Nicolás “Pupito” Avalle, actualmente detenido en la cárcel federal de Ezeiza, y otros 26 integrantes de una usina generadora de delitos finalmente fueron dejados en prisión preventiva por el plazo de ley, es decir al menos dos años, por el juez de garantías Nicolás Foppiani. Sólo uno de los que se sentaron en el banquillo se fue en libertad, pero afectado al procesado. Tras dos semanas de audiencias se ventiló que esta organización estuvo implicada en 47 hechos de balaceras, extorsiones, aprietes al menos a nueve gremios y a políticos entre marzo de 2021 y la actualidad en Rosario y Villa Gobernador Gálvez. En este paquete se expusieron al menos cinco asesinatos y siete tentativas de homicidio lo que delata la ferocidad con la que se movían.
La acusación estuvo en manos de una constelación de fiscales: Valeria Haurigot (Balaceras), Franco Carbone (Flagrancia), Viviana O’Connell (Investigación y Juicio) Patricio Saldutti, Adrián Spelta, Gastón Avila, Ademar Bianchini, Alejandro Ferlazzo y Gisela Paolicelli (Homicidios). Un dato que, además del tiempo insumido, expone la complejidad de la banda puesta bajo la lupa. Una gavilla que comenzó como un eslabón dentro de la estructura de Leandro “Pollo” Vinardi y explotó en un meteórico ascenso dentro de las franquicias de la banda de Los Monos.
Para los acusadores los 28 implicados integran una asociación ilícita comandada por Pupito Avalle, quien está detenido desde 2019. Pupito fue procesado en 2021 por un Tribunal Federal como organizador de un secuestro extorsivo del hijo de un empresario de Arroyo Seco que fue “levantado” en julio de ese año mientras se dirigía a comprar marihuana a un búnker de Villa Gobernador Gálvez. Una acusación que también abarcó a Ariel “Guille” Cantero, líder de Los Monos.
A la par
A la par de Pupito la acusación colocó a Héctor “Gordo Dany” Noguera, en juicio por por dos asesinatos (uno de ellos el de Carlos “Jerry” Gaeta) y cuatro tentativas de homicidio; Carlos “Bam Bam” o “Berraco” Olguín (acusado por integrar también la banda de Pablo Nicolás Camino) y Salvador Esteban “Salvaje” o “Salvatierra” Alegre, en prisión preventiva bajo la acusación de haber participado en el asesinato del ex jefe de la barra de Newell´s Nelson Chivo Saravia. Los cuatro líderes están detenidos.
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En una segunda línea fueron ubicados como organizadores Nahuel Fernando “Vino Tinto”, “Avispón” o “Ferni” Lizarraga, Naomi “Nao” o “Narigona” Sánchez (pareja de Pupito Avalle), Jonatan “Jano”, “Cicatriz” o “Cara Cortada” Fernández, y Miquéas Fernando Gómez, al que identifican como “Micaela” o “Micky Mouse”.
Entre los 19 acusados como integrantes de la asociación ilícita resaltaron los nombres de Rodrigo Nicolás “Cepe” o “Gringo” Benítez, preso de alto perfil de Piñero, condena a 24 años por el crimen de Rodrigo Sánchez, mano derecha de Esteban Lindor Alvarado asesinado en marzo de 2020.
La escena del crimen del cadete Hugo Orlando Villán, al que asesinaron a balazos el 21 de mayo pasado en Piazza al 400 de VGG.
Foto: Celina Mutti Lovera.
También acusaron a Nidia Núñez, pareja de Olguín, Brian Alexis “Morcilla” Valdez, Angel Maximiliano Benítez, Juan Elías “Campera” Stankevicius, Michael Leonel Carballo, cuñado de Stankevicius y Juan José “Salteño” Villazón, detenido el 15 de diciembre pasado en el Volkswagen Up que se utilizó para atacar a tiros el predio de Televisión Litoral el 12 de diciembre pasado y acusado como instigador del crimen del encargado de cobranzas Alejandro Orona, de 55 años.
Asimismo fueron imputados como integrantes Elías Ezequiel Sánchez, cuñado de Avalle, Graciela Rocío “Mona” Insaurralde, Matías “Chapero” Balbuena, Mauro Reyes, Milagros Alvarez, Franco Daniel “Oreja” Arocha, Franco Valdez, Milton Ponce y Martín Rodrigo Gilli. Dos de los considerados miembros no llegaron a ser involucrados porque los mataron antes: Alejandro Orona, asesinado en un taxi en enero la noche del viernes de 20 de enero pasado en inmediaciones de Juan B. Justo y Ottone, y Nela Sasha Centurión, una adolescente 16 años baleada en agosto en barrio Moderno.
Tras dos semanas
Las acusaciones comenzaron el lunes 9 de octubre pasado. A la organización se le atribuyeron al menos 47 hechos delictivos, entre ellos los homicidios del cadete Hugo Orlando Villán, al que asesinaron a balazos el 21 de mayo pasado a las puertas de un local de hamburguesas ubicado en Piazza al 400 de Villa Gobernador Gálvez. Este asesinato le fue achacado a Bam Bam Olguín y expuso como el mencionado trató de pisarle la extorsión a Pupito, su socio, para que el propietario del lugar le pagará a él. Ante la amenaza, el dueño de la hamburguesería habían pagado media hora del crimen a Pupito y el que ordenó el asesinato fue Olguín desde su celda de la cárcel de Coronda.
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A Olguín le achacaron haber ordenado desde su celda el crimen de Ariel Leguizamón, blanco errado de un ataque dirigido a su primo el 28 de mayo pasado. El ataque tuvo como trama que Olguín se contactó con el primo de la víctima, haciéndose pasar por su pareja, y lo citó el 27 de mayo en calle 24 de Septiembre y Rodríguez. Pero en lugar de aparecer la muchacho el primo se expuso a un pabellón de fusilamiento que lo hirió en su pierna izquierda.
Ante el resultado negativo del homicidio, Olguín ordenó nuevamente la ejecución. Un día más tarde, el 28 de mayo, tres motos con hombres armados fueron hasta Centeno al 2500 y al ver a la víctima, que llevaba un vendaje en la pierna izquierda fue atacado mortalmente a balazos. El vendaje fue determinante en la suerte del muchacho asesinado por error. Tras el crimen Olguín continuó hostigando a la familia del muchacho asesinado.
En la lista de ataques extorsivos se destacan balaceras a locales gastronómicos y nueve atentados a sindicatos. Como el ataque incendiario en la puerta de Empleados de Comercio el 16 de enero y otro casi simultáneo a la sede de la Unión de Recibidores de Granos; los disparos de julio al local de la Uocra y el más reciente atentado a tiros al Sindicato de Camioneros del 2 de octubre pasado. Otros hechos de gravedad son la balacera contra la escuela Silvestre Begnis de Nahuel Huapi al 4500 y la intimidación a tiros a la sede de Televisión Litoral en Presidente Perón al 8100, por la que ya Avalle y otros dos acusados ya habían sido imputados en marzo.
Piazza al 400 en VGG. El lugar donde el 21 de mayo pasado mataron al cadete Hugo Orlando Villán.
Foto: Celina Mutti Lovera.
“Esta asociación ilícita cometió delitos contra las personas, la vida, la libertad, la seguridad y el orden público desde marzo de 2021 hasta ahora. El objeto prioritario es obtener un lucro a través de la comisión de delitos violentos, relaciones de poder y la ocupación del territorio”, dijo en la audiencia la fiscal Valeria Haurigot.
Infiltrados
“Se meten en estructuras que tienen que ver con la política en localidades vecinas, se encargan de infiltrar personas están entremezclados sus negocios en la barra de Newell’s y en la del club Coronel Aguirre de Villa Gobernador Gálvez”, apuntó su par Franco Carbone, y añadió que también intentaron influir “en elecciones internas y generales en localidades cercanas a la ciudad de Rosario. Y quieren meterse en la organización del transporte, el manejo de viandas y negocios legales de distintos sindicatos, donde vienen trabajando a través de la industria del apriete y las extorsiones. Una situación de las que los afiliados y las personas a cargo muchas veces tienen la condición de víctimas”, explicó el fiscal.
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A la hora de resolver el juez Foppiani les dio la derecha a los fiscales y pidió que se investigue al Servicio Penitenciario debido a la circulación de celulares en mano de los presos. “Sin acceso a talleres, sin actividades, los detenidos están en su lugar de detención con un celular las 24 horas. Un tiempo que utilizan para cometer o gestionar delitos”, dijo el juez. Y fue más allá al mencionar que si se sigue por este camino “vamos a terminar como Ecuador, donde asesinaron a un candidato a presidente”.
“Si a Olguín o a Avalle le secuestran, con una semana de diferencia, celulares que demuestran que nunca pararon de cometer delitos desde la cárcel, hay alguien desde el Servicio Penitenciario que debería responder. Si alguien le provee un celular a un interno, sabiendo que ese interno comete delitos que salen en los medios todo el tiempo, es lo mismo que entregarle un arma a un homicida”, criticó el juez antes de dictar la prisión preventiva para los acusados, a excepción de Sergio “Checo” R., para quien se dispuso una medida no privativa de la libertad con restricciones.
