Una característica particular del entramado criminal de Rosario, sacudida por la violencia en los últimos años, es que propició la transformación de presos comunes en líderes de bandas organizadas desde la cárcel. La historia de Pablo Nicolás Camino servirá como ejemplo: cayó por un homicidio de 2015 ocurrido en una disputa barrial y una vez preso nadie impidió su alianza con jefes narco, su consolidación como líder de dos bandas y su influencia en varios de crímenes resonantes. Parte de ese prontuario incluye la sentencia a 16 años que recibió este martes en un juicio abreviado, acumulando ya la condena de 40 años de prisión.
Pablo Nicolás Camino, pronto a cumplir 30 años, es conocido en las crónicas policiales desde hace casi una década. Primero por matar a tiros a un joven en la zona oeste y luego por emboscar y asesinar en la cárcel de Coronda al preso Ariel “Tubi” Segovia. Pero fue durante 2023 que su nombre comenzó a cobrar relevancia cuando, ya con varios años tras las rejas, lo imputaron como jefe de una banda y sospechoso de instigar 18 balaceras extorsiones y 5 homicidios. Entre esos crímenes hubo víctimas de todo tipo: de grupos rivales, de su propia banda e incluso personas ajenas a algún conflicto como fue el caso del músico Lorenzo “Jimi” Altamirano.
Un abreviado
Cómo llegó este recluso a convertirse en un referente con tanta capacidad de incidencia en los territorios de Rosario, siempre desde la cárcel, es uno de los tantos interrogantes que mantiene en la oscuridad una parte de la historia criminal de Rosario. Algo de eso tal vez pudo ponerse sobre la mesa en otra causa contra Camino, anterior a la última acusación por aquellos crímenes resonantes del último tiempo. Se trata de otra acusación por liderar una asociación ilícita que para el fiscal que investigó, Pablo Socca, funcionó desde que marzo de 2020 a octubre de 2021.
La causa culminó con la firma de un acuerdo abreviado, por lo cual no hubo juicio oral y Camino aceptó la condena a 16 años de prisión. Con las condenas previas, deberá cumplir un total de 40 años de prisión efectiva. Todavía tiene abierto un legajo por la otra banda que lideró, desde la cual instigó homicidios por los que está imputado con una calificación que prevé la pena de prisión perpetua.
El primer delito por el cual fue condenado es el de liderar una asociación ilícita destinada a distintas actividades ilegales. En ese marco se incluyen los otros hechos atribuidos. Coautor de una tentativa de extorsión junto con amenazas calificadas, instigador de una intimidación pública con abuso de armas, una tentativa de robo agravado por efracción y usurpación, una extorsión consumada y dos hechos de amenaza coactivas calificadas por uso de armas y por haberse cometido con el objetivo de obtener alguna concesión del poder público. Estos últimos tienen que ver con dos ataques a sedes del Servicio Penitenciario ocurridos entre mayo y junio de 2022.
Desde la cárcel
En su descripción acerca de cómo se originó la investigación, el fiscal Socca mencionó que tanto la Justicia federal como la provincial habían advertido un incremento de la violencia en el barrio Godoy, zona oeste de Rosario. Los investigadores percibieron “una fotografía del barrio que se fue modificando mes a mes”. “Fundamentalmente por el contexto violento que padece esa zona, que se enmarca en la constante intención de un grupo criminal de ejercer el dominio en el territorio”, explicaba Socca en la causa.
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En ese marco, como en tanto otros barrios, aparecieron los nombres propios más conocidos en la criminalidad rosarina vinculada al comercio de estupefacientes. Parte del territorio que comprende al barrio Godoy estaba bajo el mando un grupo vinculado a Esteban Alvarado y organizado por Nicolás “Fino” Ocampo, finalmente asesinado en abril de 2021. Un crimen que fue llevado a juicio este año y por el cual condenaron como instigador a un recluso catalogado como un administrador de sicarios al mejor postor, no vinculado puntualmente a ninguna banda.
Luego del asesinato de Ocampo, notaron los investigadores, ocurrieron otros hechos violentos “que desplazaron completamente” a quienes trabajaban para Fino. “Las intervenciones telefónicas de las personas vinculadas a Alvarado y Ocampo nos permitieron advertir que quien ordenaba la ejecución de esos hechos violentos era Pablo Nicolás Camino”, plantea la acusación del fiscal Socca.
Hombre de Los Monos
Con Camino en la mira, la Justicia peritó uno de los teléfonos que había usado en 2020. Allí surgió información de que había organizado una banda para ganar ese territorio. Todo, según describió el fiscal, por orden del líder de Los Monos, Ariel Máximo “Guille” Cantero, y su hombre de confianza -también referente de la barra brava de Newell´s- Leandro “Pollo” Vinardi.
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Con ese trasfondo fue que durante 2020 y 2021 se acentuó una disputa violenta en el barrio Godoy y alrededores, donde en pocos meses los fiscales registraron 23 balaceras y 12 homicidios. Algunos de esos hechos fueron atribuidos a Camino, parte de la acusación como líder de asociación ilícita por la cual fue condenado este martes.
Camino contaba con recursos económicos para poder ejercer su rol desde la cárcel. No solo para poner bajo su mando a gatilleros, sino también para coimear a la policía. Así quedó claro en uno de los casos ventilados en esta causa. Una mujer a la que le habían baleado la casa, con la intención de que la abandonara, y que mientras estaba realizando la denuncia comenzaron a desvalijarla. Que cuando la policía llegó al lugar se encontró con dos personas dentro, pero que no quedaron detenidos. La mujer comprendió lo que había ocurrido cuando Camino se comunicó con ella. “Vos ahora vas a pagar lo que yo perdí. Yo perdí 30 mil pesos con la yuta para que me liberen a los dos pibes porque tenían pedido de captura”, contó la víctima sobre la comunicación que tuvo con Camino.
Carrera consolidada
En 2021 la Justicia advirtió que Pablo Nicolás Camino se había afirmado desde la cárcel como líder de una banda que había promovido la violencia en Rosario. No bastó para evitar que continuara por esa vía y dos años después volvió a estar al mando de un grupo que se cargó varios homicidios y ataques intimidatorios.
En junio de 2023, y ya habiendo sido trasladado a la cárcel de Rawson, Camino volvió a ser imputado como jefe de una asociación ilícita. Para entonces era evidente que había incrementado su poder: la Justicia ya lo ubicaba al frente de una subestructura de Los Monos. En esa ocasión el trasfondo fue una supuesta disputa entre facciones de esa banda por una deuda de varios miles de dólares correspondiente a un cargamento de droga perdido.
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En ese contexto a Camino le imputaron haber instigado cinco homicidios y 18 balaceras y extorsiones. Algunas de ellas de mucha trascendencia, con la finalidad de generar conmoción pública y perjudicar los negocios de la barra de Newell’s que manejaba, y todavía lo hace, la facción rival. El caso testigo fue la balacera contra el supermercado Único de la familia de Antonela Rocuzzo, ocurrido el 2 de marzo de 2023.
Los cinco homicidios por los que Camino fue imputado como instigador ocurrieron en un mes y describen la perversión con la que pudo manejarse a pesar de estar preso. A Lorenzo “Jimi” Altamirano lo secuestraron para matarlo y dejar entre sus prendas un mensaje por aquella disputa entre barras de la que era ajeno. A Victorio Echavarría, que formaba parte de su grupo pero quiso desistir, lo engañaron y terminaron matándolo a traición. A Jorge Maturano, según la acusación, Camino lo mandó a matar y luego pidió que atacaran a tiros a quienes asistieron a su velorio, donde resultó muerto Pablo Latorre. Por último, pocos días después, fue asesinado el comerciante Wilson Silveira en un caso sobre el que todavía hay muy poca claridad.
