La situación denunciada en el colegio Verbo Encarnado, a partir de la difusión de imágenes de alumnas manipuladas con inteligencia artificial (IA), no hace más que reflejar las cifras alarmantes de violencia digital y de género en la región y el país, una problemática que afecta a las mujeres en un 9 3%. Además, el 39 % de los casos nacionales se concentra en la región Centro, donde se encuentran Santa Fe y Rosario. Un dato y una problemática de época que interpelan a las autoridades educativas y familiares para debatir en profundidad sobre la Educación Sexual Integral (ESI), cuya implementación en los establecimientos es dispar, según se advirtió.
El último relevamiento de 2026 realizado por la ONG Data Género, al precisar cómo se distribuyen las distintas formas de violencia digital según identidad de género y orientación sexual, señala que el 93 % de la muestra se identifica como mujer, mientras que un 1 % es no binario, un 1 % varón trans y un 0,3 % mujer trans o travesti. No obstante, un informe elaborado en 2024 por el Ministerio Público Fiscal registró 1.458 reportes de acoso a través de medios telemáticos durante ese año.
Violencia digital: varones, en menor medida
Sin embargo, los datos reflejan que los varones también son vulnerables a este tipo de acosos, ya que representan el 5 % del total de la muestra. Respecto de la orientación sexual, el 79 % se identifica como heterosexual, el 14 % como bisexual, el 4 % como lesbiana y el 3 % restante está conformado por personas pansexuales, gays y de otras orientaciones.
Desde 2023, el país comenzó a tipificar la violencia digital o telemática a partir de la aprobación de la ley Olimpia, a la que luego se sumó la ley Ema, tanto en Santa Fe como en la provincia de Buenos Aires.
Santa Fe aprobó la primera ley del país contra la violencia digital en escuelas
Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital
La muestra presenta una distribución amplia a nivel regional: la región Centro —donde se encuentran Rosario y la provincia— encabeza la nómina con un 39 %; le siguen el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), con el 26%; el NOA, con el 12%; el NEA, con el 9 %; la Patagonia, con el 8 %; y Cuyo, con el 7 %.
En relación con la edad, la mayor proporción de personas encuestadas se concentra en los grupos de 25 a 39 años (47 %) y de 40 a 59 años (39 %). El 10 % corresponde a personas de entre 15 y 24 años, mientras que solo el 4% tiene 60 años o más.
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"Lo que más nos llama la atención es la reproducción de la violencia y el tratamiento como forma de disciplinamiento y hostigamiento que experimenta la violencia digital, pese a las leyes Olimpia y Ema", señaló a La Capital la concejala justicialista María José Poncino, autora del proyecto de adhesión a nivel local de la ley Ema.
En ese sentido, apuntó: "Notamos que la violencia digital no es algo que pasa sólo en las redes, sino que genera consecuencias concretas en nuestras vidas. Es en ese momento cuando una mujer deja de opinar por miedo a los ataques, y eso es algo que nos está afectando".
Poncino señaló que los datos muestran que la violencia digital afecta especialmente a quienes padecen más desigualdades, una problemática que hoy se complejiza con la inteligencia artificial. "Es una pelea a largo plazo porque el Estado tiene que participar en la regulación del uso de plataformas y no culpabilizar a quienes son víctimas de este tipo de violencia cuando hay otros que deciden incidir sobre nuestros cuerpos y nuestra autonomía. Los relevamientos dan cuenta justamente de eso", planteó.
La llamada Ley Olimpia que incorpora la violencia digital a la ley 26.485 sobre Protección Integral a las Mujeres.
En ese contexto, mencionó la ESI digital, que debería funcionar como herramienta de prevención. "A 20 años de la creación de la ESI, tenemos una necesidad y demanda considerable porque hay colegios que la desarrollan y otros que todavía no la llevan a cabo", señaló.
Asimismo, resaltó la importancia de la ley Ema al asegurar que "no viene a generar una carga más, sino a acercar una herramienta para utilizar en estas situaciones, interpelando a adolescentes y juventudes".
"En este momento político, la promoción de la violencia se ve reflejada desde el jefe de Estado hacia abajo, desde las redes sociales y en todos los medios, sin límites", cuestionó.
Violencia digital de género en el colegio Verbo Encarnado
En lo que respecta al caso ocurrido en el colegio Verbo Encarnado, la directora de Gestión Privada del Ministerio de Educación provincial, Analía Massera, confirmó que dos familias se presentaron este miércoles para denunciar que un grupo de estudiantes de primer año hizo circular imágenes de alumnas confeccionadas o modificadas con inteligencia artificial (un fenómeno conocido como deepfake).
Por el hecho intervino la cartera educativa a través del Gabinete Socioeducativo, mientras que la escuela activó el protocolo correspondiente previsto en la ley Ema y citó a las familias de los alumnos involucrados, quienes fueron apartados del establecimiento de manera preventiva hasta que culmine la investigación.
Una vez finalizada la indagación, el colegio continuará con el abordaje pedagógico y se aplicarán las sanciones correspondientes, según precisó Massera, quien aseguró que "es la primera situación que ocurre" en la gestión privada, al menos de la que se tenga conocimiento.
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A raíz de este caso, el colegio prohibió desde este viernes el uso de teléfonos celulares. La medida trascendió en el macrocentro de Rosario a partir de un aviso sobre la viralización de fotos de alumnas de nivel secundario tomadas sin su consentimiento.
Por otra parte, las autoridades de la escuela pidieron tiempo y paciencia para abordar el caso "con la relevancia y seriedad que lo amerita". En esa línea, añadieron: "Las prisas y las exigencias de una resolución inmediata y drástica pueden llevarnos a equivocarnos y nos desvían del objetivo que todos tenemos".
El colegio garantizó la atención a todas las familias del nivel secundario para charlar sobre el tema con cita previa. Sus representantes plantearon la necesidad de frenar la viralización "de forma inmediata", así como de "fortalecer las medidas de cuidado y la responsabilidad civil" de todas las partes.
"Sabemos que los entornos digitales cambian rápidamente y, muchas veces, los chicos y chicas no dimensionan la gravedad legal o el sufrimiento que pueden causar al compartir un mensaje, un video o un comentario, mucho menos los alcances que hoy adquiere una conducta así", concluyeron.
