Los legisladores pidieron suspender al fiscal acusado

La comisión bicameral de Acuerdos firmó anoche un dictamen por unanimidad en el cual resolvió la suspensión provisoria del fiscal Gustavo Ponce Asahad por 180 días y reducir su salario en un 50 por ciento, a la vez que decidió solicitar a la vicegobernadora Alejandra Rodenas "una urgente convocatoria a sesión conjunta de ambas Cámaras legislativas para que voten ese dictamen". Así lo anunció el presidente de la comisión, el senador Joaquín Gramajo, tras una extensa sesión y después de escuchar las presentaciones realizadas por la auditora general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich, y del fiscal general de la provincia, Jorge Baclini.

En una breve conferencia de prensa tras la reunión que terminó pasadas las 21, el senador Gramajo explicó que "los 180 días de suspensión son el plazo máximo que se puede imponer como sanción" y sobre la reducción salarial en tanto se sustancia la investigación sostuvo que "es lo que fija la ley de forma clara y nos tenemos que manejar dentro del marco legal. No es algo que decidimos arbitrariamente los legisladores. Si hubiéramos hecho una encuesta entre los diez que estuvimos reunidos (ocho en forma presencial) creo que todo hubiéramos preferido que la suspensión fuera sin goce de haberes".

En otro orden, el senador justicialista por el departamento 9 de Julio dijo que "hay también una decisión política de enviar una nota al fiscal general de la provincia y a la Justicia para que sea expeditiva en cuanto a la investigación a fin de tener a corto plazo un resultado sobre la comisión de los delitos sospechados, porque consideramos que la gravedad del caso no solo afecta al Ministerio Público de la Acusación sino a toda la institucionalidad de la provincia".

Al respecto, el legislador rescató la "premura con la cual la comisión bicameral se reunió y decidió la suspensión del fiscal. Nosotros tomamos contacto con el tema el sábado pasado y no pudimos reunirnos el lunes porque tuvimos que darle tiempo a la auditora a que prepare la resolución y la prueba a la cual nosotros debíamos abocarnos. Fuimos muy expeditivos y esperamos que así lo sea la Justicia".

Fuera del sistema

El presidente de la comisión dijo que no se abocaron a considerar la situación del fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, también implicado en la maniobra de cohecho por la que ayer fue acusado Ponce Asahad, "porque al haber renunciado a sus cargos y esa renuncia haber sido aceptada por el gobernador (Omar Perotti) ya no pertenece al sistema judicial, pero se resolvió por unanimidad mencionar su situación particular en la resolución y anexar a ésta toda la investigación que contra el ahora ex fiscal regional llevó adelante el año pasado el diputado rosarino Carlos del Frade (Frente Social y Popular) para que la Justicia actúe en consecuencia".

Para Gramajo la cuestión "es tan grave" que la nota que le elevaron a la vicegobernadora Alejandra Rodenas pide que la sesión conjunta de ambas Cámaras sea "en el menor tiempo posible, 72 horas a más tardar, ya que la sociedad no aguanta más estas cosas", sentenció.

La medida contra Ponce Asahad se conoció tras una reunión de más de dos horas por parte de la comisión de Acuerdos, tiempo en el cual sobre la mesa estuvo en debate si se abría o no la investigación al fiscal cuestionado. Previamente, durante una hora habían escuchado al fiscal general Jorge Baclini y la auditora general María Cecilia Vranicich.

Al salir del cónclave, Baclini anunció que "una mujer será la nueva fiscal regional de Rosario", aunque quiso evitar dar su nombre; mientras que Vranicich dijo a La Capital que "tras la renuncia del funcionario a su cargo y la aceptación de la misma por parte del gobernador, es la comisión bicameral la que deberá decidir los pasos a seguir" y no el organismo que ella conduce.

En ese sentido, explicó los alcances de la ley 13.013 que "estabelce que cuando se remueve a un fiscal la comisión tiene la posibilidad de aplicarle una accesoria de 10 años de inhabilitación, pero en este caso al no tramitarse el procedimiento de remoción eso no sería aplicable".

En lo que respecta a los órganos fiscales "la auditoría ya no puede intervenir en la investigación disciplinaria del fiscal y debe inhibirse para que se aboque a ello la comisión bicameral, pero el fiscal general de la provincia nos ordenó actuar como instructores del sumario administrativo que se le realiza al empleado Nelson Hugolini, que se encuentra vinculado a la causa en la que está acusado el fiscal Ponce Asahad y ese es el camino que seguiremos".

Así las cosas, ayer la comisión abrió la investigación, suspendió provisoriamente a Ponce Asahad y nombró al radical Fabián Bastía como el responsable de llevar adelante la acusación para que en el menor tiempo posible se resuelva si es culpable o no.