El Senado de la Nación votó este jueves el proyecto que aumenta las jubilaciones 8,1 puntos porcentuales y pliega su actualización mensual al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que ya tuvo media sanción en la Cámara de Diputados con dos tercios y que el presidente Javier Milei afirmó que vetará.
El proyecto en general fue aprobado por 61 votos a favor y ocho en contra, entre los que estuvieron los siete senadores de La Libertad Avanza (LLA) y Carmen Alvarez Rivero (PRO).
El radicalismo intentó establecer modificaciones de último momento a la redacción, que el peronismo no aceptó argumentando que dilataría el aumento de ingresos a los jubilados. La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, se ausentó al momento de la votación.
El inicio de la discusión en el hemiciclo se demoró varios minutos porque Alvarez Rivero, presidenta de la comisión de Previsión Social, se había negado ejercer el rol de miembro informante del proyecto.
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Por lo tanto, la presentación del proyecto, que cuenta solo con trece artículos y que consiguió ser dictaminado por una mayoría construida por el kirchnerismo, radicales y un bloque federal, quedó en manos del senador Mariano Recalde (Caba), de Unión por la Patria (UP).
El proyecto
Además del aumento de 8,1 y el cambio en la fórmula de actualización, la iniciativa contempla que, en marzo de cada año, se aplicará una suba de 50 por ciento de la variación de la de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) por sobre la variación del IPC del año anterior.
A su vez, dispone que la Ansés “garantizará, para el caso de las personas que perciban un solo beneficio, el pago de una prestación con un suplemento dinerario de carácter alimentario, de modo tal que los ingresos totales no sean menores al último valor de la canasta básica total por adulto multiplicado por 1,09”.
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También instruye a la institución a que cancele la totalidad de las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales “no fueron transferidos al Estado nacional (caso Santa Fe), como también con los beneficiarios que cuenten con sentencia firme, dentro de los seis meses de la promulgación de esta ley”.
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Su eventual aprobación significaría un gasto de 0,43 por ciento, según especificó un estudio realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
No obstante, Milei aseguró que utilizaría, por primera vez, su facultad de veto. El jefe del Estado calificó como “degenerados fiscales” a los diputados cuando le dieron luz verde al proyecto. La Casa Rosada no quería sufrir otro traspié parlamentario.
En ese sentido, la senadora nacional de UP Juliana Di Tullio salió con los tapones de punta contra Milei. Es “un degenerado social” que construyó un “escenario con el 55,5 por ciento de pobres”, acusó la legisladora.