El Senado santafesino convirtió este jueves en ley el proyecto que establece la prohibición de la actividad de cuidacoches en toda la provincia. La iniciativa contó con 16 votos a favor y tuvo tres ausencias. De esta manera se lograron ampliamente los dos tercios necesarios que necesitaba para confirmar la cámara de origen de la iniciativa. Con este nueva norma se modifica el Código de Convivencia de la provincia (también conocido como Código de Faltas) para establecer sanciones y hasta penas de 15 días de arresto a quienes infrinjan la norma. Cada municipio deberá adherir a la ley para ponerla en práctica.
Con la votación en la tarde de este jueves, la Cámara alta incorpora tres nuevos artículos al Código de Convivencia. El artículo 66 bis impone la prohibición para quien ofrezca espacios de estacionamiento, guarda, cuidado, lavado o limpieza de vehículos en la vía pública sin autorización y cuando esté prohibido por normativa local. La sanción abre la opción de cumplir la pena con trabajo comunitario de 2 a 10 días, junto a la prohibición de concurrencia al lugar donde se identificó la irregularidad.
En los casos de reincidencia se introduce la pena de arresto de 10 a 20 días; y con el agravante de duplicar la pena a quien ejerza violencia o amenazas hacia personas o bienes. La prohibición recae en zonas de estacionamiento tarifado o gestionadas por entes autorizados; en hasta 20 cuadras de eventos masivos (2 horas antes y 1 hora después). También agravantes por desigualdad de género, edad, discapacidad o vulnerabilidad y si se ejerce la actividad en horario nocturno (18 a 6) o zonas escolares, bancarias, comerciales o edificios públicos.
La modificación también introduce la figura de organización criminal. Si hay organización o acuerdo previo entre dos o más personas el arresto será de 10 a 20 días. Si se acreditan organizadores, coordinadores o responsables: hasta el cuádruple del mínimo y máximo.
Algo importante a destacar: los municipios son los actores contravencionales exclusivos, sin perjuicio del querellante particular. En cuanto al rol de la policía, cada municipio puede solicitar intervención policial por vía ministerial para hacer cesar el estado antijurídico mediante el desplazamiento de los infractores.
Abordaje social
El Ejecutivo deberá implementar acciones de prevención e inclusión social: capacitación, formación en oficios, intermediación laboral y abordaje de salud mental y consumos problemáticos. Y se prioriza articulación con gobiernos locales, al tiempo que se insta a los municipios a desarrollar esas acciones en sus competencias, también acuerdos con gobiernos locales y entidades públicas y privadas.
"Esto no nació en un escritorio ni de una alucinación. Nació en los mensajes, comentarios, reclamos que nos mandaron cientos de vecinos y vecinas. Nació en las casi 20 llamadas diarias solo al 911 denunciado extorsión, en los comerciantes que perdieron clientes por miedo. En las mujeres que nos contaron que pagan para no tener problemas en un semáforo . En Rosario, vecinos de barrio España y Hospitales tuvieron que pedirlo a través de un pasacalle. No es una ley que nos hace felices, pero sí es dejar de ignorar el pedido de los santafesinos. Por eso esta ley la construimos, sobre todo escuchando”, expresó el autor de la iniciativa el senador por el departamento Rosario Ciro Seisas para acotar: "Cada ciudad va a poder diseñar su propia ordenanza según su realidad. Rosario no es Reconquista. Santa Fe no es Rafaela. Lo que unifica a todas es el objetivo: recuperar el espacio público para los vecinos y darle una salida real a quien quiere dejar el circuito."
Pero con la ley, todavía falta mucho por recorrer. “Con esta ley no se termina nada, lo dijimos desde un principio, ahora empieza un proceso que va a llevar su tiempo hasta regularizar la situación. En Rosario reemplazar la tracción a sangre llevó mas de 3 años. Lo que hicimos fue generar una herramienta que hasta hoy no existía y que termina con un gris que solo beneficia a bandas extorsivas. A partir de esta ley, los municipios que adhieran y prohíban la actividad van a contar con un soporte legal y el acompañamiento del estado provincial con las fuerzas de seguridad cuando amerite”, cerró Seisas.
