Melisa P. fue imputada de asesinar a Tomás Saravalli, quien murió de un tiro en la frente el 25 de febrero en la vivienda que compartían en Alvear al 1500
Los acusados por una entradera en Funes podrían quedar libres este miércoles.
En una audiencia en la que periodistas debieron retirarse por no acceder a la insólita exigencia de entregar sus celulares al personal de seguridad, una mujer de 44 años quedó presa por tres meses acusada de asesinar a su pareja en un departamento del macrocentro de la ciudad y luego denunciar el hecho como suicidio.
Melisa P. fue imputada por el fiscal Alejandro Ferlazzo de homicidio calificado por el vínculo y por alevosía —delito que prevé altas penas— agravado por el uso de arma de fuego, así como la tenencia ilegal de un arma de fuego de guerra. La víctima, Tomás Saravalli, tenía 39 años.
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En ese marco la jueza Lorena Aronne le dictó la prisión preventiva por el plazo de 90 días, medida que puede prorrogarse en caso de que la fiscalía aporte nuevas evidencias que ameriten la extensión de la medida cautelar.
Melisa P. fue imputada de un oscuro episodio ocurrido el pasado martes 25 de febrero en un departamento de Alvear al 1500 donde convivía con Saravalli. Según la acusación formulada por el fiscal en una sala casi llena de familiares de ambas partes, el hecho se desencadenó alrededor de las 5 de la mañana de ese día.
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Al parecer una pelea de pareja durante la madrugada motivó que el hombre se fuera a dormir a un sillón del living. Entonces, de acuerdo con la imputación, mientras Tomás se encontraba durmiendo, la mujer fue hasta el living, colocó un almohadón en el rostro de él y le disparó —"con la intención de provocarle la muerte", sostuvo la fiscalía— con una pistola Bersa Thunder Ultra Compact calibre 40 milímetros.
Un balazo mortal le impactó a Tomás en la frente, con orificio de entrada y salida. Para Ferlazzo, la acusada “aprovechó el estado de indefensión de la víctima” para dispararle.
Tal como publicara este diario, la mujer había denunciado lo sucedido como un suicidio. Sin embargo, al inspeccionar la escena del hecho los primeros policías que ingresaron al departamento encontraron señales que ponían en duda que la víctima pudiera haberse quitado la vida con un disparo.
Incluso las primeras medidas adoptadas por la investigación generaron informes que no eran compatibles con la hipótesis del suicidio y también hubo versiones acerca de que la sospechosa habría manipulado la escena del crimen.
En ese marco Ferlazzo ordenó la detención de Melisa P. mientras se realizaban otras medidas para esclarecer su posible participación en el hecho. Ya entonces había solicitado una audiencia imputativa con fecha a confirmar.
La audiencia fue programada para este miércoles, pero no pudo ser cubierta por periodistas como los de este diario ya que el personal de seguridad, luego de pretender impedirles cumplir con sus trabajos para los cuales obviamente necesitan dispositivos electrónicos, les exigió —invocando una orden de la jueza— que les entregaran sus teléfonos celulares. Los profesionales rehusaron la exigencia y debieron retirarse de la audiencia a pesar de que no estaban quebrantando el protocolo acordado con el área de prensa de la Corte Suprema de la provincia para este tipo de coberturas.
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