Otra banda, otra ciudad y un escándalo mayúsculo

La detención de la hija y el yerno del intendente de Itatí por sus vínculos con el tráfico de estupefacientes que, desde Paraguay llega a Rosario tras su paso por Corrientes, tuvo su escandalosa antesala en diciembre pasado cuando efectivos de la Dirección de Control y Prevención de Adicciones de la policía de Santa Fe realizaron un procedimiento en Goya por orden del juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde. El objetivo era concretar allanamientos y detenciones en una causa relacionada con el tráfico de drogas iniciada un año antes con el secuestro de un cargamento de marihuana ingresado a la provincia por narcos correntinos afincados en esa localidad ubicada en la otra vera del Paraná, episodio que días antes se había repetido al ser interceptada una lancha cargada de droga.

El procedimiento fue encabezado por el jefe de la ex Drogas Peligrosas, José Mario Moyano, quien en medio del operativo fue demorado seis horas por policías correntinos que dijeron actuar por órdenes expresas del gobernador de esa provincia, Horacio Ricardo Colombi. Incluso, el propio mandatario se trasladó 160 kilómetros desde Corrientes a Goya para tratar de impedir que la policía santafesina practicara los allanamientos y detenciones ordenados por Alurralde.

El procedimiento finalmente se hizo y hubo diez arrestados, entre ellos Javier Oscar "Cabezón" López, quien para los investigadores judiciales y policiales santafesinos trafica periódicamente unos 200 kilos de marihuana desde Goya a Santa Fe y Entre Ríos.

Disputa política

En las horas posteriores, el grave episodio desencadenó una serie de declaraciones públicas y acusaciones cruzadas entre el propio Colombi y las autoridades políticas de Santa Fe, incluidos el gobernador Miguel Lifschitz y el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro. Ambos defendieron la legitimidad de la actuación de la policía santafesina en la vecina provincia, que actuó en Goya siguiendo órdenes de un magistrado federal que investigaba a una organización de traficantes. Además, destacaron ambos, actuaron amparados por la ley.

Mientras que el propio Alurralde abrió una causa penal para "que se investiguen todos los hechos que ocurrieron en Goya, que no sólo tuvieron como protagonista al gobernador de Corrientes sino también a la policía de esa provincia y determinar si se cometió algún delito", informó el magistrado federal de Reconquista.