Con la detención de un chico de 15 años como presunto asesino de Bruno Bussanich, el playero de estación de servicio baleado en su puesto de trabajo, volvió a surgir el debate acerca de la baja de edad de imputabilidad. Mientras los representantes de los gobiernos de la provincia y de Nación manifiestan públicamente esa intención a la que buscan darle marcha en el Congreso, hay otras aristas que continúan pendientes. El caso más reciente se acopla a tantos otros que, así como plantean la certeza de la participación de pibes cada vez más jóvenes en el delito complejo, obligan a una pregunta: ¿Cómo llegan las armas a sus manos?
Las consultas a distintos especialistas deja en claro que no hay una respuesta concreta. La cuestión es por qué: no existen investigaciones específicas sobre la ruta de las armas de fuego a disposición de bandas criminales, por lo tanto no hay herramientas para un abordaje integral de esta pieza clave de los problemas de seguridad pública. Tampoco hay claridad para definir si se trata de un mercado precario y fragmentado, de una red de tráfico consolidada o bien de ambas. La escasez de recursos en fiscalías, la ausencia de equipos de investigación que persigan específicamente ese trasfondo y la falta de decisiones políticas aparecen como los principales motivos entre las fuentes consultadas.
Armas y exposición
La imagen de Darian G. empuñando el arma para acribillar a Bussanich se viralizó al punto de llegar a medios de comunicación internacionales. Los registros de cámaras de vigilancia sobre este crimen y otros hechos similares se reúnen en un archivo que muestra una de las caras más graves de la actualidad rosarina. Además son evidencias claves para las investigaciones de cada caso, lógicamente con los protagonistas capturados in fraganti.
En otras ocasiones hay imágenes semejantes que trascienden por otros ámbitos, en los que los pibes eligen mostrarse en las redes sociales alardeando sus armas de fuego. Se los ve determinados, empoderados, orgullosos y desafiantes. Una exposición que deciden porque es parte de su identidad, como así también eligen exhibir su inspiración en frases de Tony Montana o algún músico que los identifique.
Hay investigaciones avanzadas que evidencian el crecimiento en los últimos años de la participación de menores en bandas criminales con distintos niveles de poder. Una de ellas es la que tenía base territorial en el barrio Ludueña, para los investigadores una subestructura de Los Monos con una de sus cabezas en distintas cárceles y funcionarios policiales que terminaron imputados. "En Ludueña eran todos familiares de los líderes, que necesitan gente de confianza que les maneje la plata y los búnker, ahí aparecen los familiares que tienen menores y ellos que tienen amigos a los que les dan una chapa ser parte de una banda", resumió un investigador de ese caso. Otro ejemplo aparece más al norte, entre los barrios 7 de Septiembre y Stella Maris, donde los vecinos reconocen a "La Banda de Los Menores", un grupo también identificado así por los fiscales que investigan al menos cuatro homicidios relacionados a ellos.
Existe una distancia en la complejidad que implica el pibe que mata y el que participa del delito en un grado menor, así como del que transita ese mundo por el plano simbólico de las redes. Pero hay un punto en común y es que todos acceden a las armas. "Mano de obra barata y a disposición hay mucha. Armas también", dijo otro funcionario consultado. Una realidad que subyace a estos tiempos en los que se celebra el descenso de los homicidios y se prepara la punibilidad a chicos de 14 años como una salida a un problema que continuará. Si está la mano de obra barata y las armas, lo que marca la diferencia es si está o no la orden para que salgan a tirar.
Investigación específica
"Nunca tuve una investigación donde pueda determinar cuál es el mercado de las armas, de dónde las sacan, dónde las compran, quién se las trae", analiza uno de los investigadores consultados. Las distintas miradas coinciden en algo que pareciera ser elemental: la creación de una unidad de investigación específica que vaya tras las pistas de las armas. "En la vorágine de balaceras y homicidios trazar la ruta del arma es algo totalmente dejado de lado. No nos da el tiempo ni los recursos", confían.
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"Hay mucho por hacer, a todas las armas que tienen la numeración limada se le puede hacer revenido químico para ver cuál es la numeración y ver si fue robada, denunciada como perdida. Pero se necesita de alguien específicamente dedicado a eso", sostienen. "Sin duda es una cuestión de recursos y de decisiones de persecución penal", agregan.
Incluso con esa limitación de base aparecen indicios que permiten aproximarse a un trasfondo posible. Uno de los especialistas consultados reconoce tres tipos de armas en circulación y a disposición del delito. Las de fabricación casera, relacionadas a hechos más precarios como asaltos o balaceras aisladas. Las adulteradas, que suelen ser 9 milímetros modificadas por armeros que las convierten en armas automáticas. Y las más grandes, como ametralladoras y fusiles, reconocidas como las menos comunes.
En cuanto a las "fuentes de acceso al mercado ilegal de armas" identifica también tres variables. Las armas robadas a legítimos usuarios que las tenían registradas. Las denunciadas por personal policial como extraviadas o robadas, un panorama que genera desconfianza ante la posibilidad de que en ocasiones sean vendidas como lo han demostrado algunas investigaciones. Y las ingresadas ilegalmente al país en una posible red de tráfico de la que no hay más que sospechas por el hallazgo de armas con numeración de la que la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) no tiene registros.
"Una 9 milímetros en la calle puede estar alrededor de 1 millón de pesos", dice uno de los consultados y deja en claro que, sea cual sea la fuente de acceso, el trasfondo es un negocio. Uno al que difícilmente pueda acceder por sí mismo un menor de edad o un pibe vinculado a una banda, por más que después la tenga en su poder hasta para alardear en las redes sociales. Como toda rama del crimen organizado, en este caso la ruta del dinero también es la menos explorada. Lo que queda son los pibes de un lado y del otro de las armas: los registros de La Capital indican 232 menores asesinados desde 2013. Algunos de ellos por orden de sus propios "jefes", por las deudas que provocó la pérdida o secuestro de sus armas.
Más control
Las distintas fuentes consultadas apuntan como principales alternativas posibles a una mayor rigurosidad tanto en el control de las armas policiales como en las armerías y el destino de las municiones adquiridas por usuarios legítimos. Dos aspectos que necesitan de la aceptación y decisión política.
El crimen de Bruno Bussanich fue el cuarto de una saga de homicidios que los investigadores atribuyen a un mismo trasfondo relacionado a represalias del crimen organizado. Hay quienes se acoplan a la hipótesis de que se debió a las restricciones a los presos de alto perfil, otros aportan que es fundamental tener en cuenta la relación de connivencia entre esos sectores y parte de la policía. El más fuerte de los indicios en estos casos fue que dos de los cuatro crímenes se cometieron con balas policiales que salieron de una misma arma, una coincidencia que también se dio en un ataque a la comisaría 15º.
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Las municiones grabadas con siglas de la policía están en circulación desde 2020, luego de que un diagnóstico del gobierno marcara el uso de 900 mil balas usadas en 28 meses, lo que indicaba un promedio de 1032 por día. Algo que llamó la atención porque no había registros de enfrentamientos que justificaran el uso de esas balas. A mediados de 2023 dos personas fueron detenidas por balear una escuela del barrio Empalme Graneros. Tenían una pistola 9 milímetros de la policía de la provincia que había sido denunciada como robada. Para ese entonces se habían reportado 566 armas perdidas o sustraídas por policías entre 2015 y 2022.
En cuanto al sector privado también aparece preocupación por posibles irregularidades y la escasez de controles rigurosos. Hay un antecedente concreto con una armería de la zona oeste que en 2021 fue allanada en el marco de una causa que investigaba la compra y venta de armas, una estructura de la que también participaban tres policías que fueron imputados. El dueño del local tenía las tarjetas de consumo de legítimos usuarios de clientes que utilizaba para adquirir municiones que luego vendía ilegalmente.
"Nadie investiga la venta de cartuchería. Cualquier legítimo usuario puede ir con su credencial a una armería y comprar una caja de 50 cartuchos. Al otro día puede ir y comprar 50 más. Nadie sabe qué se hace con eso", indicó un investigador. "También hay que controlar la recarga ilegal de cartuchos. Si se juntan las vainas los armeros te pueden recargar el cartucho con pólvora y otra punta. Es una línea que salvo casos particulares nunca tuvo investigaciones macro", agregó.
