Hoy comenzarán las primera instancias del juicio que el 2 de febrero del próximo año llevara a Esteban Lindor Alvarado, de 42 años y detenido en la cárcel federal de Ezeiza como líder de una organización narco criminal, al banquillo de los acusados. El hombre contaba entre sus lugartenientes a varias personas que fueron asesinadas y a policías de alto rango que le brindaban cobertura para llevar adelante sus negocios. La acusación fiscal impulsada por Matías Edery y Luis Schiappa Pietra comprende los atentados a los Tribunales provinciales y el Centro de Justicia Penal cometidos en diciembre de 2018; el ataque a la casa de una integrante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) perpetrado en enero de 2019; los homicidios del prestamista Lucio Maldonado, el joven Cristian Enrique (sólo en estos dos está encausado Alvarado), y de Cristian Béliz, empleado de una distribuidora. Además, enfrentará cargos bajo la figura de asociación ilícita.
Mariana Ortigala es “testigo protegida” en la causa que y hoy, junto a su hermano Rodrigo, deberán prestar declaración ante las juezas Silvia Laura Castelli, María Melania Carrara y Valeria Pedrana en una audiencia de “anticipo jurisdiccional de prueba”, lo que significa decir lo que sabe del funcionamiento de la banda que llegará a juicio, de sus integrantes y de cómo se conducía la asociación ilícita. “Sé que los defensores me querrán poner en una situación incómoda y minimizar mi declaración”, sostuvo la mujer que no duda en manifestar: "Tengo mucho miedo por lo que me pueda pasar, por mi vida".
Además los hermanos relatarán lo que supieron por boca de otros o bien les consta en cuanto a distintos crímenes cometidos por la banda y las amenazas y extorsiones que llevaron a cabo hasta el 2018, meses antes de que Alvarado cayera detenido. “Lo que vamos a hacer es declarar lo que sabemos o nos contaron. A mi familia, puntualmente a mi hermano Rodrigo, Alvarado lo quiso implicar en las amenazas a funcionarias judiciales. Yo en la audiencia voy a referirme a las conexiones de Alvarado con la política, con gente que está en cargos muy importantes de la provincia y también a sus contactos con la Justicia y la policía santafesina, incluso con funcionarios que están en cargos electivos”, disparó Mariana.
En la misma situación que Mariana y Rodrigo, pero con distinta carátula judicial, se encontraban llegado Carlos Argüelles y Nicolás “Fino” Ocampo quienes merced a haber formado en algún momento parte del círculo íntimo de Alvarado se mantuvieron bajo la figura de colaboradores de la Justicia pero fueron asesinados en sendas emboscadas. “En el caso de Carlos él pudo grabar cinco horas de testimonios en los que relataba lo que sabía de primera mano y lo que le contaron. Tengo entendido que ese video se emitirá durante el juicio”, dijo Mariana a La Capital la tarde de ayer.
“Un tema muy preocupante son los recursos con los que se trabaja. Es muy difícil ser testigo protegido, en mi caso y en el de cualquiera. El lunes tengo que ir al Centro de Justicia Penal y sentarme frente a los abogados de la banda mientras Alvarado va a estar observandome por Zoom. Esto me pone en peligro si tomo en cuenta que las últimas dos personas que estuvieron en esta situación están muertos. Estoy con custodia desde febrero de 2019 pero ya intentaron matarme dos veces y hasta me hackearon el celular. Alvarado siempre me investigó y actualmente la esposa de quien está imputado por la muerte de Carlos Argüelles vive a cuatro cuadras de mi casa. Si me pasa algo, al menos ya se sabe quien puede ser el responsable”, señaló la mujer.
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La Fiscalía adelantó que durante el juicio pedirá la pena de prisión perpetua para Alvarado. En la causa inicial figuraban 29 imputados como miembros de la organización, entre ellos siete policías y hasta el propio abogado de Alvarado, Claudio Tavella, pero muchos de ellos ya aceptaron su responsabilidad mediante acuerdos abreviados. En ese sentido, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) pretende enjuiciar a Alvarado como jefe de la asociación ilícita y al sicario Mauricio Laferrara, a Matías Ávila (primo de la ex pareja de Mauricio), a Germán Facundo Fernández y a Facundo Almada, entre otros, como integrantes fundamentales de la organización criminal.
Mariana conoce algunas cosas, no todas. “De la causa Maldonado sólo sé que este hombre era prestamista y que tenía una disputa con Esteban por unos terrenos en Funes y por unos pesos que había puesto para vender estupefacientes en un lugar que era de Alvarado, eso entre otras cuestiones. Y parece que Alvarado lo mandó a matar con sus sicarios por algunas deudas”.
La mujer, que hará un esfuerzo de memoria frente a los fiscales y los defensores de la banda, dijo a La Capital que “a la familia de Esteban la conozco desde hace mucho. A la hermana de Rosa Capuano, la esposa de Esteban, le alquilamos un departamento. Ella trabajaba en la Guardia Urbana Municipal y sin saber nosotros, ella puso en el lugar un prostíbulo. Por suerte zafamos de ese lío”, dijo.
Según Ortigala, “la banda estaba conformada por Esteban como jefe, Ramos como su segundo, otra línea de sicarios y administradores entre los que estaba el Fino Ocampo y los abogados y contadores que lo asistían, entre ellos Claudio Tavella”.
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Uno de los crímenes resonantes de los que está acusada la banda ocurrió el 11 de noviembre de 2018 cuando un grupo de personas secuestró y asesinó a Lucio Maldonado. Su cuerpo fue hallado en un descampado a la vera de la autopista Rosario-Buenos Aires. Tenía cuatro tiros en la cabeza, estaba maniatado y con un cartel que decía: “Con la mafia no se jode”, inscripción que desde entonces se repitió en numerosos casos de extorsiones en la ciudad.
Para los investigadores, la víctima estuvo retenida en una quinta de Alvarado en el paraje Los Muchachos, en jurisdicción de Piñero. En ese marco, los fiscales sostienen que Alvarado fue instigador del crimen y que, a partir de los indicios recolectados, contactó a Laferrara y Almada (quien vivía en la quinta y se ocupaba de mantener los caballos) para que cometieran el hecho. En tanto, indicaron que ambos tenían una relación económica de dependencia con Alvarado y de absoluto poder e influencia.
Asimismo, para la acusación Mauricio Laferrara fue uno de los autores materiales del asesinato junto con Matías Jesús Avila y Germán Facundo Fernández. Además, especificaron que Laferrara llamó a Almada la noche del crimen para que fuera a ayudarlos cuando la víctima ya había sido secuestrada en el momento en que llegaba a su casa de bario Tablada.
Edery y Schiappa Pietra dijeron que a través de funcionarios policiales que integraban el grupo de investigadores filtraron información falsa sobre una presunta relación entre estos hombres a través de un triangulación de llamados telefónicos para vincular al clan Cantero con el homicidio del prestamista, lo que con el tiempo quedó al descubierto. Mauricio Laferrara apenas supera los 20 años, es hijo del chatarrero Jorge, ex socio y luego contrincante del fundador de Los Monos, Ariel “Viejo” Cantero, con quien compartió una causa penal por drogas en la que ambos fueron condenados en Corrientes. Pero Mauricio no sólo está ligado a la muerte de Maldonado, sino que tiene en su haber acusaciones por media docena de crímenes.
Por otro lado, la Fiscalía le atribuye a la banda el triple crimen de Granadero Baigorria de abril de 2018 cuando fueron asesinados los hermanos Ezequiel “Parásito” y José “Grasita” Fernández, además de Gerardo “Abuelo” Abregú, todos pertenecientes a las filas de Los Monos. Entre otras causas figura la de las amenazas cometidas en enero de 2019 en perjuicio de una funcionaria del MPA a quien le dejaron en la puerta de su casa una cabeza de perro y a fines de ese mes le balearon el frente de la propiedad.
