Con duras críticas, la oposición tomó distancia del proyecto de defensa de la soberanía nacional

Pese a que el presidente Javier Milei convocó a todo el arco político que integra el Congreso para acelerar la aprobación del proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional, la oposición tomó distancia de la iniciativa con duras críticas.

El proyecto fue enviado al Congreso con el objetivo de “proteger los derechos soberanos de la República Argentina”, según indicó la Oficina del Presidente (Opra) a través de un comunicado oficial.

El gobierno presentó el proyecto como parte del proceso de recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Y sostiene la iniciativa sobre tres pilares: castigar a quienes explotan recursos naturales de modo ilegítimo, generar incentivos para que cesen esas conductas y brindar herramientas al Estado frente a amenazas externas.

El proyecto propone derogar el régimen establecido por la ley Nº 26.659, sancionada en 2011, y reemplazarlo por un esquema más severo.

Críticas de la oposición

No obstante, referentes de distintos sectores de la oposición rechazaron la propuesta que incluye sanciones económicas a empresas que operen ilegalmente en las Malvinas, pero también -entre otros puntos- autoriza a las Fuerzas Armadas a involucrarse en cuestiones de seguridad interior y tipifica como delito la “manipulación de la opinión pública”.

Esteban Paulón, diputado nacional por Santa Fe (Provincias Unidas, PU) aseguró este jueves que el gobierno utiliza “una causa noble y sentida” con el objetivo de “concentrar poder”.

“El proyecto implica un riesgo para la democracia. Detrás de una causa sentida y el llamado a la unidad nacional, Milei busca concentrar todo el poder en materia de seguridad pública, desdibujar el rol del Congreso, instalar un estado generalizado de sospecha, habilitar la persecución y la caza de brujas (ya intentado en redacción de la ley de lobby), involucrar a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior y arrogarse competencias de materia judicial”, enumeró el socialista.

Otro representante de Santa Fe, el exministro de Defensa y actual diputado de Unión por la Patria (UP) Agustín Rossi, definió al proyecto como una “ley ómnibus” y consideró que se trata de “una trampa”, ya que bajo la excusa de sancionar a empresas que operen ilegalmente en las Malvinas pretenden “modificar el sistema de seguridad nacional por vías indirectas”.

“Veo una trampa clara: pretenden incorporar el Consejo de Seguridad Nacional en el marco del aumento de penas para las empresas que realicen actividades económicas con permiso en las islas”, evaluó el también exjefe de Gabinete, que advirtió que existe una estrategia del gobierno para condicionar el voto de los diferentes apartados.

El Ejecutivo había argumentado que la Argentina debe contar con “un marco normativo integral y coordinado” para defender su soberanía y fortalecer sus capacidades institucionales frente a las amenazas actuales.

A su turno, el dirigente del Partido Obrero y del Frente de Izquierda Gabriel Solano utilizó el sarcasmo para criticar el proyecto.

“Milei debería ir preso si se aprueba el proyecto de ley de soberanía sobre Malvinas. Establece condenas para la intervención extranjera en un proceso electoral. ¡Decime qué intervención más grosera que la de Donald Trump y Scott Bessent el año pasado con 10.000 millones del Tesoro yanqui!”, lanzó.

Aludió, de ese modo, al auxilio financiero otorgado a la Argentina en 2025 por el presidente de Estados Unidos y su secretario del Tesoro.