El juicio a la banda de Los Monos siguió indagando ayer sobre el circuito económico atribuido a la organización surgida en barrio Las Flores. Con la declaración de un gestor de trámites automotores y de una abogada de concesionarias, la fiscalía pasó lista de los vehículos que utilizaban algunos de los imputados o sus familiares. Entre otros casos se expuso que una de las acusadas, pareja del procesado Ramón "Monchi" Machuca, compró cuatro autos por unos 200 mil pesos entre 2008 y 2009, y dos licencias de taxis.
Con este recorrido, los fiscales apuntaron una vez más al armado del circuito económico de Los Monos. Un aspecto de la asociación ilícita que ya se abordó el lunes con las declaraciones de vendedores de casas y constructores que dieron detalles de transacciones realizadas con los líderes del grupo.
Incluso, para los fiscales queda claro que algunos policías acusados de brindar protección a la banda no contaban con poder adquisitivo legítimo para obtenerlos. Los defensores, por su parte, remarcaron que las transacciones fueron previas al período comprendido entre abril-junio de 2013, cuando según el procesamiento se concentró la actividad de la asociación ilícita.
Sin embargo, el eje de la 15ª jornada del juicio a la banda giró sobre la compra de los vehículos que le secuestraron al clan Cantero y a sus laderos. Un gestor que inscribía autos a integrantes del grupo declaró que realizaba trámites, entre otros, para Mariano Ruiz, condenado en un juicio abreviado en 2015 como "agente financiero" de la banda.
De poca memoria, el gestor debió documentarse con la declaración informativa (es decir bajo leve sospecha) en la instrucción de la causa. En el juicio expuso como testigo y dijo que a nombre de Ruiz registró un Audi Q3, otro a nombre de su hermano Agustín (procesado en esta causa) y también a nombre de su pareja, Lorena Schneider, un Audi C3. A Gorosito, pareja de "Monchi", le patentó un Peugeot 308 y que lo vio al frente a un Citroen DS3 cuando realizaba uno de esos trámites.
La abogada Gabriela A., en tanto, es apoderada de una decena de concesionarias de autos de la ciudad. Ayer, en el juicio, confirmó oficios que había respondido al juzgado que investigó a la banda sobre venta de autos o servicios prestados. El rastreo por los sistemas informáticos de las empresas arrojó que Silvana Gorosito (pareja de "Monchi" Machuca) compró en la concesionaria Centro un Renault Clio por 42.700 pesos en 2008, un Renault Logan por unos 46 mil pesos en junio de 2009 y por 56 mil pesos otro Logan en enero de 2011.
En Pesado Castro, según la abogada, Gorosito compró en julio de 2009 un Volkswagen Bora que pagaron ella y Mariano Salomón, procesado como segunda línea de la banda que compraba y vendía autos para lavar plata de la organización.
Gorosito está acusada como supuesta "testaferro" del grupo a partir de una investigación de su estado patrimonial y procesada por tener a su nombre dos taxis Renault Logan (comprados en Centro), un Citroën DS3, un Volkswagen Bora TDI adquirido en Pesado Castro y una casa de Hilarión de la Quintana al 1100.
Esos bienes, para la acusación, no se condicen con su situación patrimonial, ya que de septiembre de 2007 a enero de 2011 fue beneficiaria del Programa de Seguridad Alimentaria de la provincia, algo que fue ratificado por la testigo Sabrina Arcamone, de la Subsecretaría Legal y Técnica de Desarrollo Social.
Por último, la abogada de concesionarias indicó que en Pesado Castro Machuca dejó en 2011 una seña de 500 pesos para la compra de otro VW Bora, pero anuló la operación.
Por la tarde declaró Marcelo Gamboni, actual director del Centro Municipal de Distrito Sur, quien en 2013 ocupaba el cargo de director general de Fiscalización de Transporte. Desde allí, a pedido de la Justicia, elevaron un informe en el que indicaban que el 3 de julio de 2009 y el 21 de julio de 2011, Gorosito se había hecho de las licencias de taxis RA1866 y 3062. Gamboni detalló que hoy el trámite de transferencia de las licencias ordinarias cuesta 120 mil pesos, un 20 por ciento más que entonces.
testaferro. Bajo esa figura está acusada Silvana Gorosito, pareja de "Monchi" Cantero y titular de varios vehículos.
Un informe patrimonial bajo la lupa y un testigo cuestionado
Un testigo presenciando la audiencia antes de declarar abrió un debate en torno a la incorporación al juicio de un documento de suma importancia para la fiscalía a la hora de acusar a Los Monos. Se trata de un informe de la Dirección de Análisis Patrimonial en el que se da cuenta de las propiedades que la familia Cantero tenía a su nombre y de testaferros.
El último testigo que ayer debía hablar el juicio no dijo muchas palabras, pero el debate sobre si estaba autorizado a hacerlo llevó casi dos horas. Se trata del licenciado Alejandro Elías, director de la Dirección de Análisis Patrimonial del Ministerio de Seguridad. La repartición nació en 2012 bajo la órbita de la Subsecretaría de Delitos Económicos y hoy depende de la Subsecretaría de Investigación Criminal y Policías Especiales.
Elías fue citado como testigo para reconocer su firma en un informe y explicar cómo se había elaborado. El documento, de más de 90 carillas, es un análisis patrimonial del núcleo duro de Los Monos. El trabajo implicó un seguimiento por organismos tributarios, entidades financieras e instituciones de bienes registrables al cabo del cual se determinó que los principales actores de la banda no inscribieron dominios a su nombre sino que los delegaron a testaferros.
El punto central del informe es que los sindicados líderes de la banda no están inscriptos ante la Afip (salvo "Monchi", registrado como vendedor de abono), no tienen empleos registrados y casi no poseyeron bienes propios. Sin embargo, se plantea que los Cantero se valieron de un esquema de relaciones para no poner a su nombre bienes que, sin embargo, detentaban.
Cuando el presidente del Tribunal, Ismael Manfrín, llamó al testigo (el último previsto para ayer) desde la Secretaría explicaron que Elías había tenido un "entredicho personal" con un policía porque durante la mañana había ingresado a la sala en la que el público sigue el juicio y, a través de las pantallas, vio a algunas de las personas que prestaron declaración antes que él.
Ese incidente viola las disposiciones del artículo 180 del Código Procesal Penal de Santa Fe, que habla de la incomunicación de los testigos y establece que "antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí ni con otras personas. No podrán presenciar el debate, salvo que sea imprescindible".
En ese contexto, el fiscal Gonzalo Fernández Bussy remarcó que la finalidad de la declaración de Elías era dar cuenta del informe incorporado en la causa durante la instrucción.
Las defensas esgrimieron la situación como justificación para que el informe no se incorpore en el debate oral. Y el juez Manfrín consideró en un primer momento que el testigo no declarara. Pero el Tribunal en pleno, después de que la fiscalía lo solicitara, resolvió lo contrario. "Del análisis del artículo 180 se desprende que no es aplicable a cualquiera. Hay testigos que vienen a dar cuenta de hechos vivenciados y otros que vienen a ratificar objetos confeccionados. El testigo se ubica en la segunda categoría, si su testimonio es el reconocimiento de la firma del escrito hecho por él", reza la resolución. Así, Elías reconoció su firma y el informe quedó incorporado aunque varios abogados consideraron vulnerado el ejercicio de la defensa y una contradicción con el proceso oral.
