Pullaro ratificó denuncia contra dos fiscales por escuchas a su teléfono

El ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, señaló ayer que en el desempeño de los fiscales Roberto Apullán y María Laura Martí, quienes dieron la orden de intervenir su celular, "se ven faltas graves". Lo hizo poco antes de ratificar las denuncias por las escuchas ilegales contra los mencionados fiscales de la ciduad de Santa Fe, quienes podrían ser imputados por faltas graves o mal desempeño de sus funciones. Al respecto, ambos funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) estuvieron ayer frente a la auditora general de esa repartición, María Cecilia Vranicich, en una audiencia que marcó el inicio formal de la instancia de investigación de sus desempeños. Al cabo del trámite, ambos podrán seguir en funciones por el archivo del caso si es que no se encuentran pruebas de la acusación; o llegar a un juicio oral y público que los puede eyectar de sus cargos.

El origen

Los dos fiscales son investigados tras ser apartados de la causa en la que analizaban la conducta del jefe de la Unidad Regional V de policía, comisario Adrián Rodríguez, por supuestas maniobras ilegales en el pago de horas extras (Ospe). En ese marco pidieron a un juez que se intervengan una serie de teléfonos y así detectaron una escucha en la que Rodríguez hablaba con Pullaro, no acerca de las horas extras sino sobre el concurso de ascenso a director general de policía que debía rendir el uniformado y para el cual el funcionario político se ofrecía a hacerle llegar las preguntas o temas que debía responder a fin de garantizarle un buen resultado. Esas escuchas tomaron estado público y así estalló el escándalo.

Ayer, Pullaro señaló que "(los fiscales Apullán y Martí) pidieron la intervención ilegal del teléfono de un ministro y con las conversaciones que se hicieron públicas, creo que con un fin político, pretendieron golpear no a mi persona pero sí al gobierno de Santa Fe".

El ministro agregó que "por ese motivo tomamos dos medidas que fueron aceptadas por la Justicia. La primera fue realizar una denuncia administrativa que fue admitida por la auditora general de Gestión (María Cecilia Vranicich) ".

"En segundo lugar —continuó Pullaro— hice una denuncia penal porque entiendo que fue ilegal la intervención a mí teléfono y fui víctima de un hecho ilícito al no velarse la cadena de custodia. Recordemos que acá se engañó a un juez, se le dijo que no se conocía la identidad del teléfono y se puso mi número en otra causa para que el mismo sea intervenido".

En tanto, en Santa Fe la auditora María Cecilia Vranicich presidió las audiencias en las que comparecieron Martí y Apullán dando inicio formal a la investigación de los funcionarios.

Las acusaciones

Los dos fiscales no presentaron escrito alguno y anticiparon que van presenciar las testimoniales que la auditora les tomará en los próximos días. Al primero le endilgó que ante una decisión del fiscal regional Carlos Arietti incumplió la directiva de remitir las causas que llevaba adelante a un área especial creada al respecto y pese a estar en pleno conocimiento de ello.

Otra acusación refiere al acto procesal de allanamiento y citación a indagatoria del comisario Adrián Rodríguez; una más por haber permitido o autorizado "en ejecución imprudente" el allanamiento a la Municipalidad de Santa Fe en el marco de la causa por desvío de fondos; y, claro está, la de las escuchas telefónicas al ministro Pullaro ocultando al juez a quién pertenecía el teléfono que se iba a intervenir.

En cuanto a Martí, ésta no reintegró las causas reasignadas a la unidad especial creada por Arietti y especialmente fue quien firmó el pedido de intervención del teléfono de Pullaro diciéndole al juez que desconocía la titularidad.

Todo hay que demostrarlo. Para ello Vranicich se abocará a producir pruebas y los fiscales a generar las suyas para desacreditar las denuncias.