La condena estaba “cantada y escrita”, según todos pronósticos. Pero la sorpresa política la dio, otra vez, la vicepresidenta: denunció a la “mafia” judicial, mediática y política que la condenó en primera instancia a seis años de prisión y la imposibilitó a presentarse para cualquier cargo público y en simultáneo renunció a cualquier candidatura.
El sistema político, ahora sin Cristina Kirchner, incluida la oposición, queda en estado inconsistente, gaseoso. La democracia, tal cual la conocimos en los últimos 40 años, quedó debilitada y sin un destino cierto. ¿Puede la Argentina democrática continuar con Cristina judicialmente proscripta, el peronismo desvalido y con su lideresa principal fuera del juego político?
La condenada se corre, desafía al sistema que la sentenció y produce un acto sin precedentes que abre un enorme debate en la fuerza política de gobierno, y problematiza a un nivel hoy impredecible el futuro del próximo año electoral.
Se han roto los últimos hilos que venían suturando dificultosamente la convivencia democrática y empieza otro tiempo en la Argentina.
Con un acto definitivo, Cristina traslada la proscripción a un sector grande de la sociedad que ahora tendrá en sus manos construir su propio destino político. El peronismo afronta la delicada tarea de recrear una salida democrática al quiebre que se produjo este 6 de diciembre histórico. Y la oposición, que avala o celebra la condena a CFK, también tendrá que barajar y dar de nuevo luego de este renunciamiento (en parte voluntario, ya que la condena no está firme, y seguramente no lo estará para para cuando se concreten las candidaturas, en junio de 2023).
Sin dudas, la explosiva divulgación de los chats y audios telefónicos de una decena de altísimos funcionarios de la Justicia federal, funcionarios del PRO de la ciudad de Buenos Aires y agentes de inteligencia, todos convocados por la cúpula empresarial del principal medio de telecomunicaciones de la Argentina, le vino como anillo al dedo a la dos veces presidenta. De confirmarse la veracidad de esas extensas conversaciones en torno a un viaje a la mansión de magnate inglés Joe Lewis, quedaría materializada de un modo indubitable la promiscua relación entre esos factores del poder real, “el partido judicial”, lawfare, que manifiestan sin reparos su objeto perseguir y encarcelar opositores. Sin contar con elementos jurídicos que lo justifique.
La proscripción, como dimensión política, evoca un elemento clave en la historia nacional. A ese punto parece dirigirse Cristina. En el siglo XIX fue el destierro para figuras clave de la independencia y, en el XX, la proscripción a Juan Domingo Perón alteró sin solución el orden democrático por al menos tres décadas. Con el calamitoso desenlace la dictadura genocida de 1976.
En tanto, dirigentes del Frente de Todos (FdT), en estado de conmoción e indefensión, expresaron su contundente apoyo a la vicepresidenta.
“Una vez más la Justicia opera para perseguir y proscribir a la compañera Cristina. La causa es una mentira, por eso la sentencia ya estaba escrita. Como siempre, el pueblo peronista va a estar para acompañarla”, publicó el ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, en Twitter.
En sintonía, el interventor de la AFI, Agustín Rossi, subrayó: “No hay dudas sobre la inocencia de Cristina, víctima de una persecución política, judicial, mediática feroz, como las que recibieron en su momento Perón y Evita. La sentencia no es más que un burdo intento de proscripción”.
Por su parte, el dirigente bonaerense y referente de La Cámpora, Andrés Cuervo Larroque, también se expresó a través de las redes sociales: “Liquidaron la Justicia”.
La vicegobernadora de Santa Fe, Alejandra Rodenas, sentenció: “No es solo contra ella (por Cristina). Es contra nuestra democracia. Contra nuestra historia y nuestro presente”.
En tanto, el Partido Justicialista (PJ) bonaerense emitió un comunicado respaldando a Cristina y se declaró “en alerta” frente al avance del “entramado mediático-judicial” sobre dirigentes del peronismo.