Tres policías que están acusados de apremios ilegales contra un grupo de jóvenes quedaron en libertad hasta la sustanciación del juicio luego de ser beneficiados por una medida judicial que les revocó la prisión preventiva.
Los policiales beneficiados con la medida son Diego Ojeda, Leonel Romero y Roberto Salinas, quienes están acusados de detener de manera ilegal y de maltratar hasta la tortura a un grupo de siete jóvenes el 23 de marzo pasado en la zona de las Cuatro Plazas, en Mendoza y Provincias Unidas.
La resolución de la jueza María Melania Carrara está relacionada con el desestimiento por parte de la fiscal Karina Bartocci del planteo de las querellas, y quien aceptó el pedido de las defensas para que los tres policías dejaran de estar en calidad de detenidos y esperaran el juicio en libertad.
El hecho tuvo lugar el pasado 23 de marzo, cuando un grupo de jóvenes estaba reunido en las Cuatro Plazas de Provincias Unidas y Mendoza cuando llegaron varios móviles del Comando Radioeléctrico y de la Policía de Acción Táctica (PAT).
Los agentes bajaron de las patrullas y sin ningún cargo y en medio de gritos, los patearon, les pegaron, los insultaron y tras cargarlos en los móviles, diez minutos después los dejaron en la seccional 14ª ubicada a sólo 100 metros del lugar. Allí estuvieron demorados más de 14 horas y en el acta 2316/18 escrita por un sumariante a las 5 de la mañana del viernes consta que no presentaban "peligrosidad" y que no encontraron entre sus pertenencias objetos fuera de lo común.
Ante esta resolución judicial, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh Rosario) expresó que "en la audiencia por la prórroga de la prisión preventiva impuesta a los tres policías imputados por las lesiones ocasionadas a Sasha Ventura, la querella del equipo jurídico de APDH Rosario solicitó el mantenimiento de la misma por 90 días, mientras la fiscal pidió la libertad".
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Así quedó uno de los chicos agredidos tras los apremios a los que fue sometido por los policías.
"En consecuencia, como era esperable ante este cambio inesperado de la postura de la fiscal, la jueza otorgó la libertad a los agentes policiales", señalaron.
“Los abogados de la organización que representamos a las víctimas expresamos nuestro profundo desacuerdo con la posición de la Fiscalía. Seguimos adelante con la investigación en la convicción de llegar a una condena justa”, expresaron al finalizar la audiencia.
Entre los considerandos de la resolución figuran: obligación de someterse al cuidado y control de la División de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad provincial; prohibición de salir del país; obligación de presentarse cada quince días en la sede del Ministerio Público de la Acusación; prohibición de acercamiento absoluta a las víctimas.
