Cuando los investigadores buscan a los responsables de algún ilícito optan por varios rumbos, pero uno seguro es ir tras la ruta del dinero. Con ese objetivo el fiscal Federal de la ciudad de Santa Fe, Walter Rodríguez, inició una investigación sobre lavado de activos proveniente del narcotráfico y la constitución de empresas apócrifas que desembocó en una serie de controles por parte de la Inspección General de Justicia (IGJ), órgano estatal que controla las sociedades comerciales. Ese trabajo derivó en el hallazgo de unas 40 empresas anotadas como Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS) que facturaron unos 731 millones de pesos y que tendrían vínculos con narcos santafesinos, entre ellos la banda de Los Monos.
Según un informe que se dio a conocer en el portal Ambito.com y el informe elaborado por el fiscal Rodríguez al que tuvo acceso este diario, las SAS (figura jurídica aprobada en 2017 durante la gestión de Mauricio Macri) investigadas emitieron unas 8.500 facturas apócrifas.
La investigación inicial surgió luego de que una avioneta proveniente de Paraguay con unos 200 kilos de cocaína se estrellara en un camino rural cercano a San Justo, 100 kilómetros al norte de Santa Fe, el 22 de febrero de 2020. A partir de ese incidente el fiscal vinculó ese cargamento a Lorena Melgarejo y Claudio Casco, una pareja santafesina ligada al negocio narco.
El fiscal determinó que la pareja (aún prófuga) era parte de varias SAS entrelazadas, lo que derivó en una nueva pesquisa. Así determinó que había dos delitos conectados: por un lado la utilización de sociedades como vehículos financieros para blanquear el dinero originado en el narcotráfico y por otro la existencia de una asociación ilícita tributaria.
La prueba reunida reconstruyó una red de relaciones entre ellas: los socios se repetían al igual que los administradores y los representantes legales. También se reiteran las direcciones IP de las computadoras utilizadas para emitir las facturas y se verificó que varias de las SAS tenía domicilio en Rosario, por ejemplo en una finca de Melián al 6400 que aparece vinculado a hechos delictivos relacionados con Los Monos.
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Además se verificó un hilo conductor entre Casco y Melgarejo, sus socios en distintas personas jurídicas y Ariel “Guille” Cantero, el líder de Los Monos. Para el fiscal, el encarcelamiento de los referentes del negocio del narcotráfico, el reordenamiento del negocio ilegal y sus mecanismos para legitimar activos ilícitos pudieron generar la selección de otra variante para blanquear activos y se planteó la utilización de SAS o SRL y cuentas bancarias asociadas al menos entre marzo 2018 y abril de 2020.
A través de las SAS la banda no solo consiguió blanquear el capital, sino también acceder a beneficios fiscales que la ley de apoyo al emprendedor otorga a este tipo de sociedades. Según Ricardo Nissen, titular de la IGJ: “El registro de las SAS se realizó en el Ministerio de Modernización, que no tiene ningún tipo de experiencia en el control del lavado de activos. Y por ley, el capital para constituirlas puede ser mínimo, a tal punto que las hay con un capital inicial de 5 mil pesos y muchas SAS con domicilios ficticios”.
Las SAS investigadas son Agro Molino, Despertar del Norte, Zero Cool Informática, Stelle Framing, Construpool, Full car Doctor, All Agro, Mediterráneo Distribuidora y Flete Total, entre otras. Algunas las conformaban los mismos titulares con residencia en Rosario y en la ciudad de Buenos Aires.
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En tanto, muchos de los domicilios declarados como sede de las SAS en la Ciudad de Buenos Aires fueron constatados por los inspectores del IGJ y se encontraron con que algunos eran inexistentes y otros eran casas particulares de personas en situación de vulnerabilidad sin contacto con las sociedades ni con una historia empresaria. Según la AFIP, estas empresas no contaban con personal ni bienes muebles o inmuebles para llevar adelante la actividad denunciada ni contaban con acreditaciones bancarias que guarden relación con la facturación.
De acuerdo al documento emitido por la IGJ, al inscribir esas sociedades no hubo ningún tipo de control por parte del Estado y al verificarse los “papeles” se determinó que “ninguna dio cumplimiento con la normativa vigente. Las SAS son un fraude, se crean en 24 horas, se usan y se tiran. Son un modelo para enmascarar sociedades ficticias”, dijo en septiembre del año pasado Nissen en la Cámara de Diputados.
Las SAS fueron una herramienta jurídica creada en 2017 para la simplificación de trámites y flexibilización tributaria para emprendedores. Pero su mala aplicación abrió las puertas a que bandas delictivas las utilicen para lavar dinero.
