Una concesionaria oficial de vehículos del barrio de Fisherton fue allanada este martes en el marco de una investigación penal por el supuesto vaciamiento fraudulento de otra empresa en favor de la primera. La pesquisa tiene directo impacto en una causa relacionada con el ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal, que se encuentra detenido desde la semana pasada por corrupción. En un pleito muy controvertido, Serjal avaló el cierre de esa causa penal económica favoreciendo al dueño de la concesionaria. Y 29 días después le compró dos autos 0 kilómetro, lo que implicó que lo denunciaran ante la Legislatura para el inicio de un proceso disciplinario en noviembre pasado.
El allanamiento fue concretado en la concesionaria Autorosario, en Eva Perón al 7800, que es oficial de la marca Toyota en Rosario. Fue ordenado por la fiscal santafesina Mariela Giménez. Esta funcionaria maneja el legajo que fue reabierto, pese al archivo dictado por Serjal, cuando se conoció la novedad de que el empresario denunciado había sido beneficiado, y que pocos días después le había vendido los dos autos a Serjal.
El caso surge de una denuncia formulada por Omar Santero, socio mayoritario de Carrocera Sudamericana, una empresa dedicada a la fabricación de colectivos. Santero señaló allí que por problemas de salud en 2013 incorporó como socio a Rómulo González, empresario que es dueño de Autorosario. Santero denunció penalmente en 2014 a González acusándolo de vaciamiento de su empresa en favor de Autorosario. Adujo que hubo un traspaso fraudulento de capital comercial y financiero, como bonos y certificados de IVA que pertenecían a la carrocera, a la concesionaria. Y que González además utilizó recursos humanos de la primera en favor de la segunda, todo sin contraprestación alguna, medida que terminó en un concurso preventivo de la carrocera.
La denuncia estuvo casi seis años en trámite hasta que el 22 de abril pasado del año pasado el fiscal David Carizza la desestimó ante la idea de que no había delito. Los abogados querellantes del caso, Walter Stramazzo y Gustavo Peirone, apelaron el cierre, en la convicción de que había delito demostrable, y que se habían omitido medidas esenciales que probarían tal cosa. Frente a esto el fiscal regional Serjal confirmó la desesestimación.
Fue entonces que los abogados de Santero se quejaron de nuevo y el fiscal general Jorge Baclini vio que había motivo para abrir la causa. Así lo dispuso el 13 de noviembre pasado. Ocurrió entonces que Serjal, cuatro días después, elevó una nota a Baclini pidiendo él mismo el apartamiento de esta causa. Señaló allí que con posterioridad a resolver que el dueño de la concesionaria no había cometido delito le compró dos vehículos, un Toyota Etios y un Toyota Corolla, ambos en versión full, a esa misma agencia de vehículos.
Baclini valoró que había una transgresión a la responsabilidad ética y de transparencia a la ley que rige el MPA, la 13.013, por varios motivos. La primera es que la fecha en que Serjal inicia sus tratativas con Autorosario en el mes de junio coincide con una causa en la cual esa firma se encontraba directamente interesada en un pleito que Serjal cerró a favor de su dueño denunciado. El Código de Ética del Poder Judicial de Santa Fe establece que a todo funcionario judicial le queda prohibido recibir cualquier tipo de beneficios “ya sea antes, durante o después de finalizado el proceso donde actúen”.
Serjal sostuvo haber comprado legítimamente esos autos con un crédito y con la venta de otros vehículos. Y alegó que no es responsable del archivo de la causa lo que fue decidido por otro fiscal y solo avalado por él.
