Prorrogaron la prisión preventiva de un acusado por un doble homicidio

Un hombre de 36 años continuará en prisión al menos tres meses más como sospechoso del doble crimen de los adolescentes Kevin Andrés Neri y Leonel Bubacar, ocurrido en septiembre último frente a un pasillo de Lima al 2100. Se trata de Claudio Javier M., detenido el pasado 6 de diciembre en Capitán Bermúdez y a quien la jueza Mónica Lamperti le prorrogó ayer por 90 días la prisión preventiva. Por el hecho hay otro sospechoso a disposición de la Justicia de Menores.

Neri, de 16 años, y Bubacar, de 18, fueron asesinados la madrugada del pasado 23 de septiembre. Desde un principio la pesquisa a cargo de la fiscal de Homicidios Marisol Fabbro investigó la posibilidad de que las víctimas hayan sido "entregadas" por una persona conocida que las llevó hasta el lugar donde fueron acribillados desde un auto. Horas más tarde un hermanastro de Bubacar identificado como Joel David V. también fue baleado en la zona pero sólo sufrió heridas leves.

Frente al pasillo

Según comentaron oportunamente voceros allegados a la investigación, cerca de las 0.30 de ese lunes Kevin estaba en la casa de su amigo Leonel, en el interior de un pasillo de Lima al 2100, cuando llegó un conocido que les pidió que salieran de la casa para que fueran a hablar con alguien que los esperaba en la vereda.

Los adolescentes llegaron minutos después al frente del pasillo, a metros del cruce de Lima y Cerrito, y entonces recibieron una ráfaga de unos 15 disparos, tal la cantidad de vainas calibre 9 milímetros que luego se levantaron de la escena. Neri fue alcanzado por balas en tórax, abdomen y brazos. Leonel resultó herido en la cabeza, el tórax, el abdomen y ambas piernas. Un joven vecino que se asomó a la vereda luego de escuchar los tiros y vio a los pibes heridos convenció a otro vecino que es taxista de llevarlos en su vehículo hasta el Hospital de Emergencias donde los adolescentes llegaron ya sin vida.

Sobre los móviles del doble crimen, una de las hipótesis más fuertes fue un conflicto territorial por la venta de drogas. Por esos días las balaceras en las inmediaciones de Lima al 2100 eran habituales.

La investigación se encaminó a partir de establecer que las víctimas habían sido baleadas desde un Peugeot 206. En ese contexto, personal de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) practicó días después, el 3 de octubre, cuatro allanamientos.

Allanamientos

Dos de los procedimientos se realizaron en una vivienda de la zona sudoeste y otro en Esmeralda al 3700, de barrio Tablada, donde fue apresado un chico de 16 años identificado como Lucas M. y sindicado como el conductor del Peugeot 206. En la vivienda se secuestró ese vehículo y otros materiales de interés para la causa. Los otros dos allanamientos fueron en Granadero Baigorria y en Buenos Aires al 600 de Capitán Bermúdez, domicilio de Claudio M.

Dos meses después personal de la misma división de la PDI volvió a la misma cuadra de Capitán Bermúdez, donde finalmente apresaron al sospechoso. Los uniformados lo estaban esperando y cuando el hombre salió de una casa fueron por él. Al notar la presencia policial intentó fugarse y fue perseguido a pie hasta Ferrari al 100, donde finalmente fue detenido.

Por esos días voceros policiales señalaron que Claudio M. tenía una condena en la Justicia Federal por infracción a la ley de drogas, mientras que en la Justicia provincial fue imputado en 2012 de un intento de robo.

Alojado en la cárcel de Piñero, ayer Claudio M. fue llevado a una audiencia en el Centro de Justicia Penal (CJP) para revisar la medida cautelar. Según fuentes judiciales, la fiscal enumeró la evidencia colectada y solicitó la prórroga de la prisión preventiva por el plazo de ley, de hasta dos años.

Sin embargo la defensa a cargo de Enrique Sirio exigió la inmediata libertad del imputado o al menos que se limite a 60 días el plazo de prisión preventiva. El abogado, señalaron los voceros, se quejó de que la Fiscalía no había puesto en conocimiento a la defensa sobre una serie de pericias telefónicas planteadas por la fiscal durante la audiencia, cuestión que fue luego aclarada por Fabbro.

Al momento de resolver, la jueza Lamperti instó a la Fiscalía para que "en lo sucesivo dé cuenta de manera inmediata a la defensa de los datos y nuevas evidencias con las que pudiera contar". Y luego decidió mantener la medida cautelar por otros 90 días, con vencimiento el próximo 5 de septiembre.