La imputación a 27 personas de la banda de "Pupito": 50 episodios de extorsiones y homicidios

Este lunes comenzó una extensa audiencia se comenzaron a formular acusaciones a un grupo subsidiario de Los Monos

9 de octubre 2023 · 19:12hs

Le decían “La de los 21”. La mujer —casi siempre vestida con ropa de Newell’s, a veces con su pequeño hijo de unos dos años en brazos— pasaba los días 21 de cada mes por un local de hamburguesas de Villa Gobernador Gálvez a retirar 200 mil pesos de cuota mensual. El dueño había empezado a pagar ante amenazas de “La Mafia” y la maniobra se extendió con regularidad a lo largo de dos años. Hasta que el 21 de mayo pasado mataron a tiros al cadete Hugo Orlando Villán cuando esperaba un pedido en la puerta y atacaron el negocio desde una camioneta. Entonces saltó a la luz la trama de aprietes, uno de los tantos brazos delictivos de una asociación ilícita ligada a Los Monos que comenzó a ser imputada este lunes por extorsiones de sesgo muy violento a negocios, fábricas, boliches, sindicatos y particulares que operó desde marzo de 2021.

Un equipo de nueve fiscales rosarinos —seis de ellos presentes en la audiencia— desplegó una compleja investigación conjunta realizada en varios meses. Los fiscales Valeria Haurigot, Patricio Saldutti y Franco Carbone investigaron la asociación ilícita, ligada a causas que tramitaban Adrián Spelta, Gastón Avila, Viviana O´Connell y Alejandro Ferlazzo, entre otros. Una postal de colaboración en medio del convulsionado clima institucional que atraviesa el Ministerio Público de la Acusación (MPA) local tras la denuncia contra el fiscal Matías Edery por el uso de informantes. Se prevé que la audiencia se extienda por tres días.

Ante el juez Nicolás Foppiani, y en la misma sala donde fuera juzgada la conformación original de Los Monos seis años atrás, el equipo de acusadores ubicó a la cabeza del grupo criminal de 27 imputados a Cristian Nicolás “Pupito” Avalle. Está detenido en el complejo federal de Ezeiza como segunda línea de Los Monos y lo acusan de dirigir su propia estructura criminal a través de celulares y del teléfono fijo de la cárcel. Ejercía, según los fiscales, una jefatura compartida con otros dos líderes también presos.

>>Leer más: Pupito Avalle, la cabeza de una usina para cometer homicidios, extorsiones y balaceras

Por debajo de ellos fueron situados cinco acusados como organizadores y, repartidos en las bases, 19 sindicados como miembros de una asociación ilícita que incluía a menores edad y tiene a dos integrantes prófugos. Dos de los considerados miembros no llegaron a ser imputados porque fueron asesinados: Alejandro Orona, de 55 años, un “encargado de la cobranza de deudas” asesinado en un taxi en enero, y Nela Sasha Centurión, una adolescente de 16 años baleada en agosto en barrio Moderno.

De los 27 acusados, algunos ya estaban presos y otros fueron detenidos la semana pasada en allanamientos que se desplegaron en los barrios Vía Honda, Tablada, República de la Sexta, Nuevo Alberdi y Villa Gobernador Gálvez. La gran cantidad de presos esposados en una sala atestada de custodios, con otros internos conectados a la audiencia por zoom, llevó a equívocos como la presencia de un detenido que no era parte de esta causa. Antes de que los fiscales comenzaran su exposición, Brian Ezequiel V. pidió la palabra para decir que no tenía abogado. Entonces se advirtió que lo habían trasladado por error al confundirlo con Brian Alexis V., preso en la comisaría 6ª y quien sí integra la nómina de imputados.

Vivos y muertos

A la organización se le atribuyen al menos 47 hechos delictivos, entre ellos una decena de homicidios. Resaltan el del cadete Villán, el del bufetero del club Unidad y Tesón Eros Fabricio Rosales (baleado en septiembre del año pasado en Patricias Argentinas y Ameghino), el de Miguel Angel Roulin (asesinado el 3 de diciembre pasado en la puerta de su casa de Puente Gallego), el del colaborador de un comedor del Movimiento Evita Ricardo Américo Carrizo (lo mataron en diciembre en Villa Manuelita) o el de Ariel Leguizamón, blanco errado de un ataque dirigido a su primo en mayo pasado. Hechos de extrema violencia para los que ahora aparece una explicación de la trama criminal que los motivó, a la que la mayoría de las víctimas eran ajenas.

En la lista de ataques extorsivos se destacan balaceras a locales gastronómicos y nueve atentados a sindicatos. Como el ataque incendiario en la puerta de Empleados de Comercio del 16 de enero y otro casi simultáneo a la sede de la Unión de Recibidores de Granos, los disparos de julio al local de la Uocra y el más reciente atentado a tiros al Sindicato de Camioneros del 2 de octubre pasado. Otros hechos de gravedad son la balacera contra la escuela Silvestre Begnis de Nahuel Huapi al 4500 y la intimidación a tiros a la sede de Televisión Litoral en Presidente Perón al 8100, por la que ya Avalle y otros dos acusados ya habían sido imputados en marzo.

“Esta asociación ilícita cometió delitos contra las personas, la vida, la libertad, la seguridad y el orden público desde marzo de 2021 hasta ahora. El objeto prioritario es obtener un lucro a través de la comisión de delitos violentos, relaciones de poder y la ocupación del territorio”, dijo en la audiencia la fiscal Haurigot. Quien, primero ante el juez y luego en conferencia de prensa, llamaría la atención sobre el vasto “polirrubro” de delitos abarcado por una organización que “no se dedica solamente al narcomenudeo sino más bien que quiere ingresar a otros emprendimientos y espacios de poder, compitiendo de alguna manera con el Estado. Con muchos de sus integrantes que cometen estos hechos considerando que se trata de un trabajo”.

>>Leer más: Cuatro acusados por un asesinato en una zona picante de Empalme Graneros

“Se meten en estructuras que tienen que ver con la política en localidades vecinas, se encargan de infiltrar personas, están entremezclados sus negocios en la barra de Newell’s y en la del club Coronel Aguirre de Villa Gobernador Gálvez”, apuntó su par Carbone. Añadió que también intentaron influir “en elecciones internas y generales en localidades cercanas a la ciudad de Rosario. Y quieren meterse en la organización del transporte, el manejo de viandas y negocios legales de distintos sindicatos, donde vienen trabajando a través de la industria del apriete y las extorsiones. Una situación en la que los afiliados y las personas a cargo muchas veces tienen la condición de víctimas”.

Los fiscales explicaron que no hubo un punto de partida en la investigación sino que se fue armando por distintas vías, con secuestros de celulares en prisiones y escuchas telefónicas como principal insumo de evidencia. Lo que permitió conectar casos por los que se habían abierto distintos legajos penales.

Quién es quién

Pupito Avalle, el hombre que encabeza el organigrama de la banda, fue detenido en 2019 por un robo de un auto a punta de pistola del 1º de marzo de ese año en Vera Mujica al 1800. Al año siguiente firmó una condena en un juicio abreviado por robos calificados. En noviembre de 2021 fue procesado por la Justicia federal como el organizador, junto con Ariel “Guille” Cantero, de un secuestro extorsivo cometido en julio de ese año en Arroyo Seco: un joven fue captado cerca de un kiosco de drogas, estuvo tres horas retenido, le fracturaron a golpes el codo y un dedo de la mano izquierda y fue liberado tras el pago de rescate.

Identificado en la pesquisa con los seudónimos de “Pupito”, “Nico”, “Gordo” o “Rexona”, Avalle es para los fiscales “el jefe máximo que ordena diferentes hechos delictivos cometidos por estratos intermedios e inferiores". Desde su celda en Ezeiza ejerce un “férreo control de la economía de la empresa criminal” y “brinda instrucciones a la cadena de mandos sobre los lugares a atacar”.

Como otro líder que manejaba su propio grupo de personas fue situado Carlos Ernesto “Bam Bam” o “Berraco” Olguín, preso por homicidio en Coronda, quien este año generó una fractura interna y comenzó a disputarle poder a Avalle y a “caranchearle” la cartera de víctimas.

Una tercera cabeza, dijeron los fiscales, la encarna Héctor Daniel “Gordo Dany” Noguera, un peso pesado de Villa Gobernador Gálvez y referente de Los Monos en la venta de drogas en esa ciudad. No participó de la audiencia porque está en otro juicio por el doble crimen de su rival Ariel “Jerry” Gaeta y su yerno, acribillados en un golpe comando de agosto de 2020. Está preso en el pabellón de alto perfil de Piñero y también es considerado un jefe con subordinados propios. Si bien Pupito figura a la cabeza, para los fiscales, Olguín y Noguera cometían hechos independientes: “Eran tres ramificaciones distintas”.

>>Leer más: "Ahora nos tocó a nosotros": de tomar mates en la vereda a morir en medio de una balacera

Como organizadores fueron acusadas cinco personas. Nahuel Fernando Lizarraga, apodado “Vino Tinto”, “Avispón” o “Ferni”, es considerado “una de las personas de mayor confianza de Avalle en la calle” y encargado además de la contabilidad de la empresa y del intercambio de divisas. Jonatan “Jano”, “Cicatriz” o “Cara Cortada” Fernández, detenido el 4 de octubre, sería quien seleccionaba autos y atacantes, se encargaba de la recaudación, el pago por los ataques cometidos y el resguardo de armas de fuego.

A Naomi Sánchez le dicen “Nao” o “Narigona”, es la pareja de Avalle y el rol que le atribuyen es el de guardar dinero, intercambiarlo por divisas y realizar cobranzas. Es la mujer que a lo largo de dos años, según los fiscales, pasó a cobrar la cuota extorsiva por la hambuguesería donde terminarían matando al cadete a raíz de una interna de la banda. Salvador Esteban “Salvaje” o “Salvatierra” Alegre, desde el pabellón 2 de Coronda “planifica hechos violentos ordenados por Noguera y Avalle y dispone de vehículos en la calle”. En tanto que Fernando Miqueas Gómez, al que identifican como “Micaela” o “Micky Mouse”, desde el pabellón 8 de Coronda “planifica hechos violentos ordenados por Avalle”.

Como miembros de la banda comenzaron a ser imputadas 19 personas. Rodrigo Nicolás “Cepe” o “Gringo” Benítez, un preso de alto perfil de Piñero, “planifica con Noguera hechos violentos que coordina con Alegre y Lizarraga”. Además ya cuenta con una condena a 24 años por el crimen de Rodrigo Sánchez, mano derecha de Esteban Alvarado asesinado en marzo de 2020. Brian Alexis Valdez, alias “Morcilla”, con funciones de recaudación y resguardo de dinero y armas. Angel Maximiliano Benítez “forma parte del brazo armado, es sicario encargado de ejecutar homicidios ordenados por Avalle. Ejecutó ataques incendiarios contra organizaciones gremiales”. Juan Elías Stankevicius, apodado “Campera”, “era brazo armado antes de caer detenido, luego desde el pabellón 4 de Coronda organizaba ataques y aportaba vehículos”.

Michael Leonel Carballo, cuñado de Stankevicius, “fue sicario encargado de ejecutar homicidios, extorsiones y amenazas”. Juan José Villazón, “El Salteño”, era “encargado de planificar ataques armados, disponía de vehículos y armas hasta su ruptura con Avalle en enero de 2023 a raíz del homicidio de su allegado Orona”. Lo habían detenido el 15 de diciembre pasado en el Volkswagen Up que se utilizó para atacar a tiros el predio de Televisión Litoral el 12 de diciembre pasado.

Elías Ezequiel Sánchez, cuñado de Avalle, es “encargado de trasladar a los brazos armados, brindaba información de blancos de ataques y resguardaba armas en su domicilio”. Graciela Rocío "Mona" Insaurralde está acusada de guardar dinero y armas en su casa. Matías Balbuena, alias “Chapero” y preso desde marzo, “era encargado de desguazar autos de la organización”. Mauro Reyes fue acusado de aportar datos desde el pabellón 4 de Coronda. También le asignaron tareas de inteligencia a Milagros Alvarez. En tanto que a Sergio “Checo” Rivero le asignaron ser un brazo armado para el cobro de deudas.

Nidia Núñez, pareja de Olguín, “resguarda armas y material balístico” al igual que el padre de Bam Bam, Carlos Ernesto Olguín. Franco Daniel "Oreja" Arocha es “otro sicario encargado de ejecutar homicidios encomendados por Olguín”. Franco Valdez “formó parte del brazo armado”. Milton Ponce fue “encargado de ejecutar extorsiones” al igual que Martín Rodrigo Gilli. Y por último Germán Emilio Alaguiber fue acusado como el remisero encargado de trasladar a miembros para cometer delitos.

Las fuentes

Para llegar a ese círculo y al resto de los acusados, la investigación se nutrió de distintas fuentes, tanto de celulares obtenidos en allanamientos como de procedimientos en la calle. Una fue el celular secuestrado el 8 de octubre de 2022 a Michael Carballo luego de tirotearse con la policía en Villa Gobernador Gálvez. En el aparato se encontró evidencia del crimen de Eros Rosales.

>>Leer más: Crimen de Hugo Villán: "Los dueños pagaron la extorsión media hora antes de la balacera"

Otro celular que resultó decisivo se encontró en una requisa al pabellón del ex piloto Julio “Peruano” Rodríguez Granthon, preso en Ezeiza como jefe narco. Se comprobó que un Samzung azul abierto mediante sistema informático de desbloqueo era usado por Avalle. Se encontraron allí alusiones al ataque a Televisión Litoral y cinco extorsiones.

En una causa por extorsiones y amenazas de mayo pasado a una casa de la zona noroeste se llegó a intervenir el teléfono que usaba Olguín en la cárcel de Coronda. En dos requisas del 7 y 14 de junio se secuestraron dos aparatos. Entre numerosas referencias a hechos extorsivos, de esas conversaciones se determinó que fue Olguín quien comenzó a disputar la cuota que pagaba desde marzo de 2021 el dueño del local Burguer House.

“Teníamos que pagar porque si no nos iban a tirotear y lo firmaba la mafia”, contó el comerciante cuando ocurrió el crimen del empleado Villán, padre de cuatro hijos que trabajaba en el frigorífico Paladini y hacía changas como cadete para terminar una refacción en su casa. Desde aquel momento, contó, todos los días 21 se hacía presente en el negocio una mujer que a veces iba sola y otras con un niño de 2 o 3 años, siempre entre las 18.30 y las 19.30. La filmación, según el fiscal Spelta, da cuenta de que era Naomi Sánchez.

El dueño dejó de recibir amenazas hasta el día anterior al crimen. “Hola, necesito hablar con el gerente. Te paso a explicar. Ustedes le pagan por mes a Nicolás Avalle. Ahora yo me voy a ocupar de hacerles ruido para que no le paguen. Ese precio lo tienen a nombre de Los Monos”, le dijeron en un mensaje acompañado por fotos de armas de fuego, un día antes del ataque desde una camioneta que causó la muerte del cadete con un balazo en la cabeza. Después del hecho, un nuevo mensaje le exigía al dueño pagar porque si no se iban a “llevar uno por uno los clientes”. Para los fiscales, fue una maniobra de Olguín, quien le comentó a su pareja que tenía que cobrarle a “la rotisería del gil ese que anoche le mataron al cadete”.

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