En febrero pasado una avioneta que procedía desde Paraguay con 200 kilos de droga aterrizó de modo forzoso en un camino rural de San Justo. Eso llevó a juicio a dos personas y mantiene prófugas a otras dos de la ciudad de Santa Fe para quien, se estableció, era la carga de la avioneta. Una investigación económica estableció que estos dos fugitivos están ligados a una usina de facturas truchas en distintas provincias que estafó al Estado en 731 millones de pesos. Eso generó 16 allanamientos en Rosario entre ellos, a una mutual de zona sur, donde la requisa duró más de diez horas.
Como consecuencia de estos operativos quedaron detenidas ocho personas. Contra todos se pidió la inhibición general de sus bienes por los delitos económicos que se les presume.
La trama fue descubierta por el fiscal federal de Santa Fe Walter Rodríguez. La pesquisa conectó a las dos personas de la capital provincial actualmente prófugas, Lorena Melgarejo y Claudio “Pulga” Casco, con una red dedicada al fraude fiscal mediante la utilización de SAS (Sociedades de Acciones Simplificadas), un mecanismo impulsado por ley en 2017, que permite crear una empresa en 24 horas, con requisitos y controles mínimos. Lo que las convierte en un posible instrumento para ser usado con fines delictivos
Las empresas vinculadas a los dos prófugos en Rosario llamaron la atención por no tener acreditaciones bancarias que coincidieran con las facturas emitidas. Tampoco retenciones que demostraran una actividad comercial real. Se determinó que los domicilios de estas firmas eran en varios casos inexistentes. Y que algunos de ellos tenían relación con posibles puntos de venta de droga al menudeo que, indicó Rodríguez, “se encontrarían asociados a la banda narco criminal vulgarmente conocida como Los Monos”.
¿Cómo se concreta el delito económico? De dos maneras. La primera es comprando las facturas apócrifas para simular con ellas compras inexistentes de modo de tener que pagar menos a la Afip y generar saldos a favor del que las usa. Otra es para reducir con esas compras truchas el monto a pagar por impuesto a las ganancias de las ventas declaradas.
Los sospechosos allanados cumplían dos roles. Uno era encargarse de constituir las SAS. Los otros tenían el rol de comercializar las facturas truchas a nombre de esas empresas inscriptas legalmente pero inexistentes. Al advertir la red de personas vinculadas, el fiscal Rodríguez determinó que un total de 1381 contribuyentes que se habrían beneficiado de estas maniobras en 18 provincias. Los allanamientos fueron 30 de los cuales 16 se hicieron en Rosario.
Uno de los lugares allanados en Rosario es la Mutual 23 de Julio, de San Martín al 2300. Allí Carla M., tesorera de la entidad, y Patricio C., presidente, están sospechados de haber emitido facturas truchas por más de 7 millones de pesos. El Organismo de Investigaciones y la TOE se llevaron de allí más de 5 millones de pesos en efectivo, además de documentación informática y contable. Otro lugar allanado es en Laprida al 2500 donde Juan A. emitió facturas apócrifas por más de 3 millones de pesos.
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Pero en muchos casos se encontró en esta red domicilios de personas de muy baja condición socioeconómica. Por ejemplo en Pasaje Público 1658 al 7600 donde completaron facturas por 8.092.488, o en Pasaje 1220 al 3900. Hubo otra requisa en Juan Manuel de Rosas al 3600 en una propiedad de Jorge W. Ese domicilio fue sugestivamente declarado como sede social de la firma Melcas SRL, constituida por los prófugos Melgarejo y Casco, los supuestos receptores del cargamento de la narcoavioneta averiada en febrero.
En uno de los domicilios allanados se encontró un BMW que tenía pedido de captura de parte de la fiscal Valeria Haurigot a raíz de maniobras de dos empresarios (uno de ellos un ex rubgier) del grupo Praga imputados por múltiples estafas en operaciones de compraventa de autos en febrero pasado.
Hubo allanamientos en dos domicilios de Villa Gobernador Gálvez (Pasaje 3 al 1500 y Filippini 1136) del sospechado Eduardo G. por facturación apócrifa. También dos viviendas en zona sur, una en barrio La Granada y otra en barrio Matheu, donde reside Basilio O. Y en un departamento de Rioja al 1400 donde fue requerida Luciana B.
Hubo allanamientos también en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Corrientes, Chaco, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luís, Tucumán y Neuquén. La trama que se aprovechó de estas maniobras incluye a 1381 contribuyentes a partir de más de 40 usinas de facturas truchas.
