Ni siquiera terminó la semana en que apareció por Rosario comandando a 160
policías en unos publicitados allanamientos por la denominada causa de la efedrina. Pero ayer a la
mañana, en plena actividad derivada de esos operativos, el juez federal de Zárate-Campana Federico
Faggionatto Márquez debió abandonar su despacho: el Consejo de la Magistratura lo había suspendido
y mandado a juicio político por un listado de acusaciones variadas.
Las principales que consigna el dictamen del organismo se refieren a
arbitrariedades, parcialidades manifiestas, desconocimiento del derecho, violación a las normas y
garantías constitucionales y falta de prudencia y mesura en el desempeño de su función.
La determinación acarreará efectos dispares para el desarrollo de las causas en
ese juzgado. Pero parece imposible que beneficien en algo a Mario Roberto Segovia, el rosarino de
36 años acusado de comandar una organización dedicada al contrabando de efedrina. En primer lugar,
porque Segovia está acusado por delitos similares y complementarios en otros tres juzgados
federales, uno de los cuales ayer mismo elevó a juicio oral una de las causas en su contra (ver
aparte). En segundo lugar, en virtud de que el accionar del juez Faggionatto Márquez en esa causa
fue avalado en mayo por unanimidad por sus superiores de la Cámara Federal de San Martín.
Siete a uno. El plenario del Consejo de la Magistratura, con la ausencia de los
cinco representantes del oficialismo, aprobó con siete votos —dos más de los
necesarios— contra uno el dictamen acusatorio presentado por el senador Ernesto Sanz (UCR).
Ahora Faggionatto está suspendido en el cargo y en un lapso máximo de seis meses deberá afrontar un
juicio político. Es un cambio abrupto: la situación del ex magistrado parecía encaminada a la
ratificación en el cargo después de que el sector kirchnerista en el Consejo, la semana pasada,
había recomendado en la Comisión de Acuerdos y Disciplina el rechazo al juicio político.
El nucleamiento que responde al oficialismo tiene mayoría en el organismo. Pero
ayer, sorpresivamente, ninguno de los cinco miembros kirchneristas asistieron al plenario. Así
siete consejeros opositores se pronunciaron a favor del dictamen acusatorio.
Entre las causas por las que será juzgado el suspendido juez figuran la supuesta
apropiación de una cosecha de soja en campos de Otamendi pertenecientes al Consejo Nacional del
Menor y la Familia; la elusión de inhibirse en causas en las que él mismo estaba siendo investigado
y la presunta connivencia con grupos de policías sospechados de actividades ilícitas.
Faggionato Márquez fue acusado por "inexplicables inactividades procesales",
"importantes retrasos y desorden generalizado en la tramitación" de las causas, "configurando un
grave cuadro de privación de justicia".
Soltar la mano. A favor de la suspensión votaron los consejeros Sanz, Mariano
Candioti, Pablo Mosca, Luis María Cabral, Miguel Gálvez y Oscar Aguad. En tanto, el consejero
Santiago Montaña votó solo por el enjuiciamiento sin suspensión y el presidente del cuerpo, Luis
Bunge Campos, sufragó por la postergación del tratamiento de los dictámenes.
Faltaron al plenario los consejeros Diana Conti, Carlos Kunkel, Héctor
Masquelet, Nicolás Fernández y Marcelo Fuentes. Las ausencias en bloque de los integrantes
oficialistas del cuerpo levantaron suspicacias en los sectores opositores que planteaban que por
alguna razón el kirchnerismo quitó respaldo al juez.
"Le soltaron la mano. No por casualidad faltaron todos los kirchneristas a la
reunión del Consejo de la Magistratura", sostuvo ayer Sanz, impulsor del dictamen.