Un camarista denunció haber recibido llamadas amenazantes

Santa Fe. — El juez de la Cámara Penal de esta ciudad Julio De Olazábal, quien estuvo a cargo de la investigación sobre el presunto mal desempeño de tres de sus colegas, denunció que el último fin de semana recibió varias llamadas telefónicas a las que calificó como intimidatorias. Se trataron de comunicaciones realizadas el sábado último a su domicilio particular en varias oportunidades y que se cortaron abruptamente ni bien el tubo del teléfono era levantado.

El caso de De Olazábal se suma al del procurador general de la Corte Suprema de Justicia, Agustín Bassó, quien denunció una idéntica intimidación el miércoles de la semana pasada. Esa situación, que también tuvo como escenario la casa del funcionario, volvió a repetirse este último fin de semana.

Investigación. De Olazábal radicó la denuncia ante el juez de Instrucción Rubén Saurín, y destacó el particular interés en molestar que tuvieron las llamadas a su casa. En ese sentido remarcó que se trata de una situación que no sólo lo perjudica a él, sino a toda su familia.

El camarista santafesino llevó adelante la investigación sobre el desempeño del juez penal de Sentencia Mauricio Frois y del de instrucción Pedro Guevara cuando era fiscal. Sobre esos funcionarios existen sospechas de que hayan incurrido en delitos como prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público o abuso de autoridad.

A raíz de esa investigación, Bassó y el juez correccional Julio Giavedoni concretaron la semana pasada el pedido formal para la apertura de un juicio político contra Frois y Guevara, lo cual abriría la posibilidad de restituirlos, y de esa manera perderían los fueros y podrían ser investigados.

El proceso que encabezó De Olazábal y la solicitud de Bassó son el único punto de contacto que existe entre ambos funcionarios. Además aparece un tercer elemento, a esta altura imposible de obviar: los llamados telefónicos amenazantes comenzaron justo después de conocerse la noticia sobre el pedido de juicio político, que puede terminar con la destitución de ambos jueces.

La investigación sobre la actuación de esos magistrados determinó que entre 2006 y 2007 prescribieron en el juzgado de Frois alrededor de 600 causas: en 306 expedientes no fueron respetados los plazos impuestos procesales, y en otros 287 fueron detectadas irregularidades en la tramitación. Siguiendo con los guarismos del informe, en 125 de esos casos, el juez solicitó los informes penales de los sospechosos de cometer delitos, y en 122 no hubo informes del Registro Nacional de Reincidencias. Por último, de 142 causas que prescribieron, el juzgado no actualizó los datos de los imputados a pesar de existir información de la existencia de otros casos y presumirse su participación en distintos delitos.

Mismos actores. Uno de los datos más relevantes que expuso el trabajo de De Olazábal fue que en la mayoría de las prescripciones que dictó el juez Mauricio Frois actuó el ex fiscal y actual juez Pedro Guevara. Cuando toda esa información trascendió, el camarista y el jefe de los fiscales recibieron llamados amenazantes.

Bassó ya había sido amenazado telefónicamente la noche del miércoles, poco después de haber solicitado el juicio político para tres magistrados de la capital. Además de los ya mencionados Guevara y Frois, que habían sido investigados por la Cámara de Apelaciones en lo Penal, el Procurador hacía hecho lo propio con Julio Clementín, juez de la ciudad de Tostado, sobre quien pesan tres denuncias por acoso sexual.