"Ni la Convención Americana de los Derechos Humanos, ni la de los Derechos del Niño, ni el artículo 75 de la Constitución Nacional son un obstáculo para que se pueda legalizar el aborto", advirtió la senadora por Santa Fe María de los Angeles Sacnun, a pocas horas de que Cámara alta convirtiera en ley la interrupción voluntaria del embarazo por 38 votos a favor y 29 en contra, y anticipándose a la embestida judicial anunciada por sectores que se oponen a la norma. La legisladora celebró el "histórico debate" vivido en el Senado y consideró que "el Estado ya no podrá barrer el problema debajo de la alfombra".
El de Sacnun fue uno de los dos votos santafesinos que recibió la legalización. El segundo fue el del senador Roberto Mirabella, mientras que Carlos Reutemann votó en contra.
Durante el debate, en su discurso, la senadora aludió precisamente a la constitucionalidad de la norma, uno de los fundamentos esgrimidos por los sectores que se opusieron a la ley y que amenazan llevar el tema a la Justicia. "La Constitución no es un texto muerto. Se va recreando de acuerdo a la interpretación de los Tribunales, con el propio Congreso de la Nación dictando leyes que reglamenten el ejercicio de las garantías, derechos y deberes que establece la misma Constitución", explicó.
Y consideró que ni el texto de la Carta Magna ni los de los tratados internacionales como las convenciones de los Derechos Humanos o de los Derechos del Niño representan un óbice para la ley recientemente sancionada.
En cambio, resaltó que el resultado de la votación fue la conclusión de un trabajo que llevó dos años. Empezó después de que se rechazara la propuesta de interrupción legal del embarazo que había logrado la aprobación de Diputados en 2018. "Quienes acompañamos la ley en ese momento, iniciamos un diálogo con otras senadoras y senadoras, y también nos aseguramos que cuando llegara a la Cámara la iniciativa contemplara los planteos que nos venían haciendo legisladores y legisladoras que necesitábamos que lo apoyen".
—¿Cómo definiría el día de hoy?
—Fue una jornada especial. Quienes vivimos el 2018, cuando el proyecto de legalización fracasó en el Senado, entendimos que habíamos dejado una semilla que teníamos que retomar y hacer germinar. Creo que a diferencia de hace dos años pudimos también poner el eje en cuál era la verdadera discusión. Que no estábamos poniendo en debate nuestras creencias personales, ni nuestros valores, sino que el Estado asuma un problema de las mujeres, que deje de barrer el tema del aborto debajo de la alfombra.
—¿Lo que se tradujo fuertemente en la consigna no es aborto si o aborto no, es legal o clandestino?
—Fue una tarea muy importante del colectivo de mujeres instalar esta discusión en el verdadero debate. Lograr mostrar que el eje era entre clandestino y legal, independientemente del sistema de creencias personales de cada uno.
—¿Viene de una familia católica?
—Y yo también soy cristiana, pero tengo que asumir mi rol de representación institucional de todo el pueblo santafesino. Y garantizar que nadie obture los derechos de nadie. Las mujeres que quieren seguir adelante con su embarazo no tienen un problema; el problema lo tienen las mujeres que por decidir que su embarazo no es viable son criminalizadas, penalizadas o estigmatizadas. Ese es el problema. Por eso me siento orgullosa de esta votación, porque fue el resultado de mucho trabajo previo, y estoy orgullosa de haber sumado un grano de arena para ese resultado porque claramente creo que ayudamos a construir una sociedad más justa.
—Con la ley aprobada, ¿cuál es la tarea que queda por delante? Se habló mucho en el debate sobre las diferencias que existen en distintas provincias del país en el acceso a educación sexual o a métodos anticonceptivos en el sistema de salud, por ejemplo.
—Creo que es fundamental hacer efectivo ese derecho en todo el país. La interrupción legal del embarazo por causales existe desde 1921. Sin embargo, hay provincias que aún no adhirieron a los protocolos para garantizar estas prácticas. Creo que el mayor desafío es lograr que no existan mujeres que por nacer en un lugar determinado, por vivir en una provincia determinada, se le nieguen derechos.
