Dura sanción

Sancionan a penitenciarios por liberar a un preso que iba a juicio por un crimen

Son dos jefes de la cárcel de Coronda que dejaron salir a un reo tras cumplir una condena sin saber que estaba con preventiva por un homicidio

Domingo 19 de Noviembre de 2017

Por decisión del Ministerio de Seguridad de la provincia, dos altos jefes de la cárcel de Coronda fueron pasados a disponibilidad y sometidos a un sumario administrativo por haber dejado salir a un preso que, tras cumplir una condena por robo debía seguir tras las rejas a la espera de un juicio oral y público acusado del homicidio de un comerciante de Granadero Baigorria en el mes de octubre de 2014. La decisión se tomó tras el reclamo de la hermana de la víctima, quien fue recibida el viernes por el ministro Maximiliano Pullaro (ver aparte), tras notificarse de que el miércoles próximo se iniciarán las audiencias en los Tribunales de Rosario aunque las mismas tendrán la "ausencia" del principal acusado. Asimismo, se supo que desde el gobierno santafesino se libró una orden de captura nacional e internacional para dar con el evadido.

Edgardo Giménez tenía 34 años cuando el mediodía del 30 de octubre de 2014 resistió a tiros un asalto a su comercio, "El Palacio de la Porcelana", ubicado en San Lorenzo y Alvear de Granadero Baigorria. Como consecuencia del tiroteo resultó herido de tres balazos uno de los cuatro delincuentes que lo asaltó pero Giménez se llevó la peor parte y perdió la vida. En el lugar, la policía recogió unas 30 vainas servidas, producto de la brutalidad del atraco.

El atroz homicidio conmocionó a los vecinos del centro baigorriense, donde los Giménez poseen desde hace más de 30 años el mencionado negocio que está conectado por un patio interno con la casa de la familia, que vive por calle Alvear.

Un auto negro

Aquel día, vecinos del comercio comentaron que Edgardo estaba en la puerta del local cuando en la puerta se detuvo un auto negro del cual bajaron cuatro hombres jóvenes armados con pistolas 9 milímetros. Los hampones golpearon al comerciante y lo obligaron a entrar.

En esas circunstancias Giménez alcanzó a hacerse de un revólver calibre 32 y empezó a defenderse a los tiros. Así se produjo un intenso tiroteo luego del cual tres de los ladrones huyeron en el mismo auto en que habían llegado sin poder concretar el robo. En tanto Giménez quedó malherido en el piso del negocio y falleció horas después.

En diciembre de 2014 la policía detuvo a seis personas y el fiscal Pablo Pinto llevó adelante la audiencia imputativa atribuyéndoles diferentes roles en el violento suceso. Así, a Néstor Fabián "Cumbia" Robledo (quien tenía dos condenas por robos a supermercados chinos) y a Joaquín Pérez (vinculado al robo de la planta de Metalbo SRL de Ovidio Lagos al 6800, el 21 de agosto de 2012 e intimamente ligado a la barra brava de Rosario Central) los acusó de homicidio críminis causa (para ocultar otro delito), robo calificado por el uso de arma de fuego con aptitud para el disparo, portación de arma de guerra, encubrimiento agravado y aplicación indebida de marcas o señas. A su vez a los hermanos Andrés y Fernando Dangelo (con antecedentes por robo automotor) les atribuyó la figura de encubrimiento agravado al valorar que prestaron colaboración a los otros dos imputados para eludir la investigación del caso; mientras que Germán Walter O. y Daniel Eugenio P. fueron acusados de encubrimiento y llegaron a un acuerdo abreviado en su momento por lo que ya cumplen penas.

Quiero que lo encuentren

En un primer momento a todos los apresados la Justicia les dictó prisión preventiva por el plazo de ley, es decir un máximo de dos años prorrogable por uno más si así el fiscal lo pide y la Cámara de Apelaciones en lo Penal lo entiende. Por tal motivo esa condición de detenidos expiraba el próximo 5 de diciembre, fecha para la cual se estimaba que se iba a estar desarrollando el juicio.

Sin embargo algo pasó en el medio. Según contó a La Capital Gabriela Giménez, hermana de Edgardo y promotora de las numerosas marchas pidiendo justicia que se realizaron desde aquel trágico día de octubre de 2014, "un error llevó a que dejaran en libertad a Joaquín Pérez en junio pasado y ahora, cuando se lo quiso notificar del inicio de las audiencias recién se dieron cuenta de que este delincuente no está preso".

Sin respuestas ante tal desaguisado, Gabriela salió a denunciar la situación que hará que el juicio se inicie sin el principal implicado. "Este hombre, que es ladero de Andrés «Pillín» Bracamonte, que es un tipo que estuvo en la barra brava de Rosario Central y que fue expulsado en 2010 cuando pretendió ir a ver el Mundial de Saudáfrica, purgó una condena a prisión por un robo calificado que cometió en la ciudad de San Lorenzo y que cumplió en junio, pero tenía que estar preso hasta que se haga el juicio por el asesinato de mi hermano y alguien lo dejó salir de la cárcel. Yo quiero que esas personas paguen por lo que hicieron pero que también se encuentre al homicida para que se lo juzgue y condene. Sólo así voy a estar tranquila".

Un error inaceptable

Según el relato que hizo a este diario Lucía Masneri, Directora Provincial de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Asuntos Penitenciarios, "esta persona tenía una condena a tres años por un robo calificado y esa pena la cumplió el 19 de junio. En ese momento, administrativamente, no se corroboró si había sobre el mismo otra imputación por la cual debía continuar bajo prisión preventiva. Por ello se le otorgó la libertad y ahora, cuando nos enteramos de que el juicio oral por el homicidio de Giménez lo tenía como uno de los acusados, nos damos cuenta que la prisión preventiva le vencía recién el 5 de diciembre".

Ante semejante error, Masneri comentó que el ministro Pullaro dispuso el pase a disponibilidad de la jefa del Area Penal y Judicial de la cárcel de Coronda, Valentina Casciarelli; y del Jefe Correccional del mismo presidio, Ignacio Sala, a quienes les abrieron un sumario administrativo para deslindar las responsabilidades que pudieran haber tenido en el caso.

"Si lo que ocurrió es negligencia o un acto de corrupción lo dirá el sumario administrativo que se les inició a los jefes que fueron separados de su cargo mientras dure la instrucción, pero más allá de eso no cabe duda que se trata de un acto de negligencia gravísima", concluyó Masneri.

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