resguardo en caso de que el dinero transportado de forma clandestina fuera descubierto en algún control”, afirmó.
La fiscalía sostuvo además que la investigación dejó al descubierto “una actividad habitual de la sociedad”, cuya estructura era utilizada para que el dinero transportado tuviera cierta apariencia de legitimidad y pudiera atravesar controles en ruta hasta llegar a destino. Una vez allí, según esa hipótesis, el efectivo era volcado al sistema legal mediante maniobras de blanqueo.
Viajes frecuentes, compraventa de divisas y una actividad no autorizada
Otro de los elementos que reforzó las sospechas fue la dinámica de circulación del vehículo. Según expuso el fiscal, la camioneta presentaba “una frecuencia inusual de viajes cada dos días” hacia Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para los investigadores, esa intensidad en los traslados no encontraba respaldo en ninguna de las actividades comerciales declaradas por la sociedad. Esa discordancia entre la operatoria real y la actividad formal declarada es uno de los pilares sobre los que se apoya la imputación.
En la audiencia también se atribuyó a los sospechosos, al menos entre 2024 y 2025, y de manera continua en un número indeterminado de operaciones, la compraventa de dólares y euros sin autorización, bajo la fachada de la empresa y con el objetivo de insertar posteriormente ese dinero en el circuito legal.
Según la acusación, esa actividad era desarrollada por la sociedad, sus dos socios y el conductor del vehículo, quien además ofrecía el servicio a través de comunicaciones telefónicas y atendía a clientes en las oficinas de la empresa.
El allanamiento en Chaco y los elementos secuestrados
La investigación sumó otro capítulo el mes pasado, cuando se realizó un allanamiento en la sede de la firma bajo sospecha. Allí se secuestraron 8 millones de pesos, dos máquinas contadoras de billetes con detector, seis llaves de distintos vehículos y talonarios de recibos y pagarés, tanto en pesos como en dólares estadounidenses.
Para la fiscalía, esos elementos son compatibles con una actividad de intermediación financiera no autorizada, específicamente en la modalidad de compraventa de divisas, desarrollada bajo la fachada de una empresa de repuestos y sin autorización del Banco Central de la República Argentina.
El Ministerio Público Fiscal sostuvo en la audiencia que la maniobra investigada fue ejecutada en el marco de “una estructura organizada utilizada para el transporte, ocultamiento y aplicación posterior de dinero de origen ilícito”, lo que constituiría un supuesto de lavado de activos por receptación, producto al menos en parte de esa intermediación financiera no autorizada.
Quiénes fueron imputados y qué resolvió el juez
Los dos accionistas de la empresa y el conductor del vehículo fueron imputados como coautores de los delitos de lavado de activos por receptación e intermediación financiera no autorizada. En tanto, el cuarto sospechoso fue acusado únicamente por lavado de activos.
La audiencia estuvo a cargo del juez de Garantías Aldo Mario Alurralde, quien dispuso sobre los imputados un embargo cautelar de 2.000 millones de pesos.
La causa quedó así formalmente encaminada sobre una hipótesis mucho más amplia que el hallazgo de dinero escondido en una camioneta. Para la fiscalía, lo detectado en la ruta 12, en el norte santafesino, fue apenas una parte visible de un engranaje más complejo que venía funcionando de manera sostenida.
