Requieren juicio oral para el acusado de balear en solitario los tribunales federales

El fiscal federal Javier Arzubi Calvo dio por concluida la instrucción que investigó el ataque a balazos sobre el edificio de los tribunales federales de Oroño al 900 la madrugada del 28 de septiembre de 2022. Así, requirió que Guillermo Sebastián Camarasa, el principal sospechoso, sea sometido a juicio oral y público.

Camarasa fue acusado y procesado como autor de los delitos de intimidación pública y amenazas agravadas y portación ilegal de arma de guerra. Según la acusación el hombre de 36 años realizó dos disparos de arma de fuego que impactaron en la garita de custodia de la Prefectura Naval (PNA) ubicada en el interior del predio donde funcionan juzgados, tribunales orales y fiscalías federales de Rosario.

Tal como surge del requerimiento de elevación a juicio, el imputado caminó los 600 metros entre la sede tribunalicia de su domicilio en San Lorenzo al 2200, adonde volvió también a pie. El acusado fue detenido el 12 de octubre del año pasado por efectivos de la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal (PFA).

Charlando con el Brujo

En el marco de esta pesquisa Arzubi Calvo ordenó el miércoles 28 de octubre del 2022 que la celda de Rene “Brujo” Ungaro, sindicado líder narco de zona sur vinculado con la organización de Esteban Lindor Alvarado, fuera allanada ya que existían indicios de que el gatillero solitario se había comunicado varias veces con el interno de alto perfil alojado en la cárcel federal 6 de Rawson, Chubut.

En la celda de Ungaro encontraron un teléfono celular y anotaciones. También fueron allanados otros dos domicilios en el Fonavi del Parque del Mercado donde Ungaro transcurrió su adolescencia y se ganó la chapa de peso pesado. Los operativos fueron en la torre 8 de Sánchez de Thompson al 200 bis y en Isola al 100 bis, donde hay una casa de teléfonos en la que se presume que Camarasa vendió un celular.

De las intervenciones telefónicas ordenadas en el marco de la investigación se corroboró que Camarasa mantuvo, desde el 28 de agosto hasta el 17 de septiembre del 2022, nada menos que 38 comunicaciones con abonados correspondientes al Servicio Penitenciario Federal de Rawson. También se determinó que usaba varios teléfonos celulares.

Camarasa había compartido con el Brujo Ungaro lugar de detención cuando ambos estuvieron en la cárcel de Piñero. A partir de una serie de allanamientos de enero de 2021 en el complejo Parque del Mercado, efectivos del Agencia de Investigación Criminal (AIC) establecieron que el acusado de balear los tribunales federales cuidaba la casa a una familiar de Ungaro.

Procesado

Sobre finales de octubre de 2022 el juez federal Marcelo Bailaque procesó con prisión preventiva a Camarasa como autor de los delitos de "intimidación pública, tenencia de armas de fuego de uso civil sin la debida autorización legal y anonimato, agravadas por haberse cometido con el fin de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".

Es medida fue confirmada en abril pasado por la sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario conformada por los camaristas Elisa Isabel Vidal y Silvina María Andalaf Casiello. Además Camarasa, que contaba con una condena unificada de siete años y diez meses de prisión y declaración de reincidencia dictada en 2019 por robo calificado por el uso de arma de fuego y la participación de un menor de edad en un hecho cometido el 29 de octubre de 2011.

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Tras el ataque contra la garita de custodia de los tribunales federales el fiscal Arzubi Calvo dio intervención al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la PFA y le encomendó al Gabinete Científico Rosario de esa fuerza una serie de peritajes. También, se solicitaron las cámaras de seguridad del edificio y las zonas aledañas así como el análisis de los teléfonos celulares que hubiesen registrado actividad en las inmediaciones.

Así se pudo reconstruir la secuencia del ataque y se determinó que el imputado salió de su vivienda, en la calle San Lorenzo al 2200 y caminó seis cuadras hasta los tribunales federales. Una vez allí, efectuó dos disparos contra la garita de la Prefectura, tras lo cual se retiró a pie del lugar hacia su casa.

A Camarasa se le imputó haber disparado con una pistola en dos oportunidades contra la garita de custodia “con la finalidad de aterrorizar e intimidar a la población y amedrentar al personal policial, magistrados, funcionarias y empleados judiciales que allí prestan servicios, provocando además daños materiales en la garita aludida al impactar uno de los proyectiles contra el vidrio de la estructura”. Al prestar declaración indagatoria, dos días después de su detención, negó los hechos atribuidos.

En el procesamiento se consideró probado que Camarasa “se encontraba en poder de un arma de fuego, en la vía pública, el día del hecho imputado; y que además no contaba con la debida autorización legal para dicha portación”. Según se desprende de la causa, varios testigos refirieron que, con posterioridad al día en que ocurrieron los hechos, vieron a Camarasa caminando por la puerta del edificio de bulevar Oroño 940 donde funcionan los tribunales federales.