Cinco militares acusados de volar la fábrica de Río tercero, más cerca del juicio oral

Buenos Aires.- Cinco ex integrantes de Fabricaciones Militares quedaron más cerca del banquillo por la voladura del arsenal de Río Tercero, ya que la Cámara de Apelaciones de Córdoba les confirmó hoy el procesamiento por estrago doloso agravado por la explosión que en noviembre de 1995 provocó la muerte de siete personas.

La Cámara avaló las pruebas que apuntan contra Carlos Franke, Edberto González De la Vega, Jorge Cornejo Torino, Oscar Quiroga y Marcelo Gatto, ex militares que trabajaban en la fábrica y confirmó sus procesamientos, sin prisión preventiva, como presuntos coautores del delito de estrago doloso agravado por muerte, que prevé penas de 8 a 20 años de cárcel.

Ahora, el juez subrogante de Río Cuarto, Oscar Valentinuzzi, que había dictado esta resolución, debe resolver si procesa, sobresee o establece la falta de mérito del ex presidente y senador Carlos Menem y del ex jefe del Ejército y actual embajador en  Colombia, Martín Balza, entre otros.

En un fallo de 93 páginas, los camaristas Ignacio María Vélez Funes, Luis Roberto Rueda y María Alba Iriarte de Lofiego, integrantes de la Sala A de la Cámara Federal de Río Cuarto, rechazaron los argumentos de las defensas de los imputados para rechazar las pruebas que los vinculan a la explosión.

Incluso los abogados se quejaron también de que el caso de la explosión de Río Tercero hubiera sido considerado un delito de  lesa humanidad, una arista que permitiría que la causa no prescriba.

A “casi trece años del suceso que originó esta causa, la labor del juzgado ha agotado la totalidad de las medidas instructorias  que, razonable y legalmente, han resultado conducentes para alcanzar la verdad real de lo acontecido”, sostuvo el fallo.

Para la Fiscalía y para el juez Valentinuzzi, la hipótesis principal es que la explosión de la planta militar fue intencional para tapar los faltantes del armamento que se habría vendido ilegalmente a Croacia y Ecuador.

Los magistrados, además, dejaron en claro que no hay dudas de que para la Justicia la explosión que ocurrió en Río Tercero el 3  de noviembre de 1995 no fue una casualidad.

“Tras más de doce años de instrucción y más de diecinueve mil fojas de expediente, si algo puede afirmarse categóricamente, sin incurrir en dogmatismo alguno es que nada de lo acontecido en la Fábrica Militar de Río Tercero el 3 de noviembre de 1995 puede atribuirse a accidente, descuido o casualidad”, se advirtió en el fallo.

Bajo estos argumentos, la Sala A de la Cámara Federal de Río Cuarto ratificó la resolución que había dictado Valentinuzzi en  octubre del año pasado, y confirmó los embargos de 200 mil pesos que dos de los imputados habían cuestionado.

Así, confirmó los procesamientos por estrago doloso agravado de Cornejo Torino, director de la Fábrica Militar de Río Tercero  cuando se produjo el siniestro, y de su segundo Quiroga.

González de la Vega y Franke eran directivos de la Dirección General de Fabricaciones Militares que dependía del Ministerio de  Defensa y el mayor Diego Gatto, en tanto, estaba a cargo de la División Producción Mecánica de la planta cordobesa.

Ahora se espera que Valentinuzzi resuelva la situación procesal de Menem y de Balza.

A fin del año pasado, Menem se presentó espontáneamente en el juzgado para rechazar los cargos en su contra, mientras que  después de varias citaciones fallidas Balza compareció el 30 de abril en Río Cuarto para decir que no tenía “la más mínima idea” sobre la voladura de la fábrica.

También se espera que se resuelvan las situaciones procesales del teniente general Raúl Julio Gómez Sabaini, el general Antolín Mosquera, el coronel Jorge Jesús Ezcurra, el general Máximo Rosendo Groba, el ex secretario de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa de la Nación, Jorge Baeza, y el entonces subinterventor de Fabricaciones Militares, Norberto Emanuel.

Si alguno de ellos fuese finalmente procesado por estos hechos, se descuenta que podría desatarse una avalancha de apelaciones e incidentes procesales, lo que podría prolongar aún más el proceso judicial. (DyN)