Foto: Archivo / La Capital.
Pablo Farías (presidente de la Cámara baja) y Rubén Weder.
¿El Ministerio de Seguridad provincial espió ilegalmente a funcionarios, políticos, legisladores y periodistas durante la gestión de Marcelo Sain, como presume el MPA y, por eso, lo investiga? Si no fue para responder al menos “sí”, para dar indicios de qué ha encontrado hasta el momento, el fiscal de Estado santafesino, Rubén Weder, concurrió ayer a Diputados —que lo había citado la semana pasada—.
La expectativa por la presencia del fiscal fue tal que la reunión se hizo en el recinto por la cantidad de asistentes: entre 22 y 25 diputados. Casi la mitad de los miembros que integran la Cámara baja.
A la investigación del MPA le siguió una significativa decisión del Ejecutivo, cuando el gobernador Omar Perotti instruyó a Weder que abriera un sumario para averiguar si fue cierto el espionaje ilegal.
Encima, cuando el MPA allanó las oficinas de la ex cartera de Sain y se llevó toda la documentación, Perotti dictó un decreto ordenando a Weder que se presentara a la provincia como querellante en la causa para no perder contacto con todo ese material.
Fue por ese devenir, y a instancias del diputado peronista Luis Rubeo, quien recibió la adhesión de todos su pares, que la Cámara baja decidió citar a Weder.
Con el recinto y oficinas principales cerradas a cal y canto, la prensa tuvo que esperar en el hall hasta que terminase la larga reunión, que sobrepasó las dos horas de duración.
Aunque no fue poco lo que se habló en todo ese rato, dos definiciones de Weder que fueron reveladas por Rubeo en un comunicado resumirían lo que el funcionario dijo intramuros. También coincidieron en ello otros diputados, como Carlos Del Frade.
“¿Usted, con lo que lleva visto, piensa que hubo o no espionaje ilegal?, preguntó Del Frade a Weder, conforme contó a La Capital el mismo diputado.
El fiscal respondió a título personal: “Mi sensación es que no hubo investigaciones ilegales”. Y aclaró que habrá que ver si la investigación judicial llega a esa conclusión o confirma la presunción de la comisión de delitos. Rubeo, por su parte, ratificó ese diálogo .
Rubeo también confirmó que, sin la documentación que se llevó al MPA en el allanamiento, el sumario administrativo se enfoca en los “testimonios de treinta personas (funcionarios y empleados de Seguridad), que actualmente se analizan”.
Weder dejó latente que está hablando con testigos que podrían ser directos o indirectos de los hechos actualmente bajo la lupa.
Más allá de agradecer la presencia y predisposición del fiscal, Rubeo no ocultó su ofuscación por el hecho de que el sumario quedase reducido actualmente a esos testimonios.
“El gobierno llega tarde para llevar las cuestiones administrativas que, en su momento, ordenó Perotti ya que la mayoría de la documentación había sido relevada por el MPA”, se quejó.
Al quedar la investigación administrativa centrada en las testimoniales, los diputados le pidieron a Weder que les hiciera conocer quiénes son los declarantes, qué dijeron en sus respuestas y cuál es el cuestionario que respondieron.
De hecho, a esas declaraciones también, contó el fiscal, el MPA se las llevó, pero prometió que las devolverá para que Weder pueda continuar con el sumario.
Del Frade afirmó que el fiscal dijo que, aunque a su entender no hubo espionaje ilegal, “existen zonas grises y que eso lo dilucidará la Justicia”.
Otra cuestión relevante es que Weder aseveró que se dará curso a todas las apelaciones presentadas por las partes, así que en breve la población podrá conocer qué hay de la supuesta prueba documental sobre la comisión de espionaje ilegal.
“Agradecí su presencia al fiscal, le dije que entendía su situación como un callejón sin salida y que, con el sumario, el gobernador había hecho fulbito para la tribuna. También les dije a los diputados del Frente Progresista (FAP) citados como presuntos damnificados, con quienes me solidaricé desde un comienzo, que esa citación es por la presunción y, hasta que ésta se convirtiera en certeza, no significa que hubo espionaje ilegal”, sentenció Del Frade.
El gobierno de Santa Fe modificó la resolución dictada para profundizar la investigación sobre el homicidio en la final de la Liga Cañadense
Por Gustavo Conti
