La causa por tráfico de armas que se inició esta semana por parte de la Fiscalía provincial con asistencia de las fuerzas federales arrojó no solo el secuestro de armamento, sino que también detectó una gran cantidad de dinero, 10 kilos de marihuana y un torno de alta precisión. La audiencia imputativa, que se iba a llevar adelante el jueves para los ocho detenidos en el hecho fue suspendida para el lunes.
Pese al hermetismo que rodea a la causa, trascendió que en los 29 allanamientos, además de las detenciones, se logró secuestrar 66 escopetas y fusiles, entre ellos un Kalashnikov y 56 revólveres y pistolas, en su mayoría se trata de armas de guerra. Además se decomisaron 17.600.000 pesos y 123 mil dólares en efectivo. También se incautó un torno para la fabricación de piezas de armas de fuego que se habría usado para el reciclaje de armas y el arreglo general de armamentos, además de drogas y elementos para un vivero indoor.
La investigación comenzó en abril de 2024 cuando desde el Ministerio de Seguridad de la Nación realizaron un relevamiento de las armas vendidas y registradas por distintas armerías de Rosario. En ese trabajo encontraron que personas que mantenían deudas incobrables en bancos oficiales y privados y monotributistas de todas las categorías habían adquirido armas para caza mayor, habitualmente usadas en nuestro país para la caza de jabalí. En el operativo se detuvo a ocho personas que serán imputadas el lunes y aún resta capturar a un prófugo del que se comprobó que compró más de 25 millones de pesos en armas en el último año y medio y tiene como único trabajo como operario de una fábrica de lámparas.
Testaferros de armas
Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación indicaron que se trata de una investigación para atacar de lleno a los testaferros de armas.
Las armas involucradas en estas maniobras fueron peritadas y varias de ellas estaban conectadas a hechos violentos. “Detectamos vinculación de estos compradores con organizaciones criminales conocidas o bien otras más chicas que son tributarias de las más conocidas públicamente", señalaron las fuentes.
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Pero no sólo se secuestraron armas. Se identificó a 13 personas que efectuaron más de cinco compras de armas de fuego, en su mayoría calibre .40 y .9 milímetros. Se revisaron 122 armas, se incautó un chaleco antibalas, 100 cartuchos de bala calibre .40 mm, 2810 cartuchos de bala calibre .9 mm, 1000 cartuchos de escopeta e identificaron a más de un centenar que no se encontraban en los domicilios declarados.
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El torno hallado en uno de los allanamientos.
La causa además se liga al tema narco ya que en las casas allanadas se secuestraron 10 kilos marihuana, elementos para armado de dos viveros del tipo indoor para cultivo de cannabis y diez teléfonos celulares, además de los millones de pesos argentinos y los más de 120 mil dólares mencionados.
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El fiscal provincial Gastón Ávila, titular del Equipo de Trabajo para el Abordaje Estratégico de Armas de Fuego, tuvo un primer acceso, al identificar por medio de un trabajo de inteligencia llevado a cabo en el contexto del Plan Bandera, la información fundamental sobre compradores de armas y de municiones que manejaban grandes cantidades, que debe y tiene que quedar escrita en los formularios que después deben ser elevados a la Agencia de Materiales Controlados (ex Registro Nacional de Armas), y precisamente de esa compulsa administrativa surgieron, para el fiscal Ávila, los primeros atisbos de incongruencia entre la cantidad de armas y de municiones que fueron compradas por una sola persona.
Antecedente
En mayo de 2021, desde Fiscalía descubrieron la actividad de una banda comercializadora informal de armas poderosas en la que tenían participación policías de la Unidad Regional II.
En una requisa localizaron diez pistolas en un depósito de barrio Saladillo. En ese caso quedó implicado José Luis Andino, de 48 años, imputado por manejar el galpón donde se surtía de armamento a distintos grupos. En esa causa se constató que Andino había comprado, en una sola operación, 21 mil balas en la armería Bordoni, de bulevar Seguí al 1700, propiedad de un comisario mayor retirado de la policía provincial.
También se determinó que pagó por otras seis mil balas en una sola jornada de noviembre del año pasado. Sus compras, solamente en 2020, totalizaron dos millones de pesos. Lo que se llevaba eran mayormente balas para armas .9, .38 y .45 milímetros. En ese entonces, la armería mencionada, que fue allanada esta semana, también fue objeto de investigación.
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Las crónicas policiales sobre el tema de las armas en Rosario publicadas en La Capital identificaron como "fuentes de acceso al mercado ilegal de armas" tres variables. Las armas robadas a usuarios registrados, las denunciadas por policías como extraviadas o robadas y las que ingresan ilegalmente al país. En tanto en las mismas crónicas distintos especialistas sostienen que "no existen investigaciones específicas sobre la ruta de las armas de fuego a disposición de bandas criminales, por lo tanto no hay herramientas para un abordaje integral de esta pieza clave de los problemas de seguridad pública", pero esta nueva investigación realizada por el fiscal Ávila podría aportar datos concretos sobre el tráfico ilegal de armas en Rosario.