Archivo (Sebastián Suárez Meccia / La Capital)
El gobierno de Santa Fe postergó al menos por un año la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Juvenil, que elimina los juzgados de menores y traslada su tratamiento penal a la Justicia de adultos, bajo el argumento de que su puesta en práctica conlleva “numerosas modificaciones que implican impacto presupuestario y reorganización de órganos y entes estatales”, indicaron fuentes oficiales.
El decreto, firmado por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el ministro de Gobierno, Fabián Bastía, posterga por un año la entrada en vigencia del nuevo sistema penal juvenil, según se lee en la norma publicada en el Boletín Oficial de la provincia.
Además, prevé una posible prórroga por 6 meses más, en caso de considerarlo necesario.
La modificación fue realizada por el Poder Ejecutivo a través del veto del artículo 74 del nuevo Código, que establecía su entrada en vigencia en un plazo de nueve meses.
En los considerandos del decreto, el gobierno de Pullaro señaló que el nuevo Código contiene “entre sus previsiones numerosas modificaciones que implican impacto presupuestario y reorganización de órganos y entes estatales para adecuar las estructuras y funcionamientos actuales al nuevo sistema creado legislativamente”.
El nuevo sistema penal juvenil, cuestionado en el parlamento local por trasladar a los menores de 16 a 18 años al régimen de adultos que está en cabeza del Ministerio Público de la Acusación (MPA), fue aprobado por la Legislatura santafesina el 30 de noviembre último, y recibido por el Ejecutivo el 7 de diciembre.
Entre las modificaciones más trascendentales, la nueva norma elimina los Juzgados de Menores y pone las investigaciones de delitos cometidos por menores de 16 a 18 años en manos de los fiscales ordinarios del MPA.
También podrán ser imputados y dictársele prisión preventiva por un plazo de hasta dos años, como a los adultos.
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El senador radical Lisandro Enrico, uno de los impulsores del nuevo sistema procesal penal juvenil, explicó que la norma implica “un marco de responsabilidad penal adecuado, que esté de acuerdo a lo que reclama la gente”.
“Los jóvenes tienen derechos, pero también deben hacerse responsable de los delitos cuando los cometen”, sostuvo tras la aprobación de la ley, que se discutió durante años sin reunir las mayorías necesarias para ser aprobada.
Entre quienes no apoyaron la norma, la diputada Matilde Bruera —que concluyó su mandato el 11 de diciembre— sostuvo que “viola todos los estándares constitucionales y legales de Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal”.
Planteó que la ley “como no puede bajar la edad de imputabilidad (establecida en el Código Penal nacional), no puede establecer un procedimiento penal para los niños y adolescentes no punibles”.
Según Bruera, “lo que tienen que hacer los Estados es evitar que los chicos caigan en situaciones donde infringen la ley penal. Después cuando la infringen y tiene que intervenir el sistema penal, tienen que intervenir jueces especialistas, fiscales especialistas y defensores especialistas”.
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