POLICIALES

La trama de las facturas por las que apresaron a los socios de un corralón

Son un abogado y un empleado municipal que estarían ligados a sociedades que defraudaron al fisco por más de $ 730 millones provenientes del narco

Domingo 18 de Octubre de 2020

La investigación que lleva adelante el fiscal federal de Santa Fe Walter Rodríguez sobre una asociación dedicada al fraude fiscal mediante la utilización de unas 40 Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS), un mecanismo impulsado por ley en 2017 y que permite crear una empresa en 24 horas con requisitos y controles mínimos, derivó en dos nuevos allanamientos en Rosario y en la detención de un abogado y un empleado municipal que serían socios de un corralón de venta de materiales de construcción.

La historia que terminó con el arresto del abogado Lisandro D. y del empleado municipal Pascual C. es un desprendimiento de una investigación que el fiscal Rodríguez inició el 22 de febrero pasado cuando una avioneta cargada con droga llegó desde Paraguay a un camino rural del departamento San Justo, 260 kilómetros al norte de Rosario.

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En aquel momento fueron apresados y procesados por confabulación el piloto de la aeronave, un paraguayo identificado como Juan Adrián Fleitas González; y el ex policía provincial Carlos Alberto “Pipi” Maldonado. Entonces se supo que la droga con la que llegó la avioneta y que fue retirada del lugar antes de que las fuerzas de seguridad actuaran tenían como destino a una pareja de la capital de la provincia sobre la cual pesa un pedido de captura nacional e internacional. Se trata de Lorena Melgarejo y Claudio “Pulga” Casco, dos narcos santafesinos que operan desde hace años en esa ciudad y en la vecina localidad de Laguna Paiva pero que también tendrían lazos con narcos del sur santafesino, más precisamente con la banda de Los Monos.

En ese sentido, el avance de la investigación le permitió al fiscal Rodríguez con la ayuda del Organismo de Investigaciones (OI) del Ministerio Público de la Acusación construir un mapa de relaciones hasta llegar a tener indicios de cómo se lavaba el dinero obtenido del narcotráfico.

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Así pusieron bajo la lupa una asociación dedicada al fraude fiscal mediante la utilización de SAS y personas físicas que entre 2018 y mayo de 2020 emitieron 8.544 facturas por 731.485.352 pesos en 18 provincias.

En ese marco el pasado 29 de septiembre se hicieron 16 allanamientos en Rosario y fueron detenidas ocho personas sobre las cuales se pidió la inhibición de sus bienes. El principal procedimiento se realizó en la mutual 23 de Julio, en San Martín al 2300, de donde los pesquisas se llevaron documentación que vincularía el accionar de la entidad a las SAS bajo la lupa. Allí la tesorera Carla M. y el presidente Patricio C., quedaron sospechados de haber emitido facturas truchas por más de 7 millones de pesos. Los pesquisas incautaron en el lugar más de 5 millones de pesos en efectivo, documentación informática y contable. Otro lugar allanado fue en Laprida al 2500 donde Juan A. emitió facturas apócrifas por unos $ 3 millones.

Pero la investigación no se paralizó y hubo nuevos allanamientos en los que fueron apresados el abogado Lisandro D. y el empleado municipal Pascual C. quienes serían socios en un corralón de venta de materiales de construcción. En ese sentido, el dictamen fiscal asegura que entre el 28 y el 30 de mayo de 2019 los ahora detenidos emitieron 107 comprobantes por un poco más de 8 millones de pesos.

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De acuerdo a lo trascendido, el secuestro del celular de Pascual C. en los allanamientos del 29 de septiembre permitió detectar un afinado contacto con el abogado Lisandro D. y saber que el primero emitía los comprobantes truchos desde una IP asignada a la hija de su actual pareja, utilizando las claves fiscales de las SAS creadas para comprar ilegalmente créditos fiscales.

Según lo publicado por el portal santafesino zonacríticaonline.com, tras las detenciones del empleado municipal y el abogado, pesquisas del OI secuestraron documentación del corralón de venta de materiales de construcción y acciones cedidas a una tercera persona, además de escrituras de inmuebles en Rosario y Funes y permisos para conducir tres camionetas de alta gama.

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